Con este título damos comienzo a una serie que tiene por objeto explicar por qué desde 1982 hasta 2012 -nada menos que treinta años -, el PSOE ha ganado sucesivamente e ininterrumpidamente las elecciones andaluzas. En 2012 no ganó pero siguió gobernando gracias a la coalición con Izquierda Unida. Es decir, el dominio del socialismo nacido en Suresnes de la mano de Felipe González y Alfonso Guerra, auxiliado cuando ha sido menester por el comunismo andaluz (con la excepción de la etapa liderada por Julio Anguita) y el andalucismo ambiguo pero socializante, ha sido abrumador. La regla de oro de la democracia, la alternancia política, aún no se ha cumplido. ¿Por qué Andalucía es la única región de España donde la alternancia democrática no ha tenido lugar?
En la propaganda socialista, su dominación basada en elecciones libres, tiene origen en la supuesta incapacidad política de la derecha, del centro derecha y del liberalismo andaluz. Pero la espesa hegemonía del socialismo andaluz tiene mucho más que ver con la ocupación irregular de la sociedad andaluza y sus instrumentos por parte de un PSOE obsesivo con el poder y con la desigualdad de oportunidades producida entre los partidos políticos a la hora de presentar sus proyectos a los ciudadanos. En esta serie que iniciamos hoy vamos a ir resumiendo cómo se ha erigido lo que ya se llama popularmente "régimen" y que ha ejercido un despotismo "blando", como hace unos siglos lo caracterizó Tocqueville, al estilo del PRI mexicano.
1.-La ocupación de la administración
Pese a haber tenido la oportunidad de dar origen a una administración autonómica "ex novo", el PSOE procuró no gestar y dirigir una administración políticamente neutral y profesionalmente excelente para sus funciones democráticas, sino penetrarla ideológica y partidistamente de modo que cualquier gobierno de distinto signo político no tuviera opciones o tuviera muy difícil gobernar con ella.
A la muerte de Franco, sólo existían una sólida administración central y una débil y exigua administración local, muy fuertemente anclada, vía jerárquica, en las Diputaciones. La administración autonómica es consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1979 y de la puesta en marcha del Estado de las Autonomías a partir de 1982.
La ocupación se consumó gracias a la siguiente hoja de ruta:
1.-Desde 1979, constitución de la Junta preautonómica, a principios de le década de los 90, la mayoría de los nuevos empleados públicos que entraron a formar parte de la Junta de Andalucía, lo hicieron sin convocatorias específicas de acceso, salvo una sola excepción, la de los llamados "transitorios" .Desde 1982, hubo dos maneras de incorporarse a la Administración andaluza y formar parte así del "empleo público": la de los interinos, arbitraria y la de los laborales, casi siempre igualmente arbitraria."
2.-Los primeros en entrar sin convocatorias específicas de acceso fueron los llamados funcionarios preautonómicos. Este proceso duró desde 1979 a 1983 y fue dirigido y reglado por el PSOE y sus máximos representantes en la Junta, durante el mandato de Rafael Escuredo.
3.-En 1986, ya con José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán presidiendo la Junta de Andalucía, tuvieron lugar oposiciones restringidas para la incorporación legal de los llamados "preautonómicos" y "transitorios", que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), proceso excepcionalmente validado por una inolvidable sentencia del Tribunal Constitucional, 5 años después de una larga batalla de recursos interpuestos, sobre todo, por el catedrático Manuel Clavero en defensa de la limpieza de los procedimientos.
De modo que cinco años después de las convocatorias se produjo la Sentencia 27/1991, de 14 de febrero, inequívocamente política, subrayó "el carácter excepcional de dicho sistema de acceso, que por una sola vez, ha de coexistir con el común de la convocatoria libre (procedimiento que, en lo sucesivo, habrá de utilizar la administración autonómica a fin de permitir el libre acceso de quienes no mantienen con ella relación alguna)..." 142 "preautonómicos" fueron legalizados por este procedimiento y el mismo día se legalizó a 339 "transitorios". Eran los primeros quinientos a los que, por diversos procedimientos casi siempre irregulares, se sumaron miles.
4.- La Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de Andalucía dio peso a la figura del interino y dicha Ley indicaba que se podía prescindir, motivadamente, del trámite de convocatoria pública para contratarlos. Se realizaron a partir de aquí ofertas de empleo publicadas sólo en los tablones de anuncios de las Consejerías de la Junta e, incluso, sin publicidad alguna.
5.- El 5 y el 7 de noviembre de 1990 y dado el carajal interno de una Administración así desarrollada se firmó el Acuerdo de Estabilidad para el personal funcionario interino y personal laboral eventual, respectivamente, al servicio de la Junta de Andalucía. Este Pacto de Estabilidad condicionaría gran parte de la función pública andaluza durante muchos años logrando que haber trabajado en la Junta contratado a dedo contara como mérito objetivo(mochila de puntos, se llamó) en las oposiciones o pruebas convocadas para regularizar los sucesivos caos. Para consumar la práctica anticonstitucional se convocó la primera huelga de los empleados públicos, huelga que triunfó. El transcurso del tiempo demostró que dicho acuerdo sirvió para "meter a la clientela" socialista y sindical e impedir el acceso de los demás ciudadanos a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
7.-También existió otra denominada vía de entrada de personal laboral conocida como vía del Capítulo VI (consistente en cargar los gastos del personal contratado sin pruebas selectivas públicas al capítulo VI de los presupuestos, es decir, inversiones, en vez de al capítulo correspondiente a gastos de personal).
En resumen, lo que pudo haber sido la edificación de una administración andaluza políticamente neutral, democráticamente impecable y profesionalmente excelente, se convirtió en un caótico proceso partidista donde PSOE, muy especialmente, y UGT colocaron a miles de afiliados y allegados sin control ni ética alguna.
"El número de empleados públicos, entre funcionarios, laborales y otras categorías, de la Junta de Andalucía(sus Consejerías y Organismos Autónomos), ascendía en junio de 2014 a cerca de 45.000 según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sin contar el personal de Universidades( sobre 25.400) ni Justicia(poco más de 7.000). De todos ellos, es imposible determinar con precisión quiénes entraron merced a las irregularidades puestas en marcha y consentidas por la Junta, pero nadie puede dudar que han sido muchos miles."
