La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha decidido no acudir el próximo viernes a la Diputación Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre el fraude de los cursos de formación. Se niega así a cumplir con la petición que el PP hizo sobre su comparecencia y con el deseo expresado por Izquierda Unida en el mismo sentido. Eso sí, ha ordenado que, en su lugar, intervenga el consejero de Educación, Luciano Alonso, una puerta que dejó abierta la propia IU cuando expresó que la información podría darla la propia presidenta o cualquier otro miembro del gobierno.
Dada la dimensión creciente del escándalo que en los últimos 15 días ha conllevado la detención de más de 60 personas en la Operación Edu-Costa, Carlos Rojas, portavoz del PP en el parlamento andaluz ha exigido que sea la presidenta y no un consejero, quien "dé la cara" y ofrezca explicaciones sobre el fraude generalizado que se adivina tras las conclusiones policiales de que el 87 por ciento de todas las entidades investigadas en el muestreo seleccionado, presentaban elevadas pruebas de irregularidad.
Sin embargo, la Junta de Andalucía ha recordado que es el consejero de Educación la persona "competente" en esta materia. Además ha subrayado que es facultad del Ejecutivo andaluz decidir qué miembro interviene. Curiosamente, para adoptar esta decisión, la Junta alude a su "transparencia, diligencia y claridad para arrojar luz sobre todos aquellos asuntos que la oposición estima oportuno plantear".
Con esta decisión queda totalmente despejada la incógnita. Se creía que el hecho de que el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maillo, exigiera hace dos días que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, compareciera en el Parlamento para dar explicaciones, exigencia ya formulada por el PP andaluz, haría inevitable que la presidenta accediera y fuera a la Diputación Permanente a ofrecer datos y valoraciones.
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz, órgano gestor de la Cámara tras la disolución decretada por Susana Díaz, podría haber decidido que compareciera, pero aunque se creía que la petición podría no prosperar si el informe de los Letrados de la Cámara desaconsejaran tal comparecencia en período preelectoral, ha sucedido que la Junta ha accedido a informar, pero no a que sea la presidenta quien lo haga.