El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha trasladado este martes a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las declaraciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien afirmó que es el momento de dar "jaque mate" a la Guardia Civil, por si constituyeran delito.
Hasier Arraiz hizo estas afirmaciones en referencia a la operación desarrollada por la Guardia Civil contra el colectivo de abogados presos de ETA y su entramado económico que se saldó con 16 detenidos. El dirigente de Sortu también aseguró que se está frente a "un Estado terrorista".
El delegado del Gobierno en el País Vasco quiere que la Justicia analice si ambas afirmaciones pudieran constituir un delito contra las instituciones del Estado recogido en el artículo 504.2 del Código Penal.
Este anuncio se ha producido después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya anunciado que daría traslado de estas palabras a la Fiscalía por si tales afirmaciones constituyen un delito.
"Tildar de Estado terrorista al Estado de derecho y hablar de dar jaque mate a la Guardia Civil, viniendo del portavoz de un partido heredero de formaciones ilegalizadas por formar parte de ETA, se convierten en ataques y amenazas de tal gravedad que no pueden ser despachados como una mera crítica política y merecen la respuesta que el Código Penal señala para estos casos", ha enfatizado Urquijo.
El delegado del Gobierno en el País Vasco también ha argumentado que "la discrepancia radical con una actuación del Estado de derecho no puede servir nunca de excusa para la injuria ni para la amenaza" y ha asegurado que tales afirmaciones no pueden "quedar impunes".
Además ha recordado que las detenciones llevadas a cabo ayer "no son fruto del capricho de nadie, sino la consecuencia de un intenso trabajo de las fuerzas de seguridad y ordenadas por el titular del Juzgado número seis de la Audiencia Nacional."
"Nadie está por encima de la ley", ha reiterado Urquijo, quien ha indicado que los representantes políticos deben dar ejemplo a la ciudadanía en el cumplimiento de la legislación.
En una entrevista radiofónica, el ministro de Interior habló del posible traslado de las declaraciones a la Fiscalía por si hubiera delito: "Creo que lo son, pero no me corresponde decirlo y me parecen profundamente ofensivas", dijo antes de destacar que "durante décadas" ha sido ETA quien ha "pretendido hacer jaque mate a la Guardia Civil y la Policía". Doscientos guardias civiles y 150 policías nacionales "han muerto en defensa de las libertad en la lucha contra ETA", remachó.
Fernández Díaz también aseguró que esas palabras le "revuelven" las tripas y dejó claro que el Gobierno no va a llevar a cabo lo que el entorno de ETA llama "repliegue" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco, porque Policía y Guardia Civil tienen una misión que cumplir en todo el territorio nacional y porque si ETA está como está, como un "peso muerto al que sólo le falta expedir el certificado de defunción", es precisamente por el despliegue de las fuerzas de seguridad.
El ministro también subrayó que en la operación de este lunes "lo sustancial" es la presunta integración en banda armada de los detenidos -a los que se acusa de transmitir las consignas de la banda a los presos- y que "adicionalmente" se comprobaron delitos de blanqueo y contra Hacienda.