La decena de asesinatos que Bolinaga deja sin esclarecer

La muerte de Bolinaga deja una decena de asesinatos sin aclarar, según ha recordado poco después de conocerse la noticia el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, cuya fundación ha investigado sobre los casos que podría haber ayudado a resolver el terrorista.

Gracias a las pesquisas de la Audiencia Nacional a petición de las víctimas, se consiguió reabrir un caso sobre el que había suficientes datos como para apuntar a que la autoría del mismo podría haber correspondido a Bolinaga: el del asesinato en Mondragón en junio de 1986 del guardia civil Antonio Ramos Ramírez, que volvió a llevar al etarra al banquillo. La causa pudo reabrirse al encontrarse un informe del Instituto Armado, que estuvo en poder del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desde el año 1998 y que, sin conocerse las causas, nunca llegó al juzgado donde está abierta la causa por el asesinato del agente.

El estudio elaborado por los miembros de la Audiencia Nacional fue utilizado por el presidente de Dignidad y Justicia para realizar un artículo en la revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la entidad que actualmente preside María del Mar Blanco, en la que se aseguraba que el terrorista fallecido podría ayudar esclarecer hasta una decena de esos asesinatos que todavía están sin resolver.

Además del asesinato del agente Ramos Ramírez, también podría haber ayudado a aclarar otros cuatro asesinatos que todavía no están prescritos, y que son los del policía nacional Modesto Rico Pasarín (asesinado en Bilbao el 17 de febrero de 1997), el del empresario Francisco Arratibel Fuentes (cometido en Tolosa el 11 de febrero de 1997), y los de los dos ertzainas Ignacio Mendiluce Etxeberri y José Luis gonzález Villanueva (en Isasondo el 10 de diciembre de 195)

Por otro lado, aunque ya están prescritos, también podría haber facilitado información clave sobre los atentados que acabaron con la vida de Juvenal Villafañe García (asesinado en Andoain el 16 de septiembre de 1993), los de los dos guardias civiles Ignacio Mateu Istúriz y Adrián González Revilla (entre Arechavaleta y Ordicia el 26 de julio de 1986), el de Alejandro Sáenz Sánchez (el 30 de diciembre de 1985 en Lasarte), y el del guardia civil José Expósito Afán (asesinado el Eibar el 4 de agosto de 1985).