A primera vista puede parecer otro de los delirios del proceso separatista, pero la iniciativa de catalogar todos los edificios y bienes del Estado en Cataluña no sólo corresponde a la sectorial de arquitectos y urbanistas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), organización en sus horas más bajas, sino que cuenta con el respaldo de ERC y del gobierno autonómico, que se ha comprometido a enviar al parlamento regional en un plazo de tres meses "una reforma de la ley de patrimonio de la Generalidad para prever los mecanismos de inventario, división y reasignación de los activos y pasivos de las administraciones públicas con presencia en Cataluña en caso de independencia, de acuerdo con los estándares internacionales de la Convención de Viena aprobada por las Naciones Unidas el 7 de abril de 1983", según informa el diario ABC.
Mientras tanto, la ANC elabora el catálogo de instalaciones públicas de titularidad estatal para hacerse cargo de ellas tras una hipotética proclamación de independencia. Se trata del "Inventario por la Independencia" y según el mismo diario "entre los bienes susceptibles de ser requisados por un virtual estado catalán se encuentra la Escuela Judicial, la administración de aduanas, juzgados, la Jefatura Superior de Policía, el cuartel del Bruc, la comandancia militar de Marina o el castillo de Montjuïc, entre otros. Las sedes de las delegaciones del Gobierno en Cataluña, así como los cuarteles de la Guardia Civil y recintos militares están incluidos en ese listado. La ANC propone a la ciudadanía que sugiera nuevos usos para ese patrimonio a través de su web".
Este periódico apunta también que el "Consejo Asesor para la Transición Nacional" (CATN) de la Generalidad ha elaborado un informe titulado "La distribución de activos y pasivos" en el que además de los edificios se incluyen archivos, bienes culturales y patrimonio nacional, así como "todo tipo de bases de datos de hacienda sobre contribuyentes, censos electorales, registro civil, registro de penados, archivos hospitalarios, policiales, de la Seguridad Social, de tráfico, fondos documentales, archivos históricos, expedientes abiertos pendientes de resolución administrativa, etc", afirma el ABC.
El diario independentista El Punt Avui también se hace eco del "catálogo" y aporta la dirección donde los ciudadanos pueden sugerir nuevos usos para los edificios y equipamientos del Estado.