Susana Díaz, implacable contra el cargo de la Junta que denunció corrupción en la formación

Susana Díaz, ha sido implacable contra el alto cargo de la Junta que denunció corrupción en la formación. De hecho, ha sido destituido. Se trata del malagueño Carlos Cañavate, ya ex director general de Formación Profesional para el Empleo. Cañavate se convirtió, junto con Teodoro Montes, el exfuncionario responsable de los cursos de formación perseguido en su día por la Junta, en testigo decisivo del caso del presunto fraude masivo en la formación con fondos de la Unión Europea. El Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz ha nombrado este martes a Manuel Jesús García Martín.

La Junta ha aducido que el motivo del cese era la petición propia de Cañavate por "motivos personales". Según algunos medios como La Opinión de Málaga y El Mundo, es una destitución en toda regla, por las declaraciones de Cañavate a la Guardia Civil.

Cañavate fue nombrado director general de Formación Profesional para el Empleo hace poco más de un año, en octubre de 2013, por el consejero Luciano Alonso. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y experto en Derecho Administrativo por la Universidad Internacional de Andalucía y en Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios por el Instituto de Práctica Empresarial, llegó a la Dirección General desde el cargo de coordinador provincial en Málaga de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, al que accedió en enero de 2011. Con anterioridad había desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el sector privado, en Cañavate Abogados (2008-2011); Manzanares Internacional Lawyers, SL (2007-2008); Soluciones Renovables, SL (2006), y Unicaja (2004-2006).

El nuevo director, Manuel Jesús García Martín, es licenciado en Derecho por la UMA, especialista en Derecho Comunitario Europeo y diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. Desde 2012 trabajaba como técnico superior de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en Málaga, fue entre 2008 y 2012 delegado provincial de Cultura. Anteriormente ocupó el puesto de coordinador provincial de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2003-2008) y asesor jurídico del Servicio de Protección de Menores de la Junta (2001-2003).

Lo que desveló Carlos Cañavate

Carlos Cañavate desveló muchas cosas en su declaración ante la UCO:

El uso fraudulento de las exoneraciones - exenciones de justificar las subvenciones y ayudas millonarias de los cursos de formación permitida por la Junta - desde 2007, Esto es, la Junta volvía a conceder ayudas a entidades sin que éstas hubieran justificado los gastos de los cursos realizados. Cuando llegó a su cargo en octubre de 2013, hace poco más de un año, se encontró que había 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar.

Además, admitió irregularidades en su departamento. Por ejemplo, que ayudas por 270 millones estuvieron mal tramitadas y que cuatro convocatorias de ayudas -de 2007 a 2010- para desempleados no estaban ajustadas a la legalidad.

Añadió que muchas de las acciones formativas subvencionadas no podían serlo ni cumplían con los requisitos del Fondo Social Europeo.

Dedujo que las irregularidades podrían derivar en la devolución de los fondos a la Unión Europea.

Curiosamente, y como recuerda útilmente El Mundo, en contra de esta doctrina recientemente explicada por Susana Díaz de destituir de manera inmediata a los aforados en el caso de los ERE si son definitivamente imputados, la Junta mantiene en sus puestos a Francisco Triguero, secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, imputado por presunto fraude bajo la acusación de haber firmado una ayuda de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar el Instituto de Innovación del Bienestar Ciudadano que ya no existía.

También sigue en su puesto en la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa) Jesús María Rodríguez Román, uno de los ex viceconsejeros de Innovación de la Junta que han resultado imputados por la juez Alaya en el caso ERE. Fuentes del Gobierno andaluz descartaron ayer sus destituciones. Pero Carlos Cañavate, que no está imputado, sí ha sido defenestrado.