Subvenciones, contrataciones, sector público

La economía andaluza ha sido profundamente penetrada por el PSOE y sus gobiernos. De hecho, uno de cada cinco euros que circula por la comunidad andaluza es de la Junta de Andalucía vía presupuestos. Para aportar un dato comprobado y definitivo el presupuesto de la Junta para 2015 fue de de casi 30.000 millones de euros y el PIB de 2014 estuvo en entorno de los 140.000 millones de euros, Por tanto, el presupuesto de la Junta representa el 21 por ciento del PIB regional. Junto a este poder, no se olvide, ha estado siempre el poder económico-financiero emanado de las Cajas de Ahorros, cuyo dinero terminó siendo gestionado mayoritariamente por el PSOE al poco tiempo de llegar al gobierno en Madrid y en Andalucía. 

Del presupuesto parten tres líneas de dominación claves sobre la economía y la sociedad andaluzas: las subvenciones, las contrataciones públicas y adjudicaciones y la actividad de las empresas públicas tanto en la Junta de Andalucía como en Ayuntamientos y Diputaciones. Con las subvenciones se puede ayudar temporalmente al desarrollo de una economía andaluza eficiente y libre o se la puede condicionar sembrándola y penetrándola con empresas  "amigas" facilitando que triunfen las empresas "correligionarias" o “rendidas” ante el poder socialista, al margen de toda eficiencia. Uno de estos ejemplos, tal vez el más conocido más no el único ni siquiera el más importante, es el PER, actual programa de fomento del empleo rural, entendido como gran subvención, en cientos de pueblos rurales andaluces. Concebido inicialmente para aliviar las tensiones sociales en los campos andaluces y extremeños, fue convertido luego por el PSOE andaluz en instrumento de dominación política y social. Igualmente ocurre con las que se destinan a empresas, asociaciones ciudadanas y sindicatos.

Con las contrataciones y adjudicaciones, se dinamiza la vida nacional y/o regional si son las mejores empresas las que acceden a los contratos del Estado y/o de las CC.AA para satisfacer necesidades o proyectos de interés general. Pero si la mayoría de ellas carece de publicidad, concurrencia y limpieza, podría ocurrir lo mismo: el ascenso de los mediocres por su proximidad al poder político sin mejora de la eficiencia.

Respecto a las empresas públicas y entes públicos en general, hay quien cree que incrementa la gestión eficiente de la economía y sus servicios pero las evidencias empíricas no avalan esta tesis. Servicio público no quiere decir necesariamente gestión estatal, autonómica y/o municipal. En numerosas ocasiones, las empresas privadas pueden satisfacer tales intereses públicos a menores precios y con mejor gestión. En realidad, la otra cosa que puede hacerse con las empresas públicas, aun sabiendo que son habitualmente ineficaces, es utilizarlas como instrumento al servicio del poder político, que no del público.

En un momento en que el destino de este dinero público a través de estas vías se ha demostrado altamente corrupto - caso de los ERE, Invercaria, Formación y algunos otros menores -, merece la pena recordar que el uso de fondos públicos casi sin controles para ayuda a los intereses partidarios, apareció hace mucho y desde hace mucho fue denunciado.

Subvenciones

Las subvenciones, como es bien sabido, son dinero del presupuesto público que va a parar a entidades públicas o privadas, teóricamente en igualdad de oportunidades y condiciones, con el fin de que desarrollen actividades acordes con el interés general del Estado, entendiendo por tal la combinación de intereses de la Administración General, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y Diputaciones, y los de los ciudadanos. Pero su uso irregular se remonta a muchos años del estallido de las macrocausas juiciales vigentes.

En la primera fiscalización de las subvenciones realizada en la nueva etapa de la Cámara de Cuentas, datada en 1996 y realizada sobre el Instituto Andaluz de la Mujer, se dijo textualmente que aunque sólo se entrega al 75 por ciento de la subvención y se guardaba el 25 por ciento hasta la justificación de los gastos(como en el tema de la formación fraudulenta de los cursos), "no existe un procedimiento que permita conocer si sus perceptores mantienen pendientes de justificar, con el resto de la administración, otros libramientos como beneficiario de otra subvención o bien por otra relación de vinculación". Casi veinte años después, el desaguisado sigue en marcha. Es más, la Cámara aconsejaba al Instituto Andaluz de la Mujer, uno de los grandes feudos socialistas, "que se implante una carpeta para el archivo de cada expediente, en cuya carátula principal figurasen datos de identificación y control", O sea el descontrol era evidente.

Esto ocurría 14 años después de la constitución de la Junta de Andalucía. ¿Qué puede haber pasado con los miles de millones de pesetas con que este Instituto ha favorecido a las asociaciones y entidades públicas y privadas simpatizantes del PSOE desde 1982? No se sabe aunque puede imaginarse.

En otro informe demoledor de la Cámara de Cuentas sobre las subvenciones a empresas para crear empleo por importe de 138 millones de euros se confirmó que no había generado ni un solo puesto de trabajo conocido en la muestra seleccionada de las 83 empresas participantes. El trabajo auditor de la Cámara de Cuentas se centró en el período 2000-2006 y estuvo dirigido al programa de subvenciones a empresas privadas incluidas en el programa 62-A, Fomento de la Industria 1995-1999.

Otros casos anteriores al estallido de los grandes escándalos fueron:.

- En la realizada por la Cámara de Cuentas sobre las subvenciones a los Museos de 2004 no quedaba documentalmente justificado el proceso seguido por la Dirección General de Museos en el examen y valoración conjunta de las solicitudes presentadas por los peticionarios de las subvenciones, así como los criterios tenidos en cuenta en la adjudicación de las ayudas concedidas a los beneficiarios.

- Si atendemos a las subvenciones del Instituto Andaluz de la Juventud publicado por la Cámara de Cuentas en el año 2000,se denunció que se producían "diversos incumplimientos de la normativa aplicable y que han dado lugar a deficiencias y retrasos en los procedimientos de tramitación, justificación, publicación y pago de los expedientes de subvenciones públicas".

- En la inspección de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro en el ejercicio de 2003,11 se dice, entre otras muchísimas irregularidades, que en la Fundación Alcalá Innova, presidida por el alcalde socialista de Alcalá de Guadaira, Antonio Gutiérrez Limones, sólo "existen facturas justificativas por una cuantía total de 440,50 m€, equivalente al 30% de la subvención concedida".

- La ONG Solidaridad Internacional Andalucía, dirigida en la fecha de la inspección por otro socialista, Manuel Martínez Ocón y representada oficialmente por la bailaora y socialista Cristina Hoyos, presentó en su documentación 2.284 justificantes de los que el 80 por ciento de los justificantes de gastos estaban escritos en kurdo.

- En las subvenciones tomadas por la Fundación Doñana, Egmasa y otras en relación con la gestión de los Parques Naturales, todas penetradas hasta el tuétano y casi en exclusiva por personas relacionadas con el Partido Socialista, la Cámara de Cuentas dijo que "no constan en los expedientes evidencia ni pistas de auditoría que demuestren las pruebas, procedimientos e indagaciones realizadas para "certificar de forma acreditativa que la subvención ha sido aplicada a su finalidad".

- El mismo camino siguieron otras subvenciones como las aportadas a Astipesca SL -que no fueron aplicadas a los barcos porque éstos no llegaron a funcionar -; Bolidén (a la que se pagaron subvenciones cuando ya había dejado de funcionar); Eads Construcciones Aeronáuticas; la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía, controlada por el PSOE y la UGT(que duplicó irregularmente el número oficial de alumnos en jornadas subvencionadas); la Fundación Faisem, donde trabajaba, por ejemplo, la esposa de Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT Andalucía y otros muchos socialistas, tuvo la primera fiscalización diez años después de constituirse; los cursos de CCOO, UGT y CEA presentaban ya en 1998 importantes irregularidades( uno de cada cuatro cursos impartidos  no cumplía con las horas establecidas.

- No olvidemos el caso Paula Chaves y la ayuda de 10 millones de euros a su empresa, el castigo a los Ayuntamientos gobernados por el PP que recibían menos dinero que los aportados a los gobernados por el PSOE, o el caso del ex ministro Bernat Soria beneficiando a sus allegados en l a sociedad de medicina de familia Semfyc, a la que pertenecían altos cargos del Ministerio de Sanidad ola subvención de un gimanaso en el pueblo de 50 habitantes donde uno de los hermanos de Chaves, Antonio José, tenía un negocio de casas rurales. 

Y lo dejamos ahí, para no ser exhaustivos. Podía adivinarse ya que el uso de las subvenciones conduciría a grandes escándalos - Mercasevilla, ERE, Formación, Invecaria -, como así ha sido. El control ejercido desde el PSOE sobre asociaciones organizaciones vía subvenciones fue y es muy importante.

Contrataciones

Las irregularidades en las contrataciones públicas de la Junta fueron denunciadas por la propia Izquierda Unida que solicitó que se investigasen en toda Andalucía. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, la ya desaparecida Concha Caballero, pidió en abril de 2005 que la Cámara de Cuentas realizase una auditoria específica sobre la contratación de la Administración pública andaluza, que comprendiera las consejerías, organismos autónomos y empresas públicas, desde 2001 hasta 2005. Caballero acusó a la Junta de Andalucía de "abusar" de la contratación mediante el procedimiento de adjudicación negociado sin licitación, ya que "más del 60% de las contrataciones de la Administración andaluza se realizaba a dedo. Concluía que este tipo de contratación satisfacía el "clientelismo político" porque un partido, el PSOE, manejaba 3.000 millones de euros sin control "creando una sociedad clientelar".

En el informe de la federación de izquierdas, de las 6.100 contrataciones que se realizaron en 2002, 3.187 fueron mediante el negociado, mientras que tan sólo 2.875 fueron en procedimiento abierto. En 2003, los datos eran aún "más escandalosos puesto que de los 10.043 contratos, 5.886 fueron mediante procedimiento negociado y 4.102 en abierto". IU afirmó además sobre los contratos menores que "la mayoría son falsos, puesto que se tratan de contrataciones superiores a las permitidas, pero que se fraccionan para no llegar al tope y no tener que acogerse a la legalidad".

Si se tiene en cuenta que estos hechos datan de 2005, ¿qué puede haber ocurrido en Andalucía con un gobierno socialista que imperaba desde 1982, es decir, veintitrés años atrás y sin controles institucionales?

El primer informe de la Cámara de Cuentas sobre la contratación pública en la Junta data de 1997(15 años después de la victoria socialista) demostró que hasta 1996, el procedimiento de adjudicación directa fue el más utilizado. De hecho la propia Cámara recordó en su informe que "tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha producido una importante disminución de los contratos adjudicados por el procedimiento negociado, la adjudicación directa en la anterior legislación. Pero para hacernos una idea de la "transparencia", la propia Cámara reflejó que mucho más de la mitad de las Consejerías y sus direcciones generales, más la casi totalidad de entes públicos, no aportaba información a la Cámara de Cuentas y la que aportaban, no tenía garantía de fiabilidad.

Todavía en el informe de 2007, en los contratos de cuantía menor, es decir, los que tienen como límite máximo 3.000 euros, aunque es necesario que la Administración pregunte a empresas diferentes, en la práctica no se hacía. Este fue, por poner un ejemplo, el procedimiento utilizado en el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla que troceaba las obras para que su importe no superase los 3.000 euros y así evitar todo tipo de control. 

Otro dato destacable es que el 58,20 por ciento de los contratos se formalizaban según el procedimiento negociado que no requería publicidad y que sólo debe utilizarse excepcionalmente según la Ley. 

Tanto PP como IU subrayaron estos datos como "escandalosos", debido al "porcentaje importante de contratos negociados y que no cumplen la legalidad", algo que "hay que remediar", al ser "muy negativo para la confianza de los ciudadanos en la transparencia de las administraciones públicas".

En el informe de la Cámara de 2010, las entidades que "no han rendido información son las siguientes: Consejerías de Educación, Gobernación, Justicia y Administración Pública, Vivienda y Ordenación del Territorio, Turismo Comercio y Deporte. Tampoco han respondido al requerimiento, la Agencia de Atención de la Dependencia en Andalucía, el IAEAS, el IAPRL y el Servicio Andaluz de Empleo.No puede ser casual esta desobediencia sistemática, persistente y oportuna.

Sector Público

Sobre este asunto, limitémonos a decir, por razones de espacio, que cumplen un papel de competidor del sector privado, beneficiándose de las ayudas a fondo perdido de la Junta y acumulando pérdidas. Eso sí con procedimientos de contratación arbitrarios y staffs directivos seleccionados entre militantes y allegados del PSOE.  En  un debate sobre el papel de las empresas públicas celebrado en mayo de 2009, el portavoz del Grupo Popular, Salvador Fuentes Lopera, señaló  el verdadero papel de las empresas públicas andaluzas: "Hay empresas públicas en Andalucía que están haciendo competencia desleal a la iniciativa empresarial. Hay empresas públicas en Andalucía que están atribuyéndose competencias que son de la Administración General; y, en definitiva, hay que corregir un sector público cada vez más costoso y poco eficaz." Estas palabras encabezaban una moción sobre la reforma de las empresas públicas que apoyó Izquierda Unida, en la parte primera relativa a la usurpación de las competencias de la Administración General, competencias que hurtan para eliminar las "barreras administrativas" que obstaculizan los objetivos del PSOE y de su gobierno.

No ha sido posible el control parlamentario del sector público empresarial por la oposición de las propias empresas y del PSOE y, consiguientemente, ni se reforma ni se reordena según objetivos estratégicos económicos y sociales ni se reducen sus pérdidas, que en 2007 se situaban en torno a los 1.201 millones de euros, 200 millones más que en 2006-.  Es sabido que a finales de 2014, entre Andalucía y Cataluña sumaban casi el 40% del total de "chiringuitos" públicos existentes en España.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga el caso Invercaria que incoe diligencias previas contra la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y otras cinco empresas públicas andaluzas por el uso de las llamadas transferencias de financiación (Egmasa, Extenda, Epdasa, Giasa y Turasa.)

Tómese nota de que entre pérdidas y dinero público inyectado en empresas y fundaciones públicas entre 2010 y 2011 se contabilizaron unos números rojos que sumaron en total más de 4.300 millones de euros, según contó ABC. A estas perdidas y dineros habría que añadir los ocasionados por el sector público local. El sector público local andaluz estaba constituido en 2007 por  300 organismos autónomos y 302 sociedades mercantiles. Como entidades locales supramunicipales había 71 Mancomunidades y 176 Consorcios participados por diversas administraciones públicas.