Se llama en politiqués "transversalidad" a la cualidad de un fenómeno que afecta simultáneamente a varios colectivos sociales o administrativos. En el caso de la Operación Madeja, cuya tercera fase ha emprendido este martes la Guardia Civil por orden de Alaya, la transversalidad parece política-empresarial-funcionarial porque afecta a personas vinculadas al PSOE, al PP e incluso a IU, a dos empresas Fitonovo y Fitoverde y a unos funcionarios corruptos.
La implicación del PSOE
En el principio, el caso estuvo centrado en el PSOE. Domingo Enrique Castaño, exresponsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista cuando el alcalde era el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, ha estado vinculado al caso Unidad, a la facturas falsas del distrito Macarena y está imputado por la venta de los suelos de Mercasevilla. La investigación de la juez Alaya sobre la presunta manipulación de un concurso para la cesión de suelos en la empresa Mercasevilla alertó del "enriquecimiento sospechoso" de Castaño durante sus años como cargo público al menos en 811.000 euros obtenidos entre 2005 a 2012.
Castaño adjudicó de forma fraudulenta dos contratos por valor de 5,4 millones y la magistrada destacó los "beneficios obtenidos por las empresas" gracias a la "decisiva influencia o intervención" de Castaño.
También fueron detenidos los responsables de las empresas Fitonovo y Fiverde, Rafael González Palomo y Ángel Manuel Macedo, respectivamente, por pagar comisiones o mordidas a Castaño.
Pronto, la juez Alaya percibió que podía haber financiación del PSOE porque en su declaración González Palomo reconoció que dio un sobre con 30.000 euros a Castaño y que "le dijeron que era para el PSOE". También le regaló dos coches (un Honda CRV y un Audi A-4), siete teléfonos móviles y le pagó en el chalet que Castaño tienen en Las Pajanosas, un pueblo próximo a Sevilla.
Además hubo pagos de obras en una sede sevillana del PSOE, en concreto una reforma que se llevó a cabo en la agrupación del PSOE en la Macarena, que descubrió una tercera empresa dedicada a la desrratización, Klevin, implicada en la trama. aunque se facturó a una tercera empresa. Curiosamente, Castaño era también secretario de esta agrupación Macarena.
Irrumpen personajes del PP
La segunda fase de la operación Madeja dio como resultado la implicación de un miembro del gobierno de Juan Ignacio Zoido: el director de Parques y Jardines, Joaquín Peña, viejo militante popular, que fue cesado de forma fulminante.
Advirtiendo la extensión de la trama, la juez Alaya requirió al Ayuntamiento de Sevilla el contrato de mantenimiento de arbolado y zonas verdes por sectores aprobado en agosto de 2012 por 47,8 millones de euros en el que Fitonovo logró la concesión de dos sectores por un importe de 10,4 millones.
Tras la investigación, se detuvo al actual dueño de Fitonovo, José Antonio González Baro, y dos funcionarios del área de Parques y Jardines: Francisco Amores, jefe de servicio; y Francisco Luis Huertas, capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa acusados de recibir mordidas.
Los funcionarios "insaciables" de Sevilla
Francisco Amores, ya jubilado, fue calificado por los empresarios como insaciable y recibió "2003 y 2011 o 2012" una cantidad que oscilaba "entre los 300 y los 600 euros" mensuales, aunque -añadió- a veces se le entregaron "cantidades más importantes". Por el macrocontrato del gobierno del PP, Amores pretendió recibir otra comisión de "300.000 euros", de los que llegó a cobrar sólo 40.000 euros.
José Antonio González Baro aseguró a la juez que Fitonovo tenía una contabilidad B para pagar las mordidas. Los documentos hallados por la Guardia Civil lo probaron y se supo que hubo regalos a políticos y funcionarios desde 2003, bajo un gobierno socialista y de IU. Desde 2003 a 2012 Fitonovo habría repartido al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos. La mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo del funcionario Francisco Amores.
Reconoció además que gastó 16.000 euros en cambiar las persianas de un funcionario y costeó la Viagra a un directivo de Adif en Zaragoza.
IU también trincó... y en caja de zapatos
Se pagaron 70.000 euros a IU según el dueño de Fitonovo en su suculenta declaración ante la juez Alaya. Lo que dijo fue interesante. "Cierta persona" de IU recogió antes de las elecciones municipales de 2011 una caja de zapatos que contenía, presuntamente, una mordida de 70.000 euros.
Poco antes, el Instituto Municipal de Deportes (IMD), gestionado por IU, adjudicó a Fitonovo la conversión de once campos de fútbol de albero a césped artificial con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego IU le pidió al empresario, según él mismo, una "colaboración económica".