Después de una cosecha de fracasos en el plano internacional, la próxima gran acción de los partidos separatistas catalanes y la ANC será la confección de una carta de denuncia contra España que firmarán los cargos electos de dichos partidos y los militantes de la organización "cívica". Pero la teórica fuerza del documento no vendrá de los apoyos de los grupos parlamentarios, alcaldes y concejales, sino de los ciudadanos, cuyas firmas se recogerán durante el "proceso participativo" del 9-N que la Generalidad no tiene ninguna intención de cancelar.
La tesis es que "el Estado español impide al pueblo catalán decidir libremente su futuro" y la administración autonómica está dispuesta a hacer todo lo posible para una recogida de firmas que, obviamente, tampoco convocaría formalmente la Generalidad habida cuenta de que eso podría tener consecuencias de índole jurídica para Mas y su ejecutivo.
En ese contexto, el presidente regional catalán no deja de hacer llamamientos al voto, se jacta de que el 9-N es imparable, de que no se puede prohibir a los voluntarios, pero se cuida mucho de dar un paso que pueda comprometerle formalmente. Así, ha pasado de firmar un decreto de convocatoria para el 9-N y enviar la pluma al Museo de Historia de Cataluña a manejarse con las claves del independentismo radical, lanzar soflamas separatistas y citar a los ciudadanos con todos los medios a su alcance (propaganda en los periódicos, radios y televisiones).
El testigo del proceso está ya en manos de los partidos, de los funcionarios "voluntarios" (encargados de la logística) y de la ANC, por lo que Mas considera que la Generalidad no podrá atender el previsible requerimiento del Tribunal Constitucional para que suspenda este segundo intento de referéndum. Ya no es cosa suya, sostiene.