Nadie sabía por qué la juez Alaya había dejado de ir a los juzgados durante semanas, con contadas excepciones, pero ahora se ha aclarado. La juez ha estado redactando una nueva exposición razonada que enviará próximamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA- sobre cuatro ex consejeros. Pero además ha estado ampliando el informe que remitió al Supremo sobre Manuel Chaves, José Antonio Griñán y tres aforados más, un informe que reafirmará la responsabilidad penal de todos ellos en el mantenimiento del "fondo de reptiles" y el partidismo en el uso del dinero público.
Al parecer, la juez tiene ya los indicios suficientes para abordar partes no desveladas del caso tras haber requerido a la Junta de Andalucía los informes de la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía de 2005 a 2007 sobre irregularidades de las empresas públicas dependientes de la administración andaluza. la juez no conocía cuando envío su informe al Supremo las actas de los "consejillos" del entonces mano derecha de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, con los viceconsejeros, actas que podrían demostrar que el gobierno andaluz se negó varias veces a regular las ayudas de los ERE.
El Mundo destaca que, tras su análisis, la juez ha visto reforzada su tesis de que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex vicepresidente Gaspar Zarrías, cuando menos, idearon y ampararon el método que permitía manejar fondos públicos con discrecionalidad haciendo primar el interés partidista al interés común. Por ello, la juez ha estado determinando el paralelismo entre el comportamiento de la Agencia IDEA y el de otras empresas públicas.
Por tanto, la ausencia de la juez de su despacho ha estado motivada por la tarea de reunir más indicios contra estos aforados, especialmente contra los dos ex presidentes y contra el ex vicepresidente Zarrías. La juez quiere demostrar al Supremo la existencia de "directrices" para mantener un sistema ilegal de uso de fondos públicos pese a las advertencias de los técnicos y los interventores.
El incumplimiento de la normativa contable en el registro de las ya famosas "transferencias de financiación" se daban, no sólo en la agencia IDEA y el caso de los ERE sino en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales en 2004. Igualmente, se daban en la empresa pública Extenda en 2005.
Estos nuevos indicios vendrían a apuntalar la hipótesis de la juez de que el caso ERE no fue un ‘incidente’ aislado en la Consejería de Empleo y en la Agencia IDEA sino que el mal uso de las transferencias de financiación estaba generalizado en la Junta de Andalucía, a pesar de las advertencias. De ahí la importancia de la ampliación que la juez está preparando para el Tribunal Supremo que favorecerá la elaboración del informe sobre los consejeros imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.