El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, medirá este miércoles el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala antes de presentar una querella contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, y la consejera de Educación regional, Irene Rigau, por cuatro delitos: prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos al desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta del 9-N.
La Junta de Fiscales de Sala es una especie de consejo de sabios dentro de la Carrera Fiscal que asesora a Torres-Dulce en material doctrinal.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que "la Junta asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza análoga, que el Fiscal General del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio".
Dicha Junta está compuesta por los 25 fiscales con mayor categoría del país: teniente fiscal del Tribunal Supremo, fiscales de distintas jurisdicciones del Alto Tribunal, fiscal jefe del Tribunal Constitucional, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, fiscal jefe Antidroga o fiscal jefe de Anticorrupción, entre otros.
Aunque el criterio de ese consejo de sabios no es vinculante, Torres Dulce escuchará con atención el sentir mayoritario que este miércoles adopte la Junta de Fiscales antes de llevar a los tribunales al presidente catalán. Que éste órgano viera factible presentar una querella contra Mas y sus dos consejeras por el 9-N sería un balón de oxígeno para el fiscal general que se ha topado en las últimas horas con la negativa del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, de iniciar una acción penal contra el presidente de la Generalidad.
Si Torres-Dulce se empeñase Romero de Tejada tendría que acatar la orden de su superior o, de no hacerlo, podría verse expuesto a ser relegado de su puesto.
Sin embargo, el fiscal general ha preferido de momento escuchar a la Junta de Fiscales -trámite previsto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico- y no hacer sangre en torno a los fiscales catalanes puesto que la querella, aunque tiene que ser presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), puede ser redactada por el gabinete técnico de la Fiscalía General tal y como estaba previsto en un primer momento.
En todo caso, será el TSJC el que deba decidir -a través de la probable querella de la Fiscalía o de las denuncias interpuestas por distintos colectivos- si tras la celebración del 9-N se cometió algún ilícito penal.