Así ocurrirá necesariamente si Susana Díaz convoca anticipadamente las elecciones para el día 22 de marzo puesto que el Tribunal Supremo, a través del instructor del Caso de los ERE Alberto Jorge Barreiro, tiene previsto tomar declaración a las personas aforadas implicadas, entre ellas a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el próximo mes de febrero. Sin embargo, las fechas podrían verse alteradas por la decisión del Alto Tribunal de no interferir en el proceso electoral, si se produce.
Según EFE, el interrogatorio de los ex presidentes tendrá lugar cuando el instructor termine de ordenar el sumario, confuso y complejo, ha dicho, remitido por la juez Alaya. En cuanto separe los hechos que pueden afectar a los dos ex presidentes de la Junta y otros aforados, podrá limitar la investigación relativa a ellos apuntándose con seguridad un delito de prevaricación aunque se considera precipitado señalar otros posibles delitos. La decisión sobre pedir o no el suplicatorio podría retrasarse hasta marzo, preferiblemente tras las elecciones andaluzas, pero igualmente en los aledaños de la campaña si es anticipada.
Recuérdese que, además de Chaves y Griñán, están implicados en el caso ante el Supremo los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías (diputados) y Mar Moreno (senadora).
El Supremo recibió a comienzos de enero una copia de los 140.000 folios en 243 tomos que recogen todas las investigaciones que en el citado sumario ha llevado a cabo la juez Mercedes Alaya, un material del cual la instructora no ha separado pieza alguna en relación con los aforados.El Supremo quiere crear una pieza sobre los hechos en los que se implica a las personas aforadas, centrados en si se promovió desde la Junta de Andalucía un procedimiento "ad hoc" para los ERE, procedimiento que podría haber facilitado el fraude.
De momento, ni siquiera se sabe si realmente existen delitos e indicios que impliquen en ellos a los aforados. El instructor dará traslado de la nueva pieza con los hechos que les afectan a los implicados y acusaciones antes de que comparezcan ante él. Tras su interrogatorio el instructor llamará a varios peritos para que ratifiquen ante el juez y las partes sus informes, diligencia que no ha llevado a cabo la juez Alaya y que debe ser cumplida.