El pasado día 23 de marzo, un día después de las elecciones, el juez Gutiérrez Casillas emitió un auto de imputación por el que 24 personas serán llamados a declarar en calidad de imputados en el caso Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, entre ellos los altos cargos de la Consejería de Agricultura y Pesca(entonces) de la Junta de Andalucía Francisco Ruiz Orta, Carlos Javier Rodríguez Pérez,, Manuel Antonio Cruz-Guzmán López y Julián Martín Jorreto. Todos ellos declararán el próximo mes de junio en el juzgado de instrucción número 16, que es el mismo que investiga el caso UGT y sus desviaciones de subvenciones a gastos sindicales.
Los altos cargos de la Junta desempeñaban los siguientes puestos:
Tomás Martínez Jiménez, Director General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca
Francisco Ruiz Orta, Director General de Regadíos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Carlos Javier Rodríguez Pérez , Jefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales de la Consejería de Agricultura y Pesca
Manuel Antonio Cruz-Guzmán López, Jefe del Departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación Provincial de Agricultura
Julián Martín Jorreto, Jefe de Servicio de Promoción Rural
Según el auto, todos ellos, con la connivencia de dos miembros de la Comunidad de Regantes, el presidente Diego García Santos y el secretario, Juan Rafael Ruiz Cano, maniobraron para ocultar que la concesión de una subvención de más de 40 millones de euros procedentes de las arcas europeas para la modernización de los regadíos no se ajustaba a las condiciones exigidas. Y además en el proceso se cometieron muchos más delitos por los que la fiscalía solcitó la imputación de todos ellos y a su petición es a la que ha accedido el juez.
Son muchos los millones totalmente perdidos y desviados de sus legítimos fines porque la Fiscalía de Sevilla afirma que ninguno de ellos, al menos 40, fueron empleados en modernizar las infraestructuras de riego que era el fin prefijado. El proyecto que lo justificaba, presentado por la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, estuvo lleno de irregularidades desde la tramitación de la subvención a la adjudicación de las obras. La Fiscalía, que no quiere que prescriban los delitos, encuentra 24 implicados.
La Fiscalía pidió además la imputación de ocho miembros de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir –entre ellos su ex presidente Diego García– y de los responsables de las empresas que recibieron la adjudicación de las obras, Befesa Construcciones y Construcciones Alpi. Por si fuera poco, pese a que los responsables fueron advertidos, "no comunicaron estas irregularidades" y extendieron una acreditación en la que "se certificaba falazmente".
La acusación que pesa sobre todos ellos, es el desvío millonario de una subvención que concedió en 2004 el desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) destinada a cubrir el 60% de un proyecto de modernización de los regadíos de esta comarca sevillana, que tenía un presupuesto total de 66,6 millones. Pero las obras nunca se hicieron y el dinero ha desaparecido por lo que la Fiscalía aprecia tres presuntos delitos: falsedad en documento oficial por funcionarios públicos, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Es tan grave el caso que la Fiscalía subrayó que la directiva de la comunidad de regantes simuló cumplir los requisitos exigidos para acceder a la subvención pública falsificando un documento oficial para acreditar que la comunidad contaba con medios financieros y que había celebrado una asamblea general –preceptiva– para aprobar la aceptación de la ayuda. Luego siguió el amaño de un concurso para adjudicar las obras, primero adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Teconsa, Elecnor, Meci y Tegner y, luego, tras ser anulada esta decisión a otra UTE, compuesta por Befesa, filial de Abengoa y Alpi, con la que, dice la Fiscalía, los directivos de los primeros adjudicatarios acordaron repartirse los beneficios mediante un pacto secreto.
Recuérdese que Libertad Digital informó hace más de dos años del principio del caso y que hace dos meses la Oficina Antifraude de la UE (Olaf) reflejó en un informe los indicios de delito en la gestión de la subvención. La Olaf escribió "graves irregularidades" en el expediente, certificaciones falsas por valor de 2.946.154,05 euros y trato de favor a empresas que nunca debieron ser las adjudicatarias.