La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la juez Alaya y se ha opuesto a la petición realizada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso de los ERE, para que se "expulse" del procedimiento a la Junta de Andalucía. Manos Limpias consideraba que la Junta actuaba más como defensora de los imputados en el caso que como defensora de los intereses públicos. Por ello, elevó la petición de exclusión de la Junta del procedimiento a la Fiscalía.
La Fiscalía considera -así lo subraya el grupo Joly -, que la petición de apartar a la Administración autonómica no es procedente porque la Junta es la institución perjudicada por el fraude y ejerce la acusación particular para tratar de recuperar los fondos públicos defraudados, que la instructora cifra en 855 millones de euros.
Por tanto, la Fiscalía se opone a la petición realizada el pasado 12 de julio por el sindicato Manos Limpias, que pidió la expulsión de la Junta del procedimiento ante la actitud "totalmente obstruccionista" que según el sindicato muestra la Junta en esta investigación.
Recuérdese que Manos Limpias calificó de "inaudito" que una parte que se considera perjudicada por un posible ilícito penal, "mantenga una actitud de defensa de los imputados, más propia de parte acusada" y añadía que el derecho a la tutela judicial "no es incompatible con la limitación del abuso de derecho, cuando es evidente que lo que se pretende es crear una imagen procesal que realmente no es la que corresponde con la realidad".
Manos Limpias pedía igualmente que, con carácter subsidiario, se transforme la condición procesal de la Junta en el sentido de que sea considerada "responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados" que han ostentado cargos de responsabilidad dentro de la Junta, pero sobre esto la Fiscalía no se ha pronunciado.