La Generalidad prepara un Banco Central y una "autoridad" electoral para controlar el 27-S

El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ya no cree necesario ocultar sus planes secesionistas. Volvió a insistir sobre ellos hace dos días, cuando anunció un "Plan de infraestucturas" para hacerse cargo de los servicios energéticos y de telecomunicaciones tras la proclamación de la independencia. Ahora y según la televisión autonómica del conde de Godó, el proyecto de Mas no sólo consiste en montar las embajadas y una agencia tributaria, sino que pretende organizar, en siete meses, una unidad antiterrorista de los Mossos, el DNI catalán, una Constitución provisional (que ya no será la del juez Santiago Vidal), una sindicatura electoral, "autoridad" que a falta de ley autonómica debería hacerse cargo del control del 27-S, la nueva Seguridad Social y hasta un Banco Central catalán.

En materia económica, la "idea" es llegar a un acuerdo con las entidades financieras catalanas que facilite la gestión y recaudación de impuestos por parte de la agencia tributaria catalana.

El ambicioso plan de Mas de aquí a las elecciones autonómicas consta en un documento de tan sólo 64 páginas elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), dependiente de la administración autonómica. En gran parte, es fruto de las "aportaciones" de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de los trabajos previos del propio CATN y de las sugerencias del gobierno regional. De las 156 medidas que plantea, 106 deberían estar listas antes del 15 de julio para poder aplicarse después de las elecciones. Así, prevé la constitución de "comité catalanoespañol", en expresión literal, para abordar el traspaso final de competencias.

El documento también repara en las dificultades, de modo que se afirma: "Es muy difícil conseguir una base de datos fiscales propia sin la colaboración del estado español", por lo que aboga por diseñar una estrategia que no concreta para obtener dichos datos.

La Generalidad depende en la actualidad de las inyecciones de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios.