Hay aforados mayores y menores. Los mayores son los que se aforan en el Congreso y en el Senado. Los menores, los que lo hacen en el parlamento andaluz. Los primeros, están siendo instruidos desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los segundos, que van a perder su condición de aforados tras las elecciones del 22 de marzo, no podrán seguir siendo aforados y caerán de nuevo bajo la instrucción de la juez Alaya. Es lo que pide incluso la Fiscalía Superior de Andalucía.
Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Mar Moreno, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera pertenece a los aforados de la primera clase mientras que los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio pertenecen a la segunda.
La Fiscalía Superior, después de que el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía recibiera la exposición razonada en la que Alaya contemplaba indicios de delitos de prevaricación y malversación en los cuatro aforados, cree que el caso debe devolverse a la juez Alaya ya que todos ellos perderán el fuero cuando se produzcan las elecciones autonómicas por no ir en las listas.
Según recuerda la Fiscalía Superior, que no entra a valorar el fondo del asunto, es "notorio" que se van a celebrar elecciones el próximo 22 de marzo y como ninguno de ellos va en las listas y perderán, el fiscal considera que "por razones de economía procesal", debe devolver la instrucción a la juez Alaya una vez que se constituya el nuevo parlamento. En cualquier caso esta es la posición del fiscal y ahora debe ser el TSJA el que decida finalmente.
Esto es, de poco les ha servido a ellos el aforamiento forzoso y apresurado decidido por Susana Díaz incluyéndolos a todo en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. A quien sí le ha servido es a Susana Díaz, que ha logrado de ese modo que ninguno de ellos sea llamado a declarar mientras duren las elecciones andaluzas.
De este modo se van perfilando con mayor nitidez quiénes aspiran a ser "intocables" en el caso de los ERE y quiénes pueden ser finalmente los "chivos expiatorios" del expolio llevado a cabo con los fondos públicos.
La Fiscalía Superior del TSJA ha añadido que hay jurisprudencia anterior que ha establecido que en el caso de que los investigados pierdan la condición de aforados debe ser el órgano jurisdiccional territorial que haya conocido esos hechos el que debe instruir cuando la pérdida del fuero tiene lugar antes de la apertura del juicio oral.
Además, ha recordado que el TSJA no puede designar magistrado instructor que dicte apertura de juicio oral antes de que los aforados pierdan su condición porque, según dice, "no han sido ni siquiera imputadas". El Fiscal cree que el TSJA debe declarar que no es competente para la investigación y enjuiciamiento de los hechos y asi pueda continuar "sin mas dilación" la juez Alaya su instrucción una vez pierdan su condición de aforados.
Por tanto, el Fiscal andaluz cree que la causa debe escindirse para evitar un "macroproceso" y una "disparatada prolongación de las sesiones del juicio oral". Como Anticorrupción, cree que se debe distinguir entre las ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas y que se hagan piezas separadas por cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa. Igualmente una pieza separada de las sobrecomisiones y, por último, una sobre el procedimiento, que es lo que quería la juez Alaya.