El Tribunal Supremo (TS) sentenció en un pleno jurisprudencial el pasado 13 de enero que no se pueden descontar las penas a los etarras que fueron condenados a períodos de reclusión en cárceles francesas atendiendo a la Decisión Marco del Consejo de Europa. Con este fallo, se evita acortar las condenas a más de cincuenta miembros de ETA.
Contra la decisión de la mayoría del Pleno del Alto Tribunal seis magistrados -Cándido Conde Pumpido, Alberto Jorge Barreiro, Ana Ferrer, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Joaquín Giménez- firmaron un voto particular conjunto muy duro donde señalaron que estábamos ante una nueva "doctrina Parot" –donde se daría un varapalo a la justicia española- y que "ante la duda" sobre cómo aplicar la Decisión Marco de 2008 lo lógico era plantear una cuestión prejudicial de urgencia ante el Tribunal de la Unión Europea, en Luxemburgo, en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Dicho artículo señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, "con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión".
Ahora, ante la negativa de la mayor parte de magistrados del Tribunal Supremo para ir a Luxemburgo –nueve jueces votaron en contra- será la Audiencia Nacional la que estudiará en Pleno si se debe plantear o no dicha cuestión prejudicial.
Marlaska avoca a Pleno
Según ha podido saber Libertad Digital, magistrados de la Sección Tercera de este tribunal –que liberó a la etarra Carmen Guisasola por la Decisión Marco- y de la Sección Primera –que excarceló de forma polémica a los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola, decisión revocada por el Supremo- tienen intención clara de acudir al Tribunal de la Unión Europea al no haber quedados satisfechos con el fallo del TS y al entender que debe ser Luxemburgo la que señale cómo se debe interpretar el derecho comunitario.
Al conocer estas intenciones el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Fernando Grande Marlaska, decidió que debía ser el Pleno –compuesto por 19 magistrados- el que abordé esta cuestión de gran importancia puesto que hay más medio centenar de miembros de ETA que han solicitado a los tribunales españoles que se les descuente los años que han permanecido en prisión en Francia.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que lo más probable es que el Pleno donde se aborde esta cuestión se celebre después de Semana Santa puesto que hasta la semana que viene no finaliza el plazo de alegaciones dado a las partes.
De momento, la Audiencia deberá continuar aplicando el criterio sentado por el Supremo que impide excarcelar a más etarras.