La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, lo tiene claro: "no procede" plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque el Tribunal Supremo ya ha sentenciado en firme que no se pueden descontar en España las condenas que los etarras cumplen en países vecinos como Francia.
De esta forma, el Ministerio Público es contrario a la postura que defienden miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional partidarios de, "ante la duda", plantear una cuestión prejudicial de urgencia ante el Tribunal de la Unión Europea, en Luxemburgo, en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre cómo aplicar la Decisión Marco de 2008.
En contraposición, la Fiscalía sostiene en su informe, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "que las posibles dudas interpretativas que pudieran suscitarse a este respecto han sido resueltas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máximo órgano de jurisdicción ordinaria" por lo que cabe desestimar las peticiones de los miembros de ETA.
Lo cierto es que el Alto Tribunal sentenció en un pleno jurisprudencial el pasado 13 de enero que no se pueden descontar las penas a los etarras que fueron condenados a períodos de reclusión en cárceles francesas atendiendo a la Decisión Marco del Consejo de Europa.
En aquel fallo el Pleno del Supremo dejó claro que la casación que se resolvió en ese momento- se desestimó el recurso del etarra Kepa Picabea- tenía un "alcance que trascendía del caso concreto" ya que se "homogeneizaba la interpretación de la ley".
Pese a que el Supremo ya sentó jurisprudencia con aquella decisión, se da la circunstancia que de hay magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional –que liberó a la etarra Carmen Guisasola por la Decisión Marco- y de la Sección Primera –que excarceló de forma polémica a los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola, decisión revocada por el Alto Tribunal- que tienen intención clara de acudir al Tribunal de la Unión Europea al no haber quedados satisfechos con el fallo del TS y al entender que debe ser Luxemburgo el que señale cómo se debe interpretar el derecho comunitario.
No hay duda: el Supremo ya se pronunció
Tal y como informó este periódico, el conocer estas intenciones el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Fernando Grande Marlaska, decidió que debía ser el Pleno –compuesto por 19 magistrados- el que aborde una cuestión de tanta importancia puesto que hay más medio centenar de miembros de ETA que han solicitado a los tribunales españoles que se les descuente los años que han permanecido en prisión en Francia.
En esa sesión plenaria, que se celebrará después de Semana Santa, los magistrados estudiarán el dictamen de la Fiscalía que sostiene que los tribunales "tiene obligación de respetar el pronunciamiento judicial adoptado por el Tribunal Supremo en vía casacional, siendo la jurisprudencia clara en este punto, por lo que no procede plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE".
No en vano, el fiscal recuerda que el Código Civil establece que "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales de derecho".
Por su parte, "los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido", subraya el Ministerio Público en su escrito.