La Generalidad trata como "casos aislados" el medio centenar de denuncias por la inmersión lingüística

El departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña se ha especializado en incumplir las leyes educativas, desobedecer las sentencias sobre la enseñanza en español y en tirar por la borda millones de euros de financiación, sea europea o del Ministerio de Cultura. Así lo ha puesto de relieve una pregunta de la diputada del PP María José García Cuevas en el parlamento catalán sobre la aplicación en la comunidad autónoma del programa estatal de Formación Profesional Básica, la propia LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) y sobre las 53 reclamaciones judiciales que se han presentado, por el momento, por vulnerar los derechos lingüísticos de los alumnos.

En este último caso, la Generalidad se niega a que en los centros públicos se enseñe también en castellano y prefiere aplicar la inmersión forzosa, a pesar de fallos como el último del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que se condena a la administración autonómica al pago de una indemnización de tres mil euros tras la denuncia de unos padres. La sentencia estima que se perjudicó a una niña al retrasar su aprendizaje y someterla a un sobresfuerzo innecesario.

Sin embargo, la consejería de Irene Rigau (denunciada también por abrir los centros públicos para la votación del 9N) replica que los padres que solicitan la escolarización también en español de sus hijos son "casos aislados" y que la inmersión en las escuelas es "intocable".

Prueba de que a la Generalidad sólo le interesa el mantenimiento a toda costa su procedimiento "educativo" y la erradicación del castellano en los colegios es su falta de atención a otros aspectos de la enseñanza como la formación profesional. Así, la Generalidad acaba de renunciar a 3,5 millones de euros por no ceñirse a los criterios mínimos fijados por el ministerio. Así, se aprobó dicha cantidad para financiar la nueva FP a través del Fondo Social europeo. La partida, correspondiente al ejercicio pasado, no se abonó porque en la consejería de Rigau se prefirió organizar un programa de formación alternativo saldado con un fracaso.

Los fondos europeos preveían que 680 alumnos se acogieran en 2014 a la FP básica diseñada por el Ministerio. La Generalidad, en cambio, optó por un modelo "experimental" en sólo cuatro colegios, con 54 alumnos y al margen de cualquier requisito legal, procediera de Madrid o de Bruselas, lo que provocó la anulación de la partida presupuestaria.

Sin embargo, eso no supone ningún problema para el gobierno de Mas, empeñado en la construcción de su Estado y quien segun la diputada García Cuevas está dispuesto a perder más de cien millones de euros para la enseñanza por negarse a aplicar la Lomce en Cataluña. Además y a su juicio, son muchos los padres que se sumarían a las denuncias por la inmersión lingüística pero no lo hacen por miedo a las represalias contra sus hijos.