La condena de los crímenes de ETA como genocidio. Éso es lo que tendrá que votar en próximas fechas el Parlamento de Navarra, después de que Dignidad y Justicia, que estuvo representada por su presidente Daniel Portero, y por el experto en derecho internacional Miguel Ángel Rodríguez, haya solicitado este martes por la tarde una declaración institucional de la cámara foral en este sentido a la Comisión de Peticiones.
Para que esta declaración institucional se haga realidad sólo faltaría un trámite, que la propia comisión acepte la solicitud, algo que se votará la próxima semana, pero que no debería ser un problema ya que los representantes de UPN (19), PSN (9) y PP (4) han mostrado de manera informal a la asociación de víctimas su apoyo a la misma, mayoría suficiente para contrarrestar el rechazo de Bildu (7), Aralar-NaBai (6), Izquierda-Ezkerra (3) o Geroa Bai (2).
Incluso en el caso de que los socialistas navarros decidieran retractarse en su apoyo, algo que no llamaría la atención teniendo en cuenta sus constantes equilibrios para no ofender en exceso al nacionalismo vasco, y retirasen su apoyo a la declaración institucional, su mera abstención permitiría sacarla adelante.
Los dos representantes de Dignidad y Justicia defendieron en el Parlamento navarro que el derecho internacional considera punibles como actos de genocidio no únicamente los llevados a cabo contra grupos étnicos, calificados habitualmente de "limpieza étnica", sino también los realizados por "carácter religioso, racial o nacional". Y esto último, una "limpieza nacional" es lo que consideraron que ha llevado a cabo ETA durante sus cincuenta años de historia.
Explicaron que los terroristas convirtieron en sus objetivos a todos los "no nacionalistas vascos" que vivían en las regiones del País Vasco y Navarra con el propósito de que todos los que compartían esas posiciones políticas abandonasen ambos territorios y, para ello, utilizaron un "inconfundible discurso del odio" y una discriminación "contra todo lo español", otra de las "claras alertas reconocibles en los casos de genocidio".
Así, destacaron que para ello llevaron a cabo diferentes políticas. La primera, una dirigida a perpetuar miles de asesinatos selectivos o matanzas indiscriminadas, que se pueden cuantificar actualmente en 858 asesinatos, y que tuvieron como objetivo a los principales líderes sociales de todo tipo de la ideología política a liquidar para recordar de este a todos los "no nacionalistas vascos" que se encontraban en el punto de mira de ETA.
La segunda política fueron las denominadas "desapariciones forzosas" selectivas "seguidas de ejecuciones extrajudiciales" como en el caso del exconcejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco o de "sometimiento a condiciones de detención contrarias a las internacionales" como fue el caso del secuestro del exfuncionario de prisiones y actual cabeza visible del partido político VOX José Antonio Ortega Lara.
La tercera política utilizada por ETA y su brazo político fue la de "acoso y persecución ciudadana cotidiana", para lo que utilizaron las pintadas amenazantes en domicilios, barrios o universidades; el lanzamiento de cócteles molotov contra domicilios, comercios o sedes de partidos políticos; o el ensañamiento con tumbas como la del exdirigente de PP Gregorio Ordoñez; además de las burlas telefónicas a los familiares de los asesinados.
Por último, plantearon como cuarta política a seguir la de la expulsión de los "no nacionalistas vascos" tanto del País Vasco como Navarra. Mediante el miedo, el chantaje o la coacción, obligaron a miles de familias a abandonar ambas regiones, convirtiendo a España, según los datos que hicieron públicos, en el país de la Unión Europea con un mayor número de "desplazados internos". Como recordaron, cada vez que ETA asesinaba o llevaba a cabo una matanza recordaba a los no nacionalista que o abandonaban el País Vasco o Navarra o también serían asesinados.
Los representantes de Dignidad y Justicia que acudieron al Parlamento navarro recordaron asimismo que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal Supremo de Alemania han confirmado recientemente que el "genocidio" no sólo implica la "eliminación física o biológica", ya sea "en todo o en parte", de un grupo humano, sino también "la eliminación de su presencia geográfica".