Ya son 322 familias las que han solicitado al Ministerio de Educación una compensación económica por tener que matricular a sus hijos en un colegio privado en Cataluña al no ofertar educación en castellano ningún centro público de su zona.
El plazo no está cerrado ni mucho menos, sino que permanece abierto durante todo el curso para todo aquel que se encuentre en la misma situación y que quiera recurrir a este mecanismo -previsto en la Lomce- pueda hacerlo. Las 322 solicitudes se encuentran en fase de estudio para comprobar que cumplen con los requisitos para poder optar a esa cantidad.
Desde el departamento que dirige Jose Ignacio Wert vuelven a "instar a la Generalidad a que cumpla con la Constitución y las sentencias del TSJC" que establecen que el castellano también debe ser lengua vehicular en esta comunidad autónoma, ofertándose en una proporción razonable. Recuerdan que ésta es una "medida excepcional" creada porque "el ministerio no va a dejar que nadie deje de estudiar en castellano" si así lo desea, señalan a LD.
Sin embargo, la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha reducido a cinco los niños cuyas familias han pedido la enseñanza en castellano, tres de los cuales no cumplirían las condiciones para serles otorgada una compensación de 6.000 euros por tener que escolarizarse en un centro privado, según dice.
Rigau ha atribuido las diferentes cifras que ha facilitado en las últimas semanas el Ministerio sobre este tema a una "batalla política" en la que el PP intentaría "arrebatar a Ciutadans su tema estrella, la enseñanza en castellano, para conseguir rentabilidad política". Otra cosa es que el Ministerio de Educación y también el Departamento de Enseñanza de la Generalidad hayan recibido, efectivamente, decenas de solicitudes, algunas en listas enviadas por diversas asociaciones, ha explicado la consejera. "Pero la mayoría de estas peticiones no cumplen los requisitos", ha asegurado Rigau, porque se refieren a casos de alumnos de guarderías o de universidades, etapas educativas no obligatorias y, por tanto, no contempladas como susceptibles de ser compensadas por la Lomce.
La Lomce establece en su disposición adicional 38 que aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente, puesto que estos costes se descontarán después a la comunidad autónoma de la financiación educativa. No obstante, el límite que pagará la administración será el coste del alumno en la escuela pública; si el coste del colegio privado es superior al coste de la plaza en un centro público y la familia justifica que no existe otro centro privado más barato en la zona donde reside, la Administración General del Estado adelantará la totalidad del dinero, que luego descontará a la comunidad autónoma. Si la familia no lo justifica deberá hacerse cargo de la diferencia.
En el mes de noviembre, en respuesta al grupo parlamentario de UPyD, el ministerio explicó que estos precios en las regiones con lengua cooficial son los siguientes: Baleares (6.746 euros), Cataluña (6.003), Comunidad Valenciana (5.781), Galicia (7.104), Navarra (8.352) y País Vasco (10.134).