El pacto de Estado contra el yihadismo empieza a desperezarse. El Congreso de los Diputados ha sido este jueves el escenario de los primeros contactos formales entre el Ministerio del Interior y los grupos parlamentarios, después de más de una semana de contactos telefónicos infomales, para llegar a un acuerdo sobre las nuevas medidas legales a adoptar ante las particularidades que supone la amenaza yihadista.
Sobre la base de un texto inicial, calificado de propuesta y que no tiene rango siquiera de borrador, pero basado en las famosas doce enmiendas sobre terrorismo que el PP había presentado a la reforma del Código Penal, el Gobierno está conversando con los partidos sobre las modificaciones que está dispuesto a aceptar y las aportaciones que serían bien recibidas para limar el documento de trabajo y que pueda ser apoyo por el mayor número de partidos del arco parlamentario.
El principal escollo al que se enfrenta este pacto de Estado está en las diferencias que mantienen Ejecutivo y PSOE a cerca de la prisión permanente revisable, una enmienda en la reforma del Código Penal que fue aprobada ayer en la Cámara Baja con el único apoyo de la mayoría absoluta de los populares y que los socialistas no quieren que aparezca ni por asomo en el articulado final de la propuesta de ley orgánica que se deberá registrar en el Congreso.
"La prisión permanente revisable no es un tema menor para nosotros, es fundamental, una línea roja", ha dejado claro el portavoz socialista en la Comisión de Justicia, José Enrique Serrano, después de reunirse con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, que encabezan la delegación del Gobierno en las conversaciones.
Los socialistas quieren que el termino prisión permanente revisable no aparezca como tal en la redacción final de la propuesta de la ley orgánica y prefieren que se haga una alusión genérica al artículo del Código Penal que se debe cumplir según el delito. Populares y Gobierno creen que la redacción de la ley debe incluir de forma precisa la pena que corresponde a cada delito para que no haya ningún tipo de indefensión legal.
Pese a esto, ambas partes mostraron su disposición al diálogo. El PSOE se ha mostrado muy esperanzado en llegar a un acuerdo rápido que permita que la proposición de ley orgánica sea debatida en la Cámara en la segunda semana de febrero. El número dos de Interior ha asegurado que "vamos a apurar el diálogo y las opciones de consenso" y ha calificado esta línea roja para el PSOE como un "escollo salvable".
También UPyD se ha mostrado favorable al acuerdo. Su portavoz en el Congreso, Rosa Díez, ha criticado las formas en las que se inició el pacto de Estado, con un reunión únicamente con representantes de PP y PSOE, pero ha asegurado que "lo superaremos por el fondo", en alusión a la importancia del tema que se está tratando. De acuerdo con el grueso del texto presentado por el Gobierno, sí ha pedido que vaya acompañada de una dotación presupuestaria complementaria. "Si no hay más inversión en recursos humanos y técnicos no hacemos nada", ha añadido.
Diferente ha sido la actitud de PNV y CiU. Ambos han mostrado su apoyo a alcanzar un acuerdo, que no un "pacto de adhesión". Los nacionalistas vascos han dicho que no tienen prisa por llegar a un acuerdo como tampoco el Gobierno tiene prisa en negociar el final de ETA, mientras que CiU ha aprovechado para exigir el acceso de los Mossos d' Escuadra a todas las bases de datos policiales.
Los representantes del PP en la negociación, Conrado Escobar y José Miguel Castillo, han afirmado que otros partidos políticos como Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro o Foro Asturias han mostrado su disposición a sumarse al pacto de Estado, al tiempo que han explicado que se espera que el lunes todos grupos políticos hagan llegar al Gobierno sus aportaciones y modificaciones a fin de que para el martes o miércoles de la próxima semana se pueda redactar un borrador definitivo.