El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha subrayado este martes que "no es posible que en un mismo país" el que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, "no fuera sometido a juicio" en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular, y sí "la ciudadana Borbón" en el caso Nóos, en referencia a la infanta Cristina, pese a estar sometidos ambos "a una misma normal procesal".
Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en IB3 Ràdio, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que no descarta recurrir el auto de apertura de juicio oral que el juez José Castro prevé dictar antes de Navidad, en caso de que el objeto del mismo "se exceda" en lo que a la aplicación de la doctrina Botín se refiere.
En concreto, esta "mal llamada" doctrina Botín, ha apuntado Horrach, impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido. Ni Ministerio Público ni Agencia Tributaria apuntan a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del rey Felipe VI.
El representante del Ministerio Público ha recalcado que esta doctrina se refiere al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular. "La LeCrim es imperativa, algo que parece que hemos olvidado. El proceso penal tiene que ser igual aquí que en Badalona", ha espetado.
Al ser preguntado sobre cuál será el papel de la Fiscalía en caso de que Castro abra juicio oral contra la infanta, Horrach ha señalado que "la instrucción no se ha cerrado ni el juicio ha empezado". No obstante, ha subrayado que la posición del Ministerio Fiscal "va a ser la misma" y pasará por solicitar la absolución de la duquesa de Palma si finalmente se sienta en el banquillo de los acusados. "Desde el minuto 1 hemos sostenido que no hay indicios suficientes".
"Jamás una imputación por ser mero socio"
De hecho, ha recalcado que "no ha habido jamás una imputación en la historia de la Fiscalía a alguien por ser mero socio de una mercantil, ningún caso", refiriéndose así al motivo por el que Manos Limpias solicita ocho años de cárcel para la Infanta: haber contribuido a que su marido, a través de Aizoon -de la que ambos son copropietarios- pudiera defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF del 2007 y el 2008.
Y ello al facturar a través de la mercantil del matrimonio, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
"El hecho de ser socio es irrelevante penalmente, se trata del ejercicio legítimo de un derecho del que no pueden extraerse consecuencias penales", ha incidido el fiscal, quien ha subrayado que "a las personas se las castiga por lo que hacen, no por lo que son, y a la infanta se la imputa en base a meras sospechas o conjeturas. Si pudo saber o conocer, también pudo no saber y no conocer".
"Miserable" que se le acuse de "recibir órdenes"
El fiscal anticorrupción ha tildado de "miserable" y de "exceso mediático" que se le acuse de "recibir órdenes" a raíz de su actuación en el caso Nóos. Horrach ha manifestado que su postura ha sido "coherente desde el minuto 1" y siempre ha postulado que "se necesitan indicios que sustenten una imputación". "Con ello se me ha llamado abogado defensor de la Infanta y se me ha criticado mantener una postura activa en defensa de su posición", ha incidido.
Horrach ha recordado que ya en 2012 Manos Limpias solicitó la imputación de la Duquesa y tanto el juez José Castro como la Audiencia Provincial de Baleares rechazaron la petición, sin que se produjera ninguna "resonancia mediática" ni "nadie se pusiera las manos en la cabeza", mientras que en 2013, cuando el magistrado "cambió de criterio" y acordó su encausamiento, "parecía ir contra la legalidad que la Fiscalía se opusiera a la imputación".
"Los medios sólo han transmitido una cara de la misma moneda", ha insistido el Ministerio Público, recordando como ejemplo una jornada de declaraciones en la que un perito de Manos Limpias "se autocalificó de mercenario y reconoció que las tesis de Hacienda -que sostiene que la Infanta no participó en los presuntos delitos fiscales cometidos por su marido- eran ciertas, pero casi ningún medio se hizo eco de ello".
En este contexto, Horrach ha lamentado que se le acuse de "recibir órdenes", un "rumor" del que es "imposible defenderse". Del mismo modo, ha aseverado que los inspectores de Hacienda que han participado en las investigaciones "son muy cualificados" y la unidad que ha colaborado en el caso, con sede en Cataluña, "es puntera en toda España, tanto que es la que mayor número de delitos ha sacado adelante". "No reciben órdenes de absolutamente nadie. Sólo del juez y del fiscal", ha remarcado.
"NO CREO QUE CASTRO HAYA PREVARICADO"
Respecto a sus discrepancias con el juez Castro, Horrach ha manifestado que si el magistrado sostiene que la Infanta incurrió en delitos fiscales es por "consideraciones estrictamente jurídicas que simplemente no comparto". "No creo que Castro haya prevaricado, ha actuado conforme a su criterio", ha defendido al ser inquirido sobre si el instructor se ha dejado influir por la presión mediática.
Roca: al juez solo le quede el sobreseimiento
En los mismos términos se ha pronunciado, también este martes, el abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, quien considera que Castro sólo tiene la posibilidad de sobreseer la causa sobre la Infanta Cristina después de que haya pagado los 587.417 euros que le reclamaba la Fiscalía.
"De acuerdo con la ley sólo existe una posibilidad, y es que el juez acepte la petición de sobreseimiento", ha asegurado el abogado de la duquesa de Palma, que ha confiado en que se haga justicia, ha declarado tras inaugurarse el Congreso Universitario sobre la Mancomunidad de Cataluña en la Facultad de Derecho de la UAB.
Roca no ha entrado a valorar si la fianza es una cantidad justa y ha afirmado que él no está para valorar la justicia: "Simplemente hemos cumplido con un trámite y ya está", ha asegurado, y ha añadido que el dinero se ha pagado a través de una transferencia. Estas declaraciones las ha realizado antes de que se conociese el error garrafal de su bufete de abogados, que ha ingresado los 600.000 euros en una cuenta equivocada.
Ha subrayado que haber abonado la cantidad solicitada "no es un gesto, sino que hace referencia a la extinción de responsabilidades", porque ha recordado que ni el fiscal ni la abogacía del Estado acusan a la Infanta. Respecto a que el juez se haya mostrado molesto con el escrito que los abogados de la infanta presentaron para exigir el sobreseimiento, ha asegurado que "el ejercicio de los derechos no puede molestar a nadie".