En menos de 48 horas, Mas y el proceso separatista han recibido dos duros rejonazos. A la previsible resolución del Tribunal Constitucional contra la ley de consultas separatista se ha unido este jueves un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, dependiente de la propia Generalidad en contra los presupuestos para la "desconexión" con España pactados por CiU y ERC.
El texto es la respuesta al recurso del grupo parlamentario del PP en Cataluña contra las enmiendas introducidas en la ley de acompañamiento tras el enésimo acuerdo entre CiU y ERC para impulsar el proceso separatista. En concreto, Mas y Junqueras incluyeron activar la hacienda catalana, el inventario de los bienes del Estado en Cataluña, una "sindicatura" electoral para controlar las próximas elecciones autonómicas (las "plebiscitarias" de Mas para el 27 de septiembre), la seguridad social propia, así como los planes para hacerse cargo de las infraestructuras energéticas tras la secesión.
La gestación del pacto entre CiU y ERC en torno a los presupuestos autonómicos del año en curso fue tan compleja que se dilató hasta primeros de febrero y obligó a constantes retoques por parte de Convergencia para dar satisfacción a las pretensiones republicanas. Sobre esos proyectos cuelga, además, el plan que Mas presentó hace unos días con 150 puntos a cumplir antes de las elecciones para, una vez celebradas, negociar con el Estado los términos de la separación y el reparto de activos y pasivos. La ley de acompañamiento de los presupuestos también incluye la creación de una "Autoridad Catalana de la Competencia", así como una ley de seguridad de seguridad nuclear.
El dictamen sobre las "estructuras de Estado" no es vinculante, pero se ha tomado por unanimidad, con el voto a favor incluido de Joan Ridao, exdirigente de Esquerra Republicana, por lo que es improbable, aunque no descartable, que Mas siga adelante con los presupuestos tal como están formulados.