Susana Díaz dijo a bombo y platillo, y con el fin de diferenciarse de otros partidos y de otros políticos dentro de su partido, que "cualquier persona" que resultase imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "va a tener que dejar el escaño", si bien, como es conocido, el escaño pertenece al diputado o senador y sólo él puede decidir si lo deja o no. Cuando fue preguntada si se refería a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentenció: "Me estoy refiriendo a todos". Pero no lo ha hecho a pesar de que ambos son considerados imputados por el Tribunal Supremo.
Las declaraciones de Susana Díaz tuvieron lugar cuando la Fiscalía General del Estado pedía al Supremo que investigase a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y añadió: "Creo que la gente ya no está para palabras, que las palabras no se las cree nadie, que lo que quiere son hechos, y eso es lo que yo voy a hacer en Andalucía". Y por ello, anunció la decisión de que cualquier persona de su partido que resultase imputada por el Supremo o el TSJA tendría que dejar el escaño. "Y esto que anuncio aquí, se lo diré yo, se lo explicaré personalmente a ellos", apostilló Díaz.
Ya tiene ocasión la presidenta andaluza y líder del PSOE andaluz de aplicar su propia doctrina porque en un auto dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) el pasado 21 de enero admitiendo la personación del sindicato Manos Limpias, del PP andaluz y la asociación Pro Justicia Siglo XXI da por imputados a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la causa de los ERE fraudulentos. Esta Sala ya decidió el pasado mes de noviembre abrir un proceso contra ambos y contra los también aforados Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, a los que también considera imputados.
Recuerda oportunamente Diario de Sevilla que esta causa se inició a partir de la "exposición razonada" remitida por la juez Mercedes Alaya en relación con las diligencias previas 174/11, incoadas en relación con el proceso de concesión de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta ente los años 2000 y 2012.
Y en el documento se dice textualmente que en la investigación "se encuentran imputados, entre otros, Manuel Chaves, José Antonio Viera Chacón y Gaspar Zarrías, diputados en el Congreso, y José Antonio Griñán, senador de las Cortes Generales, en la presente X Legislatura".