Jueces, abogados y exvocales creen que el acuerdo del CGPJ sobre Ruz es inconstitucional

La polémica está servida. No han pasado ni 24 horas desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes decidiera sacar a concurso el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional - y diera la opción a Pablo Ruz de quedarse como juez de refuerzo para finalizar la instrucción de determinadas causas como Gúrtel - para que distintos exvocales de este órgano, magistrados y abogados consultados por Libertad Digital vean tintes de "inconstitucionalidad" en la decisión adoptada por la Comisión Permanente.

El Consejo optó este martes por sacar a concurso la plaza que ocupaba Ruz, cerrando así la puerta a prorrogarle en enero una nueva comisión de servicios, pero dándole a su vez la opción de que continúe en la Audiencia para terminar con la instrucción de "causas de especial complejidad" mientras el Juzgado Número 5 se cubre atendiendo a los mecanismos ordinarios de provisión, es decir, a quien mejor puesto ostente en el escalafón de la Carrera Judicial por antigüedad y especialidad.

Si Pablo Ruz quiere permanecer algunos meses más en dicho tribunal deberá solicitarlo al CGPJ y detallar con la instrucción de qué causas quiere continuar antes de marzo, fecha en la que está previsto que aterrice en la Audiencia su nuevo titular.

"Un auténtico escándalo"

Ésta es la fórmula que aprobó ayer la Comisión Permanente por cuatro votos frente a uno y que es vista a los ojos de distintos sectores del mundo judicial como un "auténtico escándalo".

Según las distintas fuentes consultadas por este periódico, en primer lugar porque violaría el artículo 24 de la Constitución que dice que todos los españoles "tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley", es decir, al juez natural que deba investigar los casos de su partida judicial.

Cuando el Juzgado Número 5 de la Audiencia salga a concurso y se asigne un nuevo titular será ese juez el predeterminado por la ley para investigar las causas de esa partida judicial y no Ruz. Este principio está recogido en el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé que los jueces de apoyo se ocupen de "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento", mientras que el titular de la plaza se ocupará de los asuntos en tramitación que no hayan alcanzado la fase de señalamiento.

De hecho, las mismas fuentes advierten de que atendiendo a este mismo principio cualquier decisión que adoptara Pablo Ruz a partir de ese momento podría ser nula de pleno derecho. No en vano ya hay abogados personados en el caso Gúrtel y el caso Bárcenas que han anticipado que solicitarán la nulidad de estos procesos si Ruz permanece con la instrucción de los mismos.

Por otro lado, con su acuerdo "ad hoc" para el juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, la Comisión Permanente podría haber vulnerado el principio de inamovilidad de los jueces recogido en al artículo 378 de la LOPJ, según explican distintos juristas a LD.

Caso distinto al juez del Alvia

Pese a que en el Consejo lo niegan, lo cierto es que ha habido fuertes presiones para no renovar a este magistrado que en los últimos cuatro años ha puesto en jaque al Gobierno del PP afirmando que había una contabilidad opaca en el partido y que puso también contra las cuerdas al ex Ejecutivo del PSOE con el caso Faisán. Aunque nadie duda de su preparación y capacidad como juez, la realidad es que desde que Lesmes llegó a la presidencia del Poder Judicial tuvo claro que su permanencia en la Audiencia Nacional tenía los meses contados.

Desde el actual órgano de gobierno de los jueces defienden su actuación señalando que no es la primera vez que se adoptan acuerdos de este tipo para habilitar una vía de jueces de refuerzo y los vocales ponen el ejemplo del magistrado que instruyó el caso Alvia, Luis Aláez. No obstante, no se trata del mismo caso al de Ruz.

El juez Aláez era titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela cuando ocurrió el fatídico accidente de tren. A él le tocó investigar la tragedia. Sin embargo, mientras investigaba esta causa obtuvo la titularidad de otra partida judicial. Permaneció unos meses más hasta que llegó el nuevo titular a su juzgado.

Debido a la complejidad de esta causa, el CGPJ proporcionó medidas de refuerzo al Juzgado Número 3 de Santiago durante meses a través de una juez de refuerzo pero, sin embargo, el caso Alvia –el más importante del juzgado- siempre fue instruido por los dos magistrados titulares, es decir, los predeterminados por la ley.