La Dirección General de Tráfico (DGT) mantendrá su propuesta de subir la velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autovías y autopistas y bajarla en las carreteras secundarias, ya que ha sido consensuada hasta dos veces en el Consejo Superior de Tráfico, integrado por distintas administraciones y entidades sociales y profesionales.
Así lo ha asegurado a Efe la directora general de Tráfico, María Seguí, después de que se haya hecho público el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Reglamento, en el que este órgano consultivo entiende que el texto "ha de ser reconsiderado". Ha explicado que el Consejo de Estado recoge en el grueso de su informe algunas observaciones sobre el cambio en los límites de velocidad, pero no las incluye en la consideración final del mismo ni en las cuatro cuestiones del proyecto que pide sean tenidas en cuenta.
De todos modos, la máxima responsable de la DGT ha querido dejar claro que, además del consenso alcanzado en el Consejo Superior tras año y medio de debate del texto con todas las partes implicadas, la propuesta de modificación de las velocidades máximas está avalada por las cifras de siniestralidad registradas en las carreteras. Ha recordado que la mortalidad está bajando en las autovías y autopistas, mientras que crece en las carreteras secundarias, donde se produce el 80 por ciento de las muertes en accidente de circulación.
Cree María Seguí que se han "sobrevalorado" algunos comentarios del informe del Consejo de Estado y sacado de contexto, lo que ha generado mucho "ruido", si bien este órgano sólo ha planteado observaciones de "orden menor", como figura en la consideración final de la última página del informe.
Unas observaciones que se refieren a los artículos relacionados con los peatones, las bicis, el concepto de drogas, los límites de velocidad en las ciudades, la formación y titulación del personal auxiliar y los seguros obligatorios.
Tráfico, ha dicho Seguí, está obligado a realizar una reflexión adicional sobre esas consideraciones finales y las responderá, pero en algunos aspectos, como el consumo de drogas, no será posible porque ya está recogido en la Ley de Tráfico aprobada hace unos meses. "El Reglamento no impone nada que no esté recogido en la Ley", ha subrayado Seguí antes de reiterar que su departamento no tiene intención de modificar su propuesta sobre los límites de velocidad.
María Seguí ha insistido en que la única herramienta, consensuada además con todos los organismos implicados, para reducir la siniestralidad en las carreteras secundarias es rebajar los límites máximos de velocidad.
Aunque algunos organismos consultados han manifestado que esas vías se han diseñado para los límites actuales, María Seguí ha señalado que "diseño y realidad no son concordantes" y que lo que debe primar es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La directora de Tráfico ha explicado que aunque la primera versión del Reglamento de Circulación la redactó su departamento, cuando el texto se elevó al Consejo de Estado había sido sometido a consulta pública durante año y medio y a un debate abierto incluso en la web del departamento.
Un periodo de consultas que "ha beneficiado a la calidad del producto" y al que han concurrido todos los organismos, entidades y administraciones que han querido, tanto los que forman parte del Consejo Superior de Tráfico como los que no. Precisamente, los borradores se han discutido en el plenario de este órgano, donde se ha consensuado el texto que llegó al Consejo de Estado.
Respecto a las críticas sobre una posible invasión a la autonomía local al regular algunas cuestiones como la velocidad en las ciudades o el uso de la bicicleta, Seguí ha dicho que el Reglamento "se ajusta a una nueva realidad social" y ofrece un marco de referencia a toda la ciudadanía que circula en el entorno urbano".
Asimismo, ha indicado que todos los ayuntamientos que han querido han podido presentar sus alegaciones, por lo que ha considera injustas algunas de las críticas que se han vertido en este sentido.
María Seguí ha aprovechado para resaltar la "profesionalidad" de los trabajadores de la DGT y la buena intención de la reforma del Reglamento, cuyos "beneficios" podrán comprobarse cuando la norma entre en vigor.