El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha expresado hoy ser contrario al anuncio realizado por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de que los socialistas imputados por el Tribunal Supremo (TS) tendrán que dejar sus escaños en las cámaras en las que estén. Recuérdese que tal anuncio chocaba frontalmente con el Compromiso Ético aprobado hace poco más de un mes por el PSOE que dirige Pedro Sánchez.
"Mi experiencia personal me hace pensar que la imputación de una persona no da derecho a eliminar su posición", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser para defender que, según el acuerdo del PSOE, se debe dejar el cargo cuando hay apertura de juicio oral.
Así, Guerra ha recordado que "en la etapa de la transición" fue querellado "muchas veces", y que en todos esos casos se retiró la querella antes de llegar al proceso. "Si sólo con eso hubiera servido, hubiera dimitido cuarenta veces, todas injustamente", ha apuntado.
Además, ha reconocido que "nunca" le pareció acertada la figura de la imputación, una formula "que se crea en la etapa socialista" y que "no es una acusación de nadie". "Se dice que es para su mejor defensa, para que pueda ir con un abogado. De ahí no se puede deducir una pena, y la condena de banquillo es una condena muy fuerte", ha remachado.
La actitud de Susana Díaz, que afectaba especialmente a los aforados que pueden ser imputados decisivamente por el tribunal Supremo, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, levantó ampollas entre ellos y Viera, por ejemplo, se declaró en completa rebeldía diciendo que sólo aceptaría dimitir si se ponía fecha a la celebración del juicio oral una vez imputado.
La extrañeza que levantó el anuncio de la presidenta andaluza y líder del PSOE andaluz la obligó a tener que expresar públicamente su creencia en la inocencia, sobre todo, de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero no rectificó su posición.
Curiosamente, la misma presidenta andaluza, como recuerda útilmente El Mundo, actúa en contra de su doctrina porque la Junta mantiene en su puesto a Francisco Triguero, secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, imputado por presunto fraude bajo la acusación de haber firmado una ayuda de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar el Instituto de Innovación del Bienestar Ciudadano que ya no existía.
También sigue en su puesto en la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa) Jesús María Rodríguez Román, uno de los ex viceconsejeros de Innovación de la Junta que han resultado imputados por la juez Alaya en el caso ERE. Fuentes del Gobierno andaluz descartaron ayer sus destituciones. Pero Carlos Cañavate, que no está imputado, sí ha sido defenestrado.