Suspendido del cargo un miembro de la Ejecutiva de Díaz "por un papel"

Un miembro de la Ejecutiva de Susana Díaz, Rogelio Mena, se sentará en el banquillo acusado de un delito contra el ejercicio de los derechos civiles del artículo 542 del Código Penal. La Fiscalía solicita una condena para el regidor socialista de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y el pago de las costas procesales. Según el Código Ético en vigor en el PSOE, Mena deberá dimitir a pesar de que Susana Díaz ha dicho ya que el caso no tiene importancia porque es por un "papel".

El juez del Mixto 3 de Huércal Overa, Fernando Ruiz-Rico, ha dictado auto de apertura de juicio oral, señalando que el órgano competente para ello serán los de Penal de Almería. En ese mismo sentido señala que contra el mismo no cabe recurso.

El auto, de 17 de diciembre, atiende los términos de la querella presentada por el Ministerio Fiscal a instancias del concejal del PP del Ayuntamiento de Albox, Juan Pedro Pérez Quilez, quien denunció que no se le facilitaban varios expedientes relativos a la contratación de unas obras y al pago de las mismas con el Plan de Proveedores.

En la actualidad Mena, informa Noticias de Almería, tiene su cargo en la Ejecutiva de Susana Díaz en "suspenso". Sorprendentemente, hace una semana antes la propia secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, negó que el asunto fuera importante, y argumentó que sólo se trataba de un enfrentamiento entre un alcalde y un concejal por un papel.

Sin embargo, Mena, que acaba de ser designado candidato a la Alcaldía por el PSOE de Albox, es quien ha pedido la dimisión del presidente de la Diputación, alcalde de Roquetas y presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, por estar imputado junto a su equipo de Gobierno y dos técnicos, por dar licencia de obras a diez viviendas unifamiliares en la zona de la Fabriquilla, con informes técnicos favorables y otro pericial del Colegio de Arquitectos, igualmente positivo.

El código ético del PSOE exige su dimisión

En efecto, en los puntos 12 y 13 de dicho Código Ético aprobado hace tres meses se dice lo siguiente:

12. Presentaré mi dimisión inmediata si, ejerciendo cargo público u orgánico, se me abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave. Asumo que de no hacerlo se me suspenderá cautelarmente de militancia y podría resultar expulsado.

13. Si ejerciendo cargo o responsabilidad pública se me imputa por resolución judicial, daré cuenta de las acusaciones ante la Comisión Ejecutiva Federal.

Recuérdese que la propia Susana Díaz ya se saltó este código al exigir a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, la dimisión en el caso de ser imputados sin esperar a la fijación de fecha para el juicio oral. Ahora, considera que el delito de su estrecho colaborador no debe ser grave por lo que no ha exigido su dimisión hasta el momento.