Si durante un tiempo Susana Díaz intentó aparecer como la defensora de la honestidad en la vida pública e incluso llegó a decir que sería implacable contra la corrupción en su discurso de investidura como presidenta de la Junta, sus últimas actitudes distan mucho de cumplir con su promesa. La última contradicción es que, tras prometer insistentemente que no habría imputados en las listas del PSOE, Susana Díaz presentará hoy a un candidato a alcalde que no sólo está imputado, sino pendiente de la celebración de un juicio oral, en libertad provisional y que ha tenido que pagar una fianza de 1,1 millones de euros junto al resto de imputados.
Recuérdese que Díaz dijo que incluso con ser meramente imputados, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los demás aforados socialistas en el caso ERE deberían dejar sus escaños.
Pues Rubén Rodríguez Camacho, secretario general del PSOE de Bollullos Par del Condado (Huelva) y candidato a la Alcaldía, no va a seguir esa vía de apartamiento. Como miembro del anterior equipo de gobierno del exalcalde Juan Carlos Sánchez –expulsado del partido en mayo tras ser inhabilitado siete años por otro caso urbanístico–, el candidato socialista será juzgado próximamente por un delito continuado de prevaricación y dos más contra la ordenación del territorio. Junto a él, se sentarán en el banquillo otros seis exconcejales socialistas.
Expone El Mundo que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la Palma del Condado emitió un auto el 20 de noviembre en el que dicta la apertura del juicio oral y establece para todos los imputados una fianza de 1.106.772 euros. A pesar de todo, el dirigente socialista ha sido designado candidato a la Alcaldía.
Sin embargo, en las propuestas de listas para las elecciones autonómicas del PSOE andaluz no aparecen los cuatro diputados parlamentarios preimputados por la juez Alaya y que Díaz había blindado durante la campaña electoral al incluirlos en la Diputación Permanente del Parlamento. Se trata de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Manuel Recio (Empleo) y Antonio Ávila (Innovación y Ciencia), que compartían el Consejo de Gobierno de José Antonio Griñán con Díaz en su etapa de consejera de Presidencia. El cuarto señalado es Francisco Vallejo, ex consejero de Innovación con Manuel Chaves. Su salida de la Cámara les dejará sin aforamiento y a merced del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el de Mercedes Alaya después de la campaña electoral.
El anterior escándalo de Susana Dïaz fue que, en el último pleno del Parlamento andaluz, los incluyó en la Diputación Permanente para evitar que perdieran su condición de aforados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que la juez Alaya pudiera llamarlos a declarar en plena campaña.