Los gastos de una fiesta en uno de los consorcios escuela que ahora investiga la juez Mercedes Alaya, en el marco de las pesquisas sobre el presunto fraude de la formación, fueron cargados por la Junta de Andalucía a una subvención de 990.000 euros, destinada a impartir cursos de formación.
Según El Mundo, un informe de control financiero de la Intervención de la Junta detalla los gastos irregulares en los que incurrió la Escuela del Mármol del pueblo almeriense de Fines, que forma parte de la red de 14 consorcios creados por el Gobierno andaluz en colaboración con ayuntamientos y que sólo entre 2008 y 2009 recibieron 44,5 millones de euros para cursos de formación. El procedimiento es idéntico al utilizado por la UGT Andalucía, que desviaba dinero de las subvenciones para justificar gastos que nada tenían que ver con la formación de parados.
Por ejemplo, fueron cargados los gastos de la celebración del décimo aniversario de la Escuela del Mármol, que se festejó en 2005. Se descubrió el enjuague porque las fechas de las facturas presentadas para justificar las ayudas no se correspondían con el periodo de ejecución de los cursos subvencionados.
La celebración fue fastuosa porque hay billetes de avión que suman 1.914,05 euros; un catering por valor de 3.600 euros; servicios de taxi de 1.037,90 euros; diversas facturas de alojamiento que ascienden a 8.234,26 euros, y el alquiler de una carpa por 2.842 euros. Además, hay recibos sobre "acciones de difusión y publicidad" de 5.636,67 euros, entre los que se incluyen un catálogo y carteles. En total, 23.264,88 euros cargados de forma irregular a los cursos y sustraído a las acciones reales para la formación de parados, según el informe de la Intervención fechado el 7 de septiembre de 2010.
Pero no fueron los únicos hasta el punto de que los interventores elevan a 212.170,83 euros las partidas que cuentan con una "justificación insuficiente", por lo que proponen su total reintegro. Naturalmente, los interventores afirman que no tienen "la seguridad sobre la correcta aplicación" de los fondos en la subvención de 990.000 euros concedida en 2005 por la Junta al Consorcio del Mármol, en la que el Fondo Social Europeo (FSE) aportaba el 26,69%. Por ello, propusieron "la descertificación comunitaria correspondiente al gasto afectado que asciende a 264.250 euros, porque no se ha cumplido de manera adecuada la normativa europea en materia de justificación de la financiación con cargo al FSE".
El Consorcio del Mármol alegó que el consejo rector reunido el 1 de diciembre de 2004 aprobó los actos conmemorativos. En el consejo rector de todos los consorcios están representados altos cargos de la Consejería de Empleo. En aquella época, el máximo responsable de Empleo era Antonio Fernández, consejero entre los años 2004 y 2010, al que se le acumulan los hechos y las sospechas.
Fernández es uno de los dos imputados por Alaya por la presunta trama de los cursos por prevaricación y malversación. El otro implicado es Ángel Ojeda, empresario de la formación que fue consejero en la etapa de José Rodríguez de la Borbolla como presidente de la Junta.
Las alegaciones del consorcio sobre el visto bueno de los altos cargos de Empleo a la fiesta cayeron en saco roto. "No procede aceptarla -la alegación- porque los gastos se han realizado fuera del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión de la subvención", dice el informe de la Intervención.