La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su "entorno familiar".
El grupo Joly ha contado que la instructora, que ha ampliado la imputación a Antonio Fernández por un delito de cohecho por el que ha sido citado a declarar el próximo 3 de marzo, también atribuye la percepción de "dádivas o regalos" al que fuera delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, en este caso con la contratación de un hijo suyo por la empresa Heineken, que recibió ayudas de la Junta por importe de 16 millones y que pagó entre 2005 y 2010 al hijo de Rivas 182.118,88 euros.
El chivo expiatorio "perfecto" que no "canta"
En el caso ERE hay dos chivos expiatorios perfectos en su vertiente política. Uno es el ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, al que la Junta señaló como el responsable de no haber impuesto los controles necesarios. El segundo, es el exconsejero Antonio Fernández García, que aparece en todas las salsas que dieron origen al caso y que, además, emerge como figura relevante también en el caso de la formación. Ambos tienen un considerable número de papeletas para ser considerados ideadores y consentidores del caso antes que los máximos responsables de la Junta a nivel de presidentes y consejeros.
Pero mientras el exinterventor ha denunciado incluso al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, de ser responsable del caso ERE, Fernández no ha abierto la boca sobre si alguien, y quién o quiénes son, le dio las órdenes para hacer lo que hizo.
Antonio Fernández fue durante diez años consejero de Empleo de la Junta y, en calidad de tal e incluso antes, vio pasar ante sí riadas de dinero destinados a ERE y empresas arbitrariamente y sin justificación.. Dado que la juez Alaya lo detuvo, lo encarceló cuatro meses y lo mantiene como imputado en el caso de los ERE y en el de la Formación, Fernández, dado la cuantía de las fianzas se ha quedado sin dinero alguno para afrontar pagos. De disponer de miles de millones a no tener un duro, según su abogado, ha sido su trayectoria en los últimos cuatro años.
Pidió a la juez una pensión de subsistencia
Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, un abogado vinculado históricamente al PSOE de Andalucía, denuncia al grupo Joly que su defendido aparece como condenado, como cadáver, como apestado y que nadie le quiere dar trabajo por lo que está más o menos en la indigencia. Es la argumentación aportada para pedir clemencia humanitaria a la juez Alaya para que le permite disponer de una pensión de 1.800 euros.
Recuérdese que la juez Alaya le impuso la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados: 807 millones de euros. Naturalmente, para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.
Su abogado habla de "penuria" y en un escrito dirigido a la instructora explica que su cliente se encuentra en una situación de "completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos". El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la "benevolente y graciable ayuda" de su más próximos se vería abocado a la "pura indigencia".
Curioso es que mientras que Luis Bárcenas, extesorero del PP, ha pasado 19 meses en prisión preventiva(15 meses más que Fernández) y que su salida ha provocado una reacción airada por parte del PSOE, en el caso de Fernández se considera que su ingreso en prisión acabó con su derecho a la "presunción de inocencia", originó su despido y su ruina.
En el paro y sin prestaciones, su defensa pide la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes de Fernández, 1.840 euros mensuales, y solicita esa cantidad a la juez con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para "alimentación, vestido y consumo básico".
La juez pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma antes de tomar una decisión. La Fiscalía contestó que no tenía inconveniente.