Controles sobre Sanidad, Educación, asociaciones y otros

El PSOE ha ocupado todos los órganos vitales de la sociedad andaluza.

El resultado de los treinta y tres años de gobiernos socialistas ha sido la edificación de un régimen político cuya característica principal es la dominación de un solo y único partido mediante la ocupación de los órganos vitales de la sociedad andaluza. ¿Ha ocurrido en la educación, en la sanidad y en las asociaciones ciudadanas lo mismo que en la Administración autonómica, los ayuntamientos, las cajas de ahorros, los medios de comunicación o en los empresarios y en los sindicatos?

Pinceladas en Sanidad: primeros pasos

Cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía encontró en 1989 65.000 millones de pesetas sin justificar en la sanidad andaluza, Felipe Alcaraz, portavoz de Izquierda Unida, tildó estas irregularidades de "ilegales, escandalosas y tercermundistas". Alcaraz se refirió a esos casi 65.000 millones de pesetas como "un agujero" en las cuentas de la Consejería de Salud, que incumplía la Ley de la Hacienda Pública. El Consejero Mayor de la Cámara era el socialista José Cabrera Bazán.

Entre sus conclusiones, afirmaba que el descontrol sobre el personal existente en la Consejería de Salud y el SAS era no la excepción sino la norma. Incluso afirmaba que en el año 1989 "no existía una plantilla orgánica del SAS" e, incluso, que "los sistemas de registro e información disponible no garantizan el conocimiento exacto y pormenorizado del personal del SAS".

Era legítimo suponer que el procedimiento seguido en la sanidad andaluza respecto al personal es el mismo que se ha seguido en la Función Pública en general. Esto es, nombramiento a dedo, vía directa o vía libre designación, del mayor número de cargos posibles eludiendo las pruebas de acceso transparentes, basadas en el mérito y la capacidad y en igualdad de condiciones como marca la Constitución (incluso los cargos intermedios de los hospitales), nombramiento arbitrario de eventuales e interinos y finalmente pruebas ad hoc para dejar consolidados a quienes ya se había conseguido colocar dentro de la Administración sanitaria, dotándolos de una "mochila" de puntos y ventajas respecto a los que no tenían experiencia previa en la sanidad andaluza.

De hecho, Alianza Popular, públicamente, denunció estos hechos en 1988. Uno de sus diputados solicitó formalmente al Parlamento andaluz que le fuesen remitidas todas las plantillas del Servicio Andaluz de Salud, por entender que en éstas se producían demasiadas "casualidades y coincidencias" de apellidos con altos cargos de dicho organismo y de multitud de casos de personal contratado, interinos o funcionarios que tenían vinculaciones familiares, de amistad personal, de afiliación al Partido Socialista e, incluso, al parecer, relaciones de otro tipo. Pero no se abrió ninguna investigación.

Durante años, las "gerencias" de los hospitales fueron silenciosamente ocupadas por personal afín al PSOE. El silencio fue absoluto y la ocupación se fue consolidando. Sólo algunas voces se oyeron en tamaño desierto. Por ejemplo, en el hospital sevillano de Valme se contrató a dedo a una licenciada en Derecho y uno de los auxiliares del hospital, que era también licenciado en Derecho, se paseó por el centro sanitario con su título colgado del cuello en protesta por este "intrusismo enchufista".

En la residencia Virgen del Rocío de Sevilla se contrataron a dedo a doce técnicos. En el Hospital de Valme, a diez técnicos. El coordinador de informática del Valme era un licenciado en Historia con plaza de celador.

A finales del mismo año de 1988, incluso los Médicos Internos y Residentes protestaron ardientemente contra el enchufismo estructural de la Junta de Andalucía. En 1992, UGT decidía presentar recurso de alzada contra la convocatoria y posterior selección de personal para cubrir las plazas de los Equipos de Emergencia de Sevilla. El sindicato había detectado una serie de irregularidades, con acusaciones de presunto amiguismo y enchufismo en la selección de personal.

A finales de 1995, el gran periodista e incansable luchador contra el incipiente régimen socialista, Manuel Barrios, hacía un resumen de la situación sanitaria andaluza: "Comisiones Obreras denuncia al delegado de Salud de Granada 'por corrupción y enchufismo', el SAS gasta doscientos millones en unas 'tarjetas sanitarias' que luego no sirven para nada y el Colegio de Enfermería de Córdoba se querella contra altos cargos del SAS por prevaricación. El Servicio da cita a los pacientes con alergias para dentro de cuatro años como mínimo, el número de pacientes andaluces en listas de espera se eleva a los cien mil, y el SAS adeuda a los proveedores doscientos mil millones de pesetas".

Libre designación escandalosa

En los últimos años, hasta la Justicia, muda casi siempre, ha tomado cartas en el abuso, por ejemplo, de la libre designación en la sanidad. Desde 2007 a 2009, en sólo dos años, los puestos de libre designación se incrementaron un 17 por ciento en toda la Junta de Andalucía. En 2009, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo confirmaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2004 y anulaba una orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía sobre provisión de cargos intermedios en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud mediante el procedimiento de la libre designación.

Ya en 2001 el propio Tribunal Supremo anuló una orden de la consejería andaluza sobre designación de cargos intermedios porque, estando vigente el sistema de concurso, el SAS optó por la libre designación sin previa negociación.

La eventualidad o interinidad como sistema

El sistema de designación no reglada, se diga o no, es el sistema que se aplica a todo tipo de nombramiento interino o eventual. Nunca se han hecho pruebas para contratar eventualmente a ningún trabajador del SAS. Lo que ha pasado, al igual que en el caso de la Administración Autonómica, es que la eventualidad ha pasado de ser algo "eventual" a ser algo "estructural" del sistema. Primero, del todo a dedo, luego, desde las bolsas de trabajo.

Hasta tal punto debió utilizarse esta vía que en 1998 existía la Asociación Sindical de Trabajadores Interinos de la Sanidad Andaluza que impugnó una oposición en ese año para 10.000 médicos, impugnaciones que fueron constantes desde los años 80. ASTISA, que motejó a Chaves como el "interino de oro", denunció irregularidades que hacían sospechar parcialidad y tratos de favor en la convocatoria.

A finales de 2008, según un informe de ABC que bebía en fuentes oficiales, cinco mil trabajadores del SAS eran eventuales, entre ellos 1.138 médicos especialistas (que iban desde intensivistas, psiquiatras, alergólogos, oncólogos a cardiólogos, etc.); 713 médicos de familia, 70 pediatras, 998 ATS(1.990 según SATSE), 470 auxiliares de enfermería 284 celadores, 725 auxiliares administrativos 123, técnicos de laboratorio y 102 de radiodiagnóstico.

Incluso cuando había pruebas, estas no eran de fiar. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios de Cádiz denunciaba en 1989 una serie de irregularidades en las oposiciones que habían tenido lugar para cubrir la plaza de administrador del Hospital Psiquiátrico de El Puerto, a partir de las cuales accedió al cargo Rafaela Verdier Mayoral[10], en detrimento de otros aspirantes, por haberse computado de forma ilegal méritos que esta beneficiada no tenia en el momento de la convocatoria. Responsabilizaron de ello al luego famoso Antonio Fernández, entonces vicepresidente de la Diputación y luego consejero de Empleo implicado en el caso de los ERE.

Falsa contabilidad y corrupción

Con motivo del caso Guerra, Pedro San José, ex jefe de gestión y demanda del Servicio Andaluz de Salud, puso al descubierto en su declaración ante el juez del caso Guerra, toda una oscura trama de corrupción e irregularidades relacionadas con la sanidad andaluza que alcanzaba la cifra de más de 4.000 millones. San José llegó a decir que todas estas irregularidades tenían como denominador común el pago de una comisión del diez por ciento sobre las adjudicaciones de material sanitario para el aparato del PSOE en Andalucía, aunque en algunas ocasiones, no se puede descartar que fuera a bolsillos privados.

Podría pensarse que aquello fue una tormenta pasajera y una enfermedad curada por el PSOE, pero el informe de la Cámara de Cuentas de diez años más tarde, 1998, ratificaba el enorme caos contable en el que estaba envuelta la sanidad andaluza. En concreto, el informe auditor había descubierto un desfase de mil millones de pesetas en los conciertos sanitarios del SAS sólo en la provincia de Cádiz, sólo en un año y sólo en lo referente a la contratación de ambulancias privadas para el traslado de enfermos.

El control de la educación

Muchos creen que fue la asignatura Educación para la Ciudadanía el primer paso para la ocupación de la enseñanza andaluza en todos sus niveles, sobre todo el ideológico. En realidad ha sido el último. Desde el principio, el PSOE andaluz hizo pivotar su estrategia educativa en tres columnas:

a) la arbitrariedad contractual de personal para promover a los afines a los cargos y puestos,

b) el adoctrinamiento "progre" como elemento sustituyente del adoctrinamiento del régimen franquista y

c) lo que llama algún experto en la trayectoria socialista en educación "la entropía social": la tendencia a igualar a la baja los diferenciales intelectuales y éticos de los individuos, táctica imponente que sirvió para ganar votos entre los enseñantes menos cualificados pero más numerosos

En realidad, son las tres mismas columnas utilizadas por el PSOE en toda España.

Para conseguir los objetivos, usaron especialmente los siguientes tres instrumentos

1º.- El Boletín Oficial. Es decir, plasmaron en normas jurídicas (Leyes y Reglamentos) un modelo que comenzó con lo que denominaron "la reforma" y la "experimentación de la reforma"; a eso siguió la LOGSE y en otra vuelta de tuerca la LOE. Todos ellos y algunos más intercalados, son modelos que consagraron un alto grado de adoctrinamiento en la ideología "políticamente correcta", esto es, la del partido socialista gobernante; en la intolerancia hacia quienes no la profesan, la desvalorización del esfuerzo, de la responsabilidad, de la memoria, de la excelencia y del conocimiento mismo de los hechos básicos y la promoción del relativismo ético y el pragmatismo (gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones) alejados de la experiencia moral familiar habitual.

2º.- La reforma de la Función Pública Docente. De acuerdo con el plan general, se trataba de la ideologización de los cuerpos docentes y de su igualitarismo, a la baja, construyendo un único cuerpo docente. Una gran masa de maestros - la mayoría de ellos no tenían ni el bachiller superior- acogió con agrado el proyecto. Y, efectivamente, fueron y son los únicos beneficiados.

Además y por ello, se liquidaron los más prestigiosos y profesionalizados cuerpos docentes; sobre todo el de catedráticos de Instituto, y crearon una estructura funcionarial que, aunque formalmente diversa orgánica y funcionalmente, pretendía de facto ser unitaria e igualitaria.

También se liquidaron los profesionalizados y prestigiosos Cuerpos de Inspectores. Por un lado, se hizo lo que con los demás cuerpos: unificarlos. Por otro, después de garantizarse un sistema de acceso clientelar se trató de convertir la inspección educativa en un comisariado político para el control no sólo del profesorado sino de toda la comunidad educativa. El régimen consolidaba así una especie de policía política en el sistema educativo. Ese es el papel que hoy, aquí, cumple la inspección educativa, stablishment copado, con algunas excepciones, por militantes socialistas pero sometido al régimen jerárquico que la hace depender del PSOE, partido gobernante.

Precisamente una de las maneras de entender qué pasa en la educación andaluza es acudir al más reciente de sus proyectos, la nueva Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, controlada casi totalmente por socialistas o afines al PSOE.

3º.- La infiltración en la sociedad civil. Del control de la legalidad y de su vigilancia, derivó el control de todas las instituciones de participación social en la gestión de la educación. Fundamental e inicialmente, se intervino en los consejos escolares de todos los niveles; en las asociaciones de padres y en las instituciones docentes privadas (en estos dos últimos casos, por la vía del presupuesto) y, cómo no, en las organizaciones sindicales afines.

Pero, por poner un ejemplo de los muchos que podríamos reunir en el caso de la presión sobre las asociaciones escolares, expongamos el control de la educación en la localidad sevillana de Huévar, de alcalde socialista. A la vista de que no podría controlar el colegio del pueblo ni sy Consejo Escolar, el alcalde Rafael Moreno, incorregible miembro del equipo provincial del PSOE que dirigía todavía el ex consejero imputado José Antonio Viera, decidió dar un golpe de mano y sin más introdujo a ocho miembros de sus afines entre los candidatos dispuestos a ser elegidos.

La victoria del PSOE en 1982 en toda España tuvo como resultado el más llamativo intento de controlar la educación y ese control se entendía ligado por supuesto a la labor inspectora.

En la primera legislatura en Andalucía, el PSOE pretendió seguir una línea de máxima coherencia ideológica con la antigua aspiración del Cuerpo Único de Enseñantes, expresada en 1918 por Lorenzo Luzuriaga y enarbolada por las llamadas Alternativas a la Educación a mediados de los 70. Por ello La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP) de 1984 pretendió el desmantelamiento de los cuerpos de inspección existentes en ese momento en la Enseñanza Primaria, Enseñanzas Medias y Formación Profesional, y la aparición de un concepto nuevo en el panorama administrativo español: La Función Inspectora. Se trataba de cargarse el Cuerpo de Inspección Educativa.

El proceso fue claro y rotundo.Desde 1982 se nombran inspectores extraordinarios en provincias Andaluzas ya que las últimas oposiciones a Inspección se convocaron en 1979 y las vacantes que se iban produciendo en las plantillas provinciales dificultaban la prestación de los servicios. El PSOE tenía definido un modelo de inspección y no estaba por realizar convocatorias de oposiciones, sobre todo cuando se preparaba un cambio en el modelo de inspección.

Establecieron dos tipos de Inspectores: unos de Control y Evaluación y otros dedicados al Asesoramiento. La labor de fiscalización "ideológica" estaba diseñada para favorecer el adoctrinamiento de profesores y alumnos y señalar el camino de la promoción profesional a los afines.

Extremadamente clarificador fue el procedimiento que se siguió en Andalucía para la selección de la primera y única promoción de docentes para el desempeño de la Función Inspectora. Se inició el procedimiento en 1987 y se terminó en 1991, y estuvo plagada de irregularidades y anomalías. Una de ellas residió en cómo se aplicaban las evaluaciones a los interesados, sometidos en todo momento al criterio de la autoridad educativa.

Eso sí, en 1994, tras la ocupación inmisericorde de la inspección educativa por parte del PSOE y sus afines, se hizo una leve autocrítica y se volvía a contemplar el concurso oposición y una inspección más profesional. Pero aún no está resuelta la cuestión de una inspección profesional y no polítizada.

Enchufismo e irregularidades tempranas

En fecha tan temprana como 1984, ya se denunciaba lo siguiente:

• Los coordinadores para la Educación Permanente de Adultos (EPA) se nombran "a dedo", sin que las plazas salgan a concurso público.

• Los profesores para la EPA se nombran directamente sin que se publique el baremo establecido para la valoración de los méritos aportados por cada solicitante.

• Los inspectores extraordinarios de EGB se han nombrado sin atenerse a las bases de la convocatoria.

• Las "comisiones de servicio" se han concedido de forma arbitraria, sin tener en cuenta la actual reglamentación.

Los convenios de EPA entre los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía están permitiendo que algunos alcaldes nombren profesores a su antojo.

Las malas costumbres de la contratación de interinos, en lugar de realizar adecuadamente oposiciones regulares y ajustadas conducía al enquistamiento de unos interinos a los que se había prometido de todo, menos el cumplimiento constitucional de la igualdad de derechos en el acceso a la función pública para todos.

Dos palabras sobre el modelo universitario

En un artículo publicado en El País en 2006, un grupo de profesores entre los que se encontraba el catedrático de Física sevillano, Luis Rull, hacía un análisis de la situación de la Universidad española, que resumía y aclaraba la situación de la universidad andaluza.

"Para que la universidad cumpla con su papel como motor del desarrollo, debe seleccionar a los mejores profesores en base a criterios de excelencia docente e investigadora. Por desgracia, en nuestro país los profesores universitarios se seleccionan con demasiada frecuencia por procedimientos poco transparentes, donde amiguismo y enchufe pesan sustancialmente más que la investigación y la docencia", comenzaba el artículo.

Desde hace décadas la selección de catedráticos se ve, no pocas veces, alterada por un sistema de padrinazgo, amparado en una estructura de áreas de conocimiento que establece una red de intercambio de favores entre catedráticos y a los aspirantes les sale más a cuenta "buscarse un padrino" que buscar la excelencia docente e investigadora.

Dicho más claro ni los tribunales de selección han estado ni sus decisiones han sido totalmente transparentes. En el proceso de selección de profesores en cuanto a su capacidad científica, existe un sistema aceptado internacionalmente que permite valorar la calidad de su trabajo. Los científicos tratan de publicar sus investigaciones en las mejores revistas internacionales de su especialidad. La calidad de una revista científica se mide por un número llamado "índice de impacto". Pero los editores sólo publican los mejores manuscritos que reciben, rechazando los demás tras un complicado proceso de evaluación en que el anonimato garantiza el juego limpio.

Sobre la tela de araña en asociaciones de vecinos

Un solo ejemplo: en 2006, publicó ABC de Sevilla que el alcalde socialista de Sevilla, con fondos del Ayuntamiento, había pagado los gastos del "Vespino" e incluso los gastos de la transferencia de la motocicleta a Manuel Gómez Lobo, entonces presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad. Luego, Gómez Lobo fue concejal y delegado de Vía Pública del gobierno socialista que dominaba el Ayuntamiento de Sevilla, con la complicidad de Izquierda Unida.

ABC continuaba abundando en las relaciones que sostiene esta Federación de Vecinos y el alcalde Monteseirín y el PSOE:

- el que fue presidente, Manuel Gómez Lobo, fue luego concejal de Sevilla por el PSOE
- el director de área de Gómez Lobo en su concejalía fue Enrique Castaño, su mano derecha en el Ayuntamiento, y secretario de Organización de la agrupación socialista de La Macarena(caso de las facturas falsas)
- la esposa de Castaño trabajaba como abogada de la Federación de Vecinos La Unidad.
- el presidente de Federación La Unidad que antecedió a Gómez Lobo, Juan José Conde, fue asesor del alcalde Monteseirín.
-Tras él, asesoró al alcalde el ya famoso Ángel Cervera, responsable de la emisión de facturas falsas y perteneciente al "Clan Cervera" cuya dimensión y envergadura puede comprobarse.
- La mujer de Cervera, Ángeles Nevado, militante del PSOE y trabajadora de la Diputación de Sevilla(Sevilla Siglo XXI), fue presidenta de la Federación tras Gómnez Lobo y participó asimismo en subvenciones irregulares.

ONG´s: un caso paradigmático

Durante años, la clave del control sobre las ONG´s fue Manuel Martínez Ocón,de Equipo Solidaridad Internacional Andalucía, hoy llamada meramente Solidaridad Internacional Andalucía, parte de otra organización mayor de escala nacional que comanda el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray.

Equipo Solidaridad Internacional de Andalucía, ingresaba casi 3,5 millones de euros anuales procedente en su inmensa mayoría de las instituciones gobernadas por el PSOE. La Fundación adherida manejaba casi dos millones de euros, según su Memoria de 2008.

Ocón podia disponer de dos puestos en la Coordinadora Andaluza de ONG´s, pieza clave para el control socialista del movimiento civil de ayuda al desarrollo y solidaridad. El propio Martínez Ocón presidió esta coordinadora durante años . Un catedrático universitario de Sevilla, Bertrán Roca, en un trabajo titulado "Entre la competencia y la cooperación: la construcción de redes entre las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en Andalucía" donde ser ponía de manifiesto la hostilidad impulsada desde las ONG vinculadas a la izquierda hacia las vinculadas a la Iglesia Católica.

La Cámara de Cuentas andaluza interviene

Sobre una de sus ONG´s, la Cámara de Cuentas de Andalucía recogió en su informe "SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A "SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA" INCLUIDA EN EL INFORME SOBRE SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS Y A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" que la ONG no justificó 73.255 euros(casi 15 millones de pesetas) de los 1,5 millones recibidos como ayuda y que el reintegro de lo no justificado está pendiente. La presidenta de honor de esta ONG andaluza era la bailaora Cristina Hoyos. Luego se supo que muchos de los recibos aportados para la justificación de los gastos estaban en kurdo.

El mundo del flamenco y el baile

'Hay una serie de artistas que están beneficiados con el dinero público' debido a que 'ponen la mano' y tienen 'amistades' con los dirigentes políticos". No lo había dicho el Partido Popular sino José Cortés Jiménez Pansequito, portavoz de los artistas concentrados que protestaban hace seis meses por la discriminación de que han sido objeto por parte de la Junta de Andalucía.

A la concentración acudieron, entre otros, las bailaoras Manuela Carrasco y Aurora Vargas, los cantaores José el de la Tomasa, Calixto Sánchez y Chiquetete, y la cineasta Pilar Távora. Es la punta de un iceberg, cuyas entretelas merecerían ser investigadas a fondo.

Libertad Digital contó en marzo de 2009 que la presidenta del PSOE de Andalucía y ex Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, autorizó que la Plataforma Digital de Música de Andalucía, un proyecto empresarial que pretendía exportar y poner en primer plano la música que se realiza en la comunidad andaluza, fuese gestionada por una empresa privada.

La empresa era propiedad de Antonio de Paula Navarro del Pino, marido de su directora general de Industrias Culturales y Artes Escénicas de su Consejería, Ana María Navarro Navarro, y a cuya empresa, Tikitom Música de Andalucía, SL se le habían otorgado cuantiosas subvenciones de la propia Consejería, según testimonio público del socio del marido de la directora general, Antonio Blanco Martín, que también fue concejal del PSOE en Antequera, localidad de nacimiento de la Consejera Torres. El hijo de la consejera trabajaba además en la empresa.

Después se supo que Gitanos de Jerez,SL, empresa vinculada a Tikiton a través de Luis Pérez Pérez, recibió un préstamo del "fondo de reptiles" gestionado desde la Consejería de Innovación de la Junta por importe de 64.596 euros, préstamo que no ha sido pagado.

Como dice ABC, fue un "crédito" a fondo perdido. La firma nunca devolvió el dinero que le prestó este ente de la "administración paralela" de la Junta.

Es bien curioso que la empresa Gitanos de Jerez, SL ya estaba inactiva en 2003 y sin embargo, el préstamo data de 2007. Ahora se ha sabido que la Junta de Andalucía se lo perdonó a cambio de recibir fondos audiovisuales, gráficos, documentales y escenográficos que poseía la compañía fundada a principios de los noventa por el guitarrista Manuel Morao, patriarca actual de una conocida saga de tocaores de la ciudad gaditana. Pero resulta que Rosa Torres aceptó la donación de esos bienes ¡¡¡en 2006!!!, un año antes de la concesión del préstamo. El olor a montaje es nauseabundo.

El préstamo condonado a Gitanos de Jerez SL es un ejemplo ilustrativo de la falta de control con la que se repartían los fondos.

Museo del baile flamenco: una historia indicativa

A finales de 2009, Cristina Hoyos ponía a la venta el Museo del Baile Flamenco por un precio de 5.997.000 euros a través de un anuncio en la página web 'idealista.com', que contaba con un informe y un vídeo donde la propia bailaora explica las prestaciones y características de la casa-palacio que alberga el museo. El proyecto supuso un capital de 5,1 millones de euros y recibió 881.459 de euros de subvención por parte de las administraciones públicas. Pero si otros museos de Sevilla incluido los más relevantes, eran y son de acceso gratuito, no era gratuito el de Cristina Hoyos que cobraba 10 euros por la entrada.

El portavoz de Cultura del PP en el Parlamento andaluz, Antonio Garrido, criticó el "magnífico negocio" del Museo del Flamenco, propiedad privada de la directora del Ballet Flamenco de Andalucía, Cristina Hoyos, a la que reclamó la devolución de las subvenciones y exigió a la Junta de Andalucía la apertura de una investigación.

Según indicó una nota de prensa, Garrido ya reprochó en otras ocasiones el "trato de favor" que las Consejerías de Cultura y de Innovación, así como el Ayuntamiento de Sevilla, han dado desde 2006 a una de las artistas del "club de beneficios asegurados" y de las más implicadas en la defensa de la política socialista.

La Junta de Andalucía no tuvo más remedio que decir que pedir a la bailaora Cristina Hoyos que devolviera la subvención de 537.000 euros que le concedió a principios de 2007 si cerraba el Museo tras la venta del inmueble en el que se ubica en el barrio de la Alfalfa.