Seis días ha tardado la Infanta Cristina en pagar los 587.413 euros que le reclamaba de forma cautelar la Fiscalía Anticorrupción al considerar que se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.
La hermana del rey Felipe VI ha hecho frente este lunes al pago de la cantidad de la que se benefició, en concreto, a través de Aizoon, empresa propiedad al 50 por ciento del matrimonio y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos. Con su sociedad, Urdangarin defraudó además hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Su defensa, ejercida por el despacho de abogados de Miquel Roca, ha enviado este lunes un escrito al juzgado de José Castro informándole de que ya se había consignado la cuantía reclamada por Anticorrupción.
El fiscal Horrach sostiene que no existen sobre la infanta indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero presuntamente defraudado a través de la anterior mercantil 'pantalla'.
Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados. Un partícipe a título lucrativo es aquella persona que sin haber cometido el delito se ha beneficiado sin saberlo de los "efectos" del mismo.
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el abono de esta fianza civil que ha sido depositada de manera cautelar en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma no cambia en nada el futuro judicial de la infanta, ya que tanto si el juez Castro decide enviarla al banquillo de los acusados por dos delitos contra la Hacienda Pública como si no lo hace se mantendría, a priori, el principio acusatorio ejercido por la Fiscalia y la Abogacía del Estado que la consideran partícipe a título lucrativo del dinero desviado por el Duque de Palma.
En el futuro juicio del caso Nóos, la infanta será juzgada por su responsabilidad civil en el marco de un proceso penal y si Castro no le aplica la denominada doctrina Botín – al entender que la acusación popular Manos Limpias está suficientemente legitimada para en solitario solicitar la apertura de juicio contra Cristina de Borbón- también por su responsabilidad penal al haber defraudado presuntamente dinero al fisco.
Según las mismas fuentes, el instructor tiene previsto dictar el auto de apertura en juicio oral antes del día de Navidad. En dicha resolución, desvelará si envía al banquillo a la hermana del Rey o no. Si decirle abrir juicio contra la infanta, esta decisión no será recurrible.