Alaya decreta el secreto de sumario en el caso de los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya, a la que muchos han dado por liquidada ante su traslado a la Audiencia Provincial, ha dado otra vez muestras de gran energía y, además del caso de los ERE, ha ido desmenuzando las piezas del caso de la formación que avisa ya de adquirir las formas de un superescándalo. Hace unos días, LD ya anunció que la Policía, iniciadora del caso en la Operación EDE, había encontrado un nivel de irregularidades del 90 por ciento -el 87% según estas fuentes- en los cursos investigados en las ocho provincias andaluzas.

El País informa de que hay indicios de gran trascendencia que auguran que este caso superará en dinero y en gravedad incluso al propio caso de los ERE. Si en este caso se habla de un fraude global de entre 800 y 1.200 millones de euros, el fraude de los cursos de formación para el empleo destinados a parados y ocupados, puede multiplicar esa cantidad por 4, como mínimo. 3.000 millones apunta ya el diario de Prisa. Igualmente, su nivel de implicación política es muy alta. De momento, ya hay dos ex consejeros de la Junta implicados, como lo son el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado asimismo en el caso de los ERE, y el ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda.

Pero, como en el caso de los ERE, la colaboración de las más altas instancias de la Junta resulta necesaria para explicar lo ocurrido. Si en el caso de los ERE fueron los intereses partidistas y electorales del PSOE los que impulsaron la organización de la trama -tesis de la juez Alaya-, los mismos intereses, muy evidentes, por ejemplo, en el caso de Delphi, son los que impulsaron la irregular gestión de la formación para parados, cursos que se han utilizado para favorecer las empresarios amigos, a ayuntamientos con gobiernos socialistas, a consorcios dominados por el PSOE o a colectivos de interés electoral preferente.

Secreto parcial del sumario

Alaya ha decretado el secreto parcial del caso que instruye sobre las ayudas a la formación de la Junta de Andalucía ante la "gravedad" de las "bolsas de fraude" que ha detectado en entes propios de la Junta, en los consorcios, en "entramados empresariales" del sector -donde encuentran cabida los casos ya comprobados de la Operación policial EDU-, y en las ayudas a Delphi, cuatro líneas de investigación. Con ello, trata de que la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil complete sus investigaciones y se eviten manipulaciones, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba.

La agencia EFE explica que la instructora ha confirmado que existen varias "bolsas de fraude", una de ellas relacionada con "entramados empresariales beneficiados" con "importantes" subvenciones, algunos de cuyos empresarios tenían relaciones con cargos de la Administración, reproduce la juez. Algunas de estas "bolsas" fueron identificadas por funcionarios de la propia dirección general de Formación y por el ex responsable encargado de la formación en la Junta, Teodoro Montes.

También ha detectado "fraudes en los Consorcios entre administraciones", que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas. Recuérdese el caso del Consorcio Formades de Almonte que compró una yegua alemana con los dineros destinados a la formación.

Muy presentes tiene la juez las declaraciones ante el juzgado y la Guardia Civil del testigo protegido Teodoro Montes y las declaraciones en sede policial de funcionarios de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo.

También ha usado la documentación y el testimonio de la dirección general y de la Intervención General sobre los expedientes de reintegros de ayudas a la formación concedidas así como el informe de la Cámara de Cuentas de mayo de 2014 que mencionaba presuntas irregularidades con las "importantes subvenciones" concedidas a empresas y fundaciones. Recuérdese que el director general de Formación nombrado en octubre de 2013, Carlos Cañavate, ya dimitido, dijo en sede policial que, cuando tomó posesión del cargo, había 950 millones de euros sin justificar en subvenciones para acciones formativas.

El escándalo de la formación

Conocida popularmente como "el fondo formación", la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida, fue centro de atención de la juez Alaya desde el principio y preguntó a Montes si financiaba al PSOE, para "la supuesta formación de extrabajadores" de Delphi y su contratación. La FAFFE tenía entre sus empleados a una gran cantidad de ex alcaldes, concejales y familiares de personas afiliadas al PSOE como consta en la relación de "enchufados" publicados por Libertad Digital durante años.

La juez subraya que se creó en 2003 como fundación privada y con el titular de la Consejería de Empleo como presidente, pero que con el tiempo llegó a convertirse en un instrumento de la Administración y del Servicio Andaluz de Empleo "de dimensiones extraordinarias", con miles de empleados que cobraban sueldos muy elevados respecto a los de otros departamentos públicos.

Su financiación exclusiva por el SAE conllevó "graves irregularidades" como las de Delphi y otras dos nominativas en 2009 y 2010 por 49,8 millones de euros, que carecían de justificación adecuada, según la juez.

La juez ha pedido además la fecha de apertura, titularidad y personas autorizadas en las cuentas corrientes de la Faffe para hacer un estudio del flujo de dinero que recibía del erario público y comprobar si su destino era el legalmente previsto. Y por si fuera poco, añade El País, pide a la Junta la relación de todos los dirigentes y empleados de la Faffe, sus actas, presupuestos, contabilidad y las resoluciones de las ayudas recibidas, entre otros aspectos.

Un mes de secreto parcial

Alaya ha justificado el secreto parcial acordado en la necesidad de evitar "interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de la investigación" de la UCO y cree que la medida, acordada en principio por un mes, es "totalmente proporcional a la gravedad de los hechos". Diario de Sevilla explica que la juez quiere evitar que el conocimiento de las investigaciones "pudieran llevar a terceras personas a la manipulación, pérdida o destrucción, de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial".