En el Gobierno de la Comunidad de Madrid dicen no salir de su asombro: "No ha habido ningún registro". Según afirman, el juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, solicitó unos contratos "que se le han entregado con toda normalidad". A tal efecto, agentes de la Guardia Civil acudieron a instalaciones de la comunidad. "No duró más de 15 minutos", zanjaron las fuentes consultadas por este diario.
Desde el Ejecutivo se declararon dispuestos a colaborar con la Justicia y aclararon que los contratos requeridos, en los que está implicado el empresario Alejandro de Pedro -presunto cabecilla de la trama Púnica- no son sobre "reputación" sino relativos a "seguimiento on-line". Todos ellos están "firmados y fiscalizados" por lo que el propio Salvador Victoria -portavoz del Ejecutivo, señalado por el diario El País en una información- ha negado de forma tajante irregularidades.
Victoria confirmó contactos con De Pedro y que, en mayo, existía una deuda de unos 10.000 euros con su empresa por motivos de tesorería, pero las fuentes consultadas reiteraron la legalidad del trámite. Aún más, recalcaron que las facturas "están emitidas y no abonadas". "Es ridículo que esa deuda sea abonada por un tercero, y no solo eso: sigue existiendo y sigue siendo objeto de reclamación por parte de la empresa", en palabras de Victoria.
"Inicialmente se debió a un problema de tesorería ajeno a mi consejería, pero a raíz de que se conociera la Operación Púnica a finales de octubre di orden expresa de que no se pagara esta empresa", resumió el número dos de la Comunidad en unas recientes declaraciones públicas.
Desde el Gobierno autonómico se lamenta que "sin pruebas" se esté apuntando a Victoria, que este jueves participó en la reunión semanal del Ejecutivo "con total normalidad". "Hay secreto de sumario y nosotros estaremos a lo que diga el juez", apuntaron las citadas fuentes.