En 2013, el PSOE denunció la discriminación que el gobierno del PP practicaba con sus medios afines en el reparto de la publicidad institucional. De ser cierto, es condenable. Pero el PSOE ha practicado la misma discriminación sobre los medios andaluces no afines desde 1982. Por ejemplo, en 2011, ABC volvía a denunciar al gobierno de José Antonio Griñán por la misma razón que en 1987, cuando logró la condena del gobierno de José Rodríguez de la Borbolla y del ex alcalde socialista Manuel del Valle por no tenerlo en cuenta en al reparto de los dineros de este tipo de publicidad. Naturalmente, el dominio de los muchos millones que se destinan a ese fin ejerce una presión trascendente en los medios de comunicación y, según sea o no su "sumisión" ante los objetivos de sus detentadores, se distribuyen de un modo u otro. En Andalucía, el único partido del gobierno desde 1982 ha sido el PSOE por lo que es responsable de lo ocurrido con estos dineros.
La publicidad institucional es, pues, uno de los medios por los que el poder socialista andaluz, el llamado "régimen", ha tratado de condicionar la libertad de expresión de los medios de comunicación andaluces. Pero ha habido otros medios:
a) Se fundan o se compran tales medios
b) Se introducen personas en sus sociedades anónimas o sus plantillas, afines a los credos partidistas que profesan.
d) Si son públicos, se utiliza el dinero público que los sustenta no para defensa del interés general - la pluralidad -, sino para la defensa del interés propio – el monolitismo-.
Por poner un ejemplo de entrada, escandaloso y partidista, El País ha sido el diario único de referencia, gratuitamente distribuido en los centros educativos andaluces de enseñanza secundaria y lo de adultos durante muchísimos años. Bien diferente ha sido el comportamiento de la Junta de Andalucía con otros periódicos andaluces como ABC, Diario 16, o El Mundo. En el caso de ABC, por ejemplo, fue dejado fuera del reparto de esta publicidad en 1987, motivo por el que la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla fueron condenados por el Tribunal Supremo en 1987.
Dos años más tarde la Junta volvió a ser condenada por el mismo motivo. En 2008, se denunció la exclusión de la COPE, El Mundo y ABC de determinados repartos de dinero para publicidad institucional. Pero por ejemplo en la relación obtenida en el Boletín Oficial de la Junta desde 2006 a 2008, los grandes beneficiados fueron los grupos amigos, el de El País y el Grupo Joly, propietarios ya de la mayoría de los diarios provinciales y locales andaluces y cómo no, el grupo El Correo de Andalucía, entonces controlado directamente por el PSOE y luego propiedad del grupo Gallardo, vinculado al PSOE de Extremadura.
Tras la marcha de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, Griñán consintió una cierta justicia en la distribución de la publicidad institucional en la Consejería de Turismo, con la consejería de Presidencia la que más recursos tiene para este fin. De hecho, en 2011, incluso el grupo Vocento y Unidad Editorial entre otros se benefician abiertamente de estos dineros. No obstante, los últimos datos publicados muestran cómo la publicidad institucional de la Junta se sigue volcando, no según criterios objetivos de audiencia y penetración, sino según los intereses partidarios del PSOE andaluz, muy especialmente el grupo Prisa, la Ser y el grupo Joly.
La penetración socialista en la prensa escrita
Conocedor de que los andaluces leen más bien poco(diez puntos por debajo de la media nacional según el INE), la apuesta fundamental del PSOE en Andalucía nunca fue la prensa escrita, aunque ha intentado ejercer una influencia decisiva en ella de diversas maneras. Primero, organizando un grupo propio y finalmente, ejerciendo un control discreto sobre otros grupos, como el grupo Joly y el grupo Publicaciones del Sur, a lo que hay que sumar la "simpatía" tradicional del grupo Prisa o su relación con el grupo Moll.
La prensa de partido, que tenía en "El socialista" su referente puntero en la izquierda socialista, dejó de ser bien pronto un instrumento de influencia certera y sistemática. Por ello, el PSOE inició, la operación de "conquista" de los medios de comunicación heredados del franquismo. La crisis económica heredada durante la transición y probablemente una gestión poco excelente, situó a muchos medios escritos españoles a los pies del PSOE nada más llegar al gobierno en1982. Casi todos debían dinero a Hacienda a pesar de las subvenciones al papel y a las reconversiones tecnológicas.
El "festín" organizado sobre los medios de comunicación del franquismo hizo que el PSOE andaluz quisiera disponer de un grupo propio de prensa escrita. A lo largo de 1984 y a través de diferentes etapas, tuvieron lugar las distintas convocatorias de subastas de cada uno de los periódicos del Movimiento en Andalucía. El 1 de febrero de 1984 fueron subastadas, entre otras, las cabeceras de Córdoba y La Voz del Sur; el 21 de febrero: Odiel y Jaén; el 14 de marzo: Sur y La Voz de Almería.
La mayoría fueron comprados por grupos afines al PSOE. El País lo contó así: "Empresarios y profesionales ligados al PSOE han adquirido, por su parte, algunos periódicos de Andalucía, con lo que consolidan la influencia que ya tenían sobre algunos medios de esta zona." El grupo conseguido se llamó Mundicom.
El segundo paso fue la adquisición de El Correo de Andalucía, periódico ligado a la Iglesia, y referente principal de la prensa escrita en la lucha contra la dictadura. La Iglesia, que no podía sostenerlo y con finanzas poco saneadas, lo canjeó por el Palacio de San Telmo, antiguo seminario diocesano y actual sede de la Junta de Andalñucía y propiedad de los Montpensier, que se llevaron un buen bocado con las recalificaciones de tierras en la zona de Costa Ballena, entre Rota Chipiona. La operación consistió en reducir a un tercio la participación de capital católico o próximo a la Iglesia en la sociedad (arzobispado de Sevilla, Editorial Católica, que publicaba el diario Ya en Madrid y más minoritario, el obispado de Córdoba) y dar entrada a accionistas representados por Arturo Moya y Emilio Martín, ligado a la empresa Mundicom, próxima al PSOE, muy especialmente al sector borbollista y desde luego, a Gaspar Zarrías. Fue una operación puente hasta la apropiación total del periódico por el PSOE.
Uno de los tres socios de la editora de El Correo de Andalucía, Prensa Sur, ya socio mayoritario de El Correo de Andalucía, estaba controlado por el empresario prosocialista Emilio Martín García, de Mundicom. La operación se había cerrado y, desde entonces, El Correo de Andalucía, hasta hace muy poco tiempo, ha estado en la órbita socialista y no con poco escándalo interpuesto.
Lo que pasó después, denunciado incluso por un ex secretario de Finanzas del PSOE, José Manuel Martínez Rastrojo, fue contado por el diputado de IU, Antonio Romero en el Parlamento andaluz y de este modo: "Veamos, señorías, la cronología de los hechos denunciados. El Consejero de Presidencia, don Gaspar Zarrías Arevalo, presionó a cinco entidades, El Monte, San Fernando, Caja Sur, Unicaja y La General, para que sufragasen la venta de acciones del PSOE de Andalucía en los periódicos procedentes de la antigua prensa del Movimiento, los medios de comunicación social del Estado. El comprador era el empresario don Emilio Martín, como testaferro. El montante económico de la operación iba a ser de 5.000 millones de pesetas, repartiéndose una parte para el señor Martín y el resto para el PSOE de Andalucía.
La operación se frustró parcialmente, pues el Presidente de Caja Sur (el sacerdote perseguido Castillejos) y accionista más importante del Diario de Córdoba, se opuso, junto a todos los miembros del Consejo de Administración, en lo que fue una votación de unanimidad en esta entidad a la citada operación financiera. Unicaja y La General acordaron no entrar en dicha operación, El Monte y San Fernando pusieron su parte en dos prestamos de más de mil millones de pesetas, seiscientos cada una.
El empresario y testaferro Emilio Martín vendió posteriormente a Prisa el 75% de Prensa Sur, por 3.500 millones de pesetas. Este señor pagó sus créditos, entregó el importe al PSOE y se quedó con
un pingüe beneficio especulativo de mil quinientos millones de pesetas".
El socialista Martínez Rastrojo lo expresó del mismo modo. Martín, un guerrista según El País pasado a borbollistas, compró por 1.000 millones y con dinero, sobre todo, de El Monte y Caja San Fernando las propiedades mediáticas del PSOE. Finalmente, como se ha dicho, las vendió a Polanco por unos 3.000 millones de pesetas, ya saneadas con los dineros de las cajas andaluzas participantes.
Y quedaron estas preguntas: ¿Se llevó algo el PSOE o alguien del PSOE? ¿Cuánto se llevó Martín?-¿Qué pasó con los dineros de las Cajas y cómo se estructuraron?" Causó sonrojo, si es que tal cosa fuera posible, el tratamiento que el diario El País dio a una operación de la que finalmente se benefició: ""La operación estaba casi cerrada hasta que fue atacada por los partidos de la oposición y medios de comunicación afines al PP, que la han denominado "la trama de los 5.000 millones". Emilio Martín dijo, tras la compra, que su objetivo era encontrar un "primo de Zumosol", un gran grupo de comunicación que quisiera comprar o participar en su tinglado. Pues lo encontró. El primo de Zumosol se llamaba Jesús Polanco, el dueño del imperio Prisa.
Posteriormente, el grupo Prisa, que en la operación se quedó con periódicos y radios, las tuvo que vender debido a su "agujero" y vendió "El Correo de Andalucía" al grupo amigo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el grupo Gallardo, del tío de su eterno vicepresidente y mano derecha en la Junta de Extremadura, Paco Fuentes Gallardo.
La influencia en otros grupos de prensa escrita
El Grupo Joly, una vieja esperanza liberal centenaria de Cádiz, fue convirtiéndose poco a poco, tras una guerra fratricida en el interior de la familia Joly, en el apéndice de un PSOE que, conocedor de su influencia en la provincia gaditana, tendió su tela de araña alrededor de sus recursos haciéndole depender finalmente del dinero público, Junta, Diputación y Cajas, hasta que los afines colocados dentro de la plantilla orientan desde hace unos años de manera bien clara, sobre todo en momentos delicados, sus titulares y su línea editorial.
Los últimos movimientos del grupo, endeudado por la aventura expansionista financiada por un crédito sindicado de las Cajas de Ahorros controladas por el PSOE, fue el despido masivo de casi
un centenar de trabajadores, entre ellos no pocos periodistas de raza y ahora, periodistas de tendencia socialista llevan la batuta editorial.
La Revista El Observador, un diario crítico de Málaga, resumió la trayectoria del grupo Joly de este modo: "El Grupo Joly nace en Cádiz y se extiende por toda Andalucía, pero su influencia y campo de trabajo no pretende ir más allá de Despeñaperros. Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Europa Sur, Huelva Información, Granada Hoy y Málaga Hoy son algunas de sus cabeceras. Su cobertura regional, su historia (El Diario de Cádiz se fundó en 1876) y su buena relación con la Junta de Andalucía le convierten junto al Grupo Prisa en uno de los principales beneficiarios de la publicidad institucional del gobierno andaluz."
El Confidencial Digital, de José Apezarena, lo veía así: "Además, hay que recordar que una buena parte de la publicidad que recibe el grupo Joly proviene de la Junta de Andalucía."
Sólo la fortaleza relativa de Vocento y la presencia de El Mundo impidieron la presencia omnímoda de la "voz socialista" en Andalucía. La Razón apenas lleva tiempo en Andalucía es pronto para valorar lo que pueda ser en el futuro su influencia si bien es inequívoca su orientación de centro derecha favorable al PP.
El grupo Publicaciones del Sur, que está presidido por José Antonio Mallou Díaz, un grupo menor si lo comparamos con los otros gigantes, contaba ya en 2008 con más de sesenta cabeceras, de las que las más conocidas eran Viva Cádiz, Cádiz Información, Viva Jerez, Jerez Información, Andalucía Información y otros. Está presente en la mayoría de las poblaciones andaluzas con más de 20.000 habitantes. La estrategia del grupo hizo que dispusiera de cabeceras en todas las provincias andaluzas y en las poblaciones de Adra, la Mojonera y Roquetas en Almería. En Cádiz, tiene diarios en Cádiz, Jerez, Algeciras, Chiclana, Sanlúcar,etc. En Córdoba, abría cabeceras en siete localidades. En Granada, cinco. En Huelva, doce. En Jaén, nueve. En Málaga, cuatro y en Sevilla, cinco.
La debilidad del PSOE en las zonas urbanas hizo que este proyecto cobre máximo interés para sus estrategas. Por ello y curiosamente, en el consejo de Administración de Publicaciones del Sur, SA apareció Benjamín Muñoz Zamora, que, a su vez, es socio del despacho Estudio Jurídico Itálica, SL que regenta Javier Pérez Royo con Amparo Rubiales, ambos influyentes socialistas andaluces.
También aparece Muñoz Zamora como socio de Mallou en la sociedad Medios Comarcales, SA de Jaén, lo que ya deja de ser una simple casualidad. También coincidió Mallou con otro ilustre socialista sevillano en el consejo de Administración de Inversiones Arrejanosa, SA, muy ligada a la antigua Caja San Fernando Jerez, feudo de la Diputación de Sevilla en su día. Se trataba Manuel Copete Núñez, que fue vicepresidente socialista de la Diputación de Sevilla y alto cargo de la Caja.
De hecho cuando se sumaron las tiradas en 2009 se llegó a la conclusión de que los grupos relacionados directa e indirectamente con el PSOE, Prisa, Joly, Gallardo(que vendió finalmente El Correo de Andalucía a un grupo de inversores), Diario Córdoba (en la práctica orientado por la prosocialista Zeta) y el grupo Moll (Moll de Miguel está casado con Arantxa Sarasola, hermana de Enrique Sarasola) con La Opinión de Málaga y Granada, alcanzaban un total de 193.700 ejemplares sin contar con los de Publicaciones del Sur, SA, de lo que no se tenían datos.
Por el contrario, los grupos abiertamente críticos con el PSOE, Vocento, Unidad Editorial y Expansión sumaban en aquel momento 179.509 ejemplares. Las cosas no han cambiado demasiado desde entonces.
La serie completa:
I La ocupación de la Administración
II La ocupación de la administración local
III Externalización, administración paralela y libre designación
IV Subvenciones, contrataciones, sector público