La Guardia Civil confirma la financiación fraudulenta de UGT en Andalucía

Según el atestado remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juzgado de Sevilla que instruye el caso del presunto fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, determinados proveedores del sindicato pagaron un total de 2 millones de euros, concretamente 1,98 millones de euros al sindicato "en concepto de rápel/comisión/descuento". Es lo que la propia UGT llamaba BOTE y para cuyo funcionamiento adecuado redactó incluso un manual.

El funcionamiento esencial del "bote"

-Imposición de descuentos a proveedores por diversos conceptos pero que incluyen la emisión de una factura por disminuirían el coste real para el sindicato pero que no aparecería en las relaciones con la Administración.

- Facturación por servicios no prestados o mercancías no servidas, lo que generaba un saldo a favor del sindicato, el ya famoso "bote". E.dinero de este bote se usaba para otros fines, no los determinados en las facturas.

- Práctica de rápeles desde 2006 por la que se obtenía la devolución de grandes cantidades de dinero que podrían haberse usado en actividades no subvencionables.

En la inmensa mayoría de los casos, estas prácticas eran impuestas por el sindicato UGT de Andalucía a los proveedores que o seguían las instrucciones sindicales o se despedían de contratar con la organización.

En total, 1.986.277,66 euros de beneficio sindical ugetista es lo que suma el atestado de más de 300 páginas y, como se dice en el texto, "habrían permitido a UGT-A utilizar fondos procedentes de subvenciones públicas para formación profesional para el empleo a destinos distintos a los que debían haberse aplicado".

Los agentes señalan que los proveedores "de confianza" del sindicato "para la contabilidad irregular de cara a las justificaciones" y que "realizaban en mayor o menor medida las prácticas del 'rápel' y el 'bote'" eran Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte y Carpetas Abadía.

Los agentes aseguran que "en la práctica totalidad de los casos, el 'rápel' era algo que venía impuesto por contrato por parte de UGT-A a sus proveedores, con las particularidades inherentes a cada uno de ellos en atención a una serie de parámetros tales como volumen de facturación, etc, de ahí las diferencias existentes con cada uno de ellos", lo cual "viene a corroborar lo manifestado por los diferentes trabajadores del departamento de Administración de UGT-A" que han declarado ante la UCO.

Cada vez más claramente se va determinando que era la cúpula sindical de UGT Andalucía con una corte de abogados y asesores la que organizó la trama ilegal.