"Agentes sociales" es la denominación que en nuestro tiempo reciben exclusivamente los empresarios y los sindicatos, que marginan del universo de "lo social", de ese modo, a cualquiera otra asociación, organización o estructura social a los que se relega a la categoría de no gubernamental e incluso de no económica en sentido estricto.
Pero en Andalucía, como en el resto de España, "agentes sociales" ha terminado de significado "agentes del orden social", esto es, agentes de la Autoridad y agentes del Orden, de las relaciones laborales. En Andalucía, la complicidad de estos agentes sociales con el régimen socialista instaurado en 1982 se ha camuflado bajo la aureola de "concertación social", una gran y perversa argucia diseñada por José Rodríguez de la Borbolla y, sobre todo, por Manuel Chaves -desde los tiempos de su paso por el Ministerio de Trabajo pero acentuada en Andalucía- para uncirlos, mediante dinero, al yugo de la Junta de Andalucía.
La consecuencia ha sido la perpetuación del desempleo y el atraso andaluces y la corrupción interna de todas estas organizaciones. El instrumento preferido: los cursos de formación, cuyo altísimo importe, en más de un 40 por ciento, iba a engrosar las cuentas de los "agentes sociales", cuando se daban, que no siempre ocurrió.
Gracias a este sistema multimillonario en costes para los andaluces y españoles, las organizaciones sindicales "de clase" han podido sustentar una estructura de miles de liberados sindicales. Gracias a este sistema de riego de dinero, la Confederación de Empresarios de Andalucía pasó de ser una organización moderada con una sola sede a disponer de una estructura mastodóntica con alrededor de noventa sedes en toda Andalucía.
UGT y CCOO
Nadie ha sabido nunca, ni sabe, el número de liberados sindicales en España ni en Andalucía, pero si hacemos un cálculo sobre los delegados sindicales, sus horas sindicales medias -30 horas al mes, aunque a veces hay muchas más- y la realidad de las jornadas de trabajo, podemos aventurar un número no inferior a 8.000 liberados sindicales en la comunidad autónoma, sumando los de la esfera pública a los de la esfera privada. Su coste global no sería inferior a los 250 millones de euros anuales a lo que habría que sumar el coste de los trabajadores añadidos para suplir a los liberados sindicales.
Además de estos ingresos -básicamente son la Junta y las empresas privadas las que sostienen a las organizaciones pagando a sus empleados sindicalistas- se añade el dinero procedente de las subvenciones que las hay de todos los gustos. Las destinadas a la formación y las destinadas a otras muchas cosas. De hecho han sido siempre de tres tipos:
- Las concedidas en función de su participación institucional.
- Las concedidas como ayudas a sus gastos corrientes.
- Las concedidas de manera finalista para acometer diversas tareas como cursos de formación o campañas sobre temas concretos.
Una investigación de Libertad Digital dio como resultado que desde enero de 2004 a febrero de 2009, la Junta de Andalucía presidida entonces por Manuel Chaves concedió oficialmente subvenciones a los sindicatos mayoritarios UGT-A y CCOO de Andalucía por un importe de 265 millones de euros, equivalente a 44.200 millones de las antiguas pesetas, una cantidad superior al presupuesto anual de muchas capitales de España. Esta cantidad supera a los ingresos obtenidos por afiliación, que está entre más bajas de España y Europa.
Los datos obtenidos pueden comprobarse buscando las subvenciones en el buscador del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía preguntando por "subvenciones ugt" (2004 hasta febrero de 2009) o "subvenciones cc.oo." en la misma fecha. Dado que hablamos de un régimen que data de 1982, no es un ejercicio imaginativo sin fundamento concluir que las organizaciones sindicales han recibido una lluvia de dinero de la Junta de Andalucía.
La Cámara de Cuentas, además de diversas irregularidades detectó en su primer informe sobre el dinero de la formación administrado por UGT, CCOO y CEA, que más del 40% quedaba en manos de las organizaciones bajo distintos conceptos, desde gestión a materiales. A estos dineros habría que sumar los de otras subvenciones, los ingresos derivados de la recepción de un ingente patrimonio llamado histórico, los derivados de sus actividades empresariales, que son muchas y variadas -recuérdese el fiasco de la PSV-, de seguros a agencias de viajes y los originados por su intermediación sindical -cobro por gestionar despidos y EREs-, entre otras cosas, como ha demostrado el sumario que instruye la juez Alaya.
El estallido bien reciente del caso UGT en Andalucía -exclusiva de Libertad Digital-, y de algunas irregularidades detectadas en CCOO nos permite aludir al archivo de Libertad Digital. Sólo queremos apuntar cómo incluso las subvenciones a la formación de parados eran "trucadas" para destinar esos dineros a las arcas sindicales.
La Confederación de Empresarios Andaluces
Antes de la aprobación de la actual Constitución Española, en octubre de 1979, la CEA reunida en Córdoba sostenía que en dos años, a lo sumo, debía "resolverse la crisis económica en Andalucía, mayor que en otras regiones de España". Su presidente entonces, Manuel Martín Almendros añadió que "necesitamos que la inversión pública llegue a Andalucía y vamos a exigir que se nos iguale, al menos, con otras regiones de España. Además, trataremos por nuestra parte de llegar a un rápido entendimiento con los trabajadores a corto plazo, a fin de que entre todos podamos sacar a Andalucía de la crisis".
Más de treinta y seis años han pasado pero los problemas son idénticos. Sin embargo, en ese tiempo la CEA ha pasado de ser una pequeña organización a ser una importante estructura, cada vez más en crisis por falta de oxígeno económico, con locales, medios tecnológicos y empleados superior a todo sueño que hubiesen tenido antes de la llegada al poder de Manuel Chaves, el "hacedor" del entuerto inventado, eso sí, por UCD que ya financió a sindicatos y empresarios con dinero público.
De ser una organización defensora de la libertad económica y del papel de los empresarios en una sociedad democrática se ha pasado al consentimiento y al silencio habitual sobre políticas económicas que han conducido a Andalucía a los últimos lugares del desarrollo y el bienestar social de España y Europa.
Uno de los dirigentes de la vieja y combativa CEA decía entonces sobre el sistema de financiación pública a los sindicatos: "En definitiva, se está financiando a entidades de carácter privado con fondos públicos que provienen de todos los ciudadanos y, en consecuencia, también de los empresarios, llegando al absurdo de que esta patronal esté subvencionando en parte a los sindicatos a través de este mecanismo. Esta situación no puede ser defendible dentro de la OIT". En cuanto se logró que el dinero llegara también a los empresarios, se acabó el discurso.
La CEA ha recibido el doble que cada sindicato por separado en lo que se refiere a subvenciones, cifra exquisitamente calculada por los gobiernos socialistas año tras año. Es decir, que, por ejemplo, de 2004 a 2009, la CEA recibió de la Junta alrededor de 160 millones de euros. Imagínese lo que recibió antes y después de ese período. En 2009, un solo año, recibió más de 60 millones de euros. Por obra y gracia de la Junta, la CEA se convirtió en una de las mayores empresas andaluzas.
En Andalucía, datos de IEA de 2010, había Andalucía 557.182 empresas, la inmensa mayoría, más de 500.000, pequeñas y medianas empresas que sólo tenían cinco trabajadores o menos. Es decir, que puede afirmarse sin riesgo que el 99 por ciento de las empresas andaluzas facturan muy por debajo por debajo de los 40 millones de euros al año, importe anual medio de las subvenciones públicas llegadas a la CEA.
Súmese a esto cómo algunos miembros de su cúpula dirigente hasta el año 2014, se organizaron adecuadamente para aprovechar la "jauja" de la formación, erigiendo empresas desde las que facilitar servicios a la propia CEA para desarrollar los cursos.
Todos los "agentes sociales" y la Junta se han beneficiado, y mucho, de la concertación social puesta en marcha con acuerdos reglados desde 1993, pero la sociedad andaluza sigue a la cola en PIB, empleo, educación, sanidad, etc. No ha sido el pueblo andaluz, sino el régimen instaurado en 1982, el gran beneficiario de la concertación social.
Serie completa 33 años de régimen en Andalucía:
I La ocupación de la Administración
II La ocupación de la administración local
III Externalización, administración paralela y libre designación
IV Subvenciones, contrataciones, sector público