Guerra abierta entre la Junta de Andalucía y UGT por el caso de las facturas falsas. Este jueves, el Gobierno de Susana Díaz ha elevado a 15,3 millones de euros la cantidad que solicita al sindicato que devuelva dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas.
En total, la Consejería ha iniciado 15 expedientes de reintegro de ayudas concedidas a UGT-A, de forma que reclama al sindicato que devuelva otros 10,4 millones de euros.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado que ese dinero se suma a los otros 4,9 millones de euros ya reclamados merced a cinco expedientes con propuesta de resolución de reintegro en firme, de manera que la Junta reclama a la central sindical un total de 15,3 millones de euros en los expedientes de reintegros tramitados.
En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha explicado que los expedientes se han tramitado "con los plazos que establece la normativa y el cumplimiento del reglamento vigente", en tres ámbitos, en la Dirección de Relaciones Laborales, en la Dirección de Seguridad y Salud Laboral y en el Servicio Andaluz de Empleo.
Contraataque del sindicato
La respuesta de UGT Andalucía no ha tardado en llegar. El sindicato ha contestado con la presentación en los juzgados de Sevilla de recursos por vía contencioso-administrativa contra las seis resoluciones de reintegro notificadas hasta el momento para
reclamar la devolución de subvenciones concedidas al sindicato por "presuntas irregularidades y falta de justificación" detectadas en su revisión.
En un comunicado hecho público minutos después de que hablara el consejero, UGT-A acusa a la Junta de haber "emprendido injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen".
Además, emplaza al Ejecutivo andaluz a aclarar por qué "si en los años investigados dio por buenas las justificaciones de los programas ahora, cinco o en algunos casos seis años después, cambia de criterio". "¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía o busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?", se pregunta el sindicato, que traslada tanto a la administración autonómica como a "todos los andaluces" que "no aceptaremos responsabilidades que no nos correspondan".
UGT-A afirma que "desarrolló y llevó a término todos y cada uno de los expedientes investigados, presentó todas y cada una de las justificaciones necesarias ante la Administración y la Junta no solo las aceptó y las revisó, sino que también las dio por buenas y por tanto las validó", por lo que deja claro que ahora "no aceptaremos que se erija en la 'nueva Inquisición Española' e intente quemar en la hoguera a la UGT de Andalucía con tal de salvar su imagen".
"Con toda esta macrocausa la Junta únicamente persigue un titular efectista, enviar un mensaje, un gesto, sobreactuar artificiosamente de cara a la sociedad y a los medios de comunicación para erigirse en paladín del interés general (*) y a fin de preservar su imagen y su respaldo electoral", argumenta UGT-A en el recurso presentado el pasado 21 de octubre en los juzgados de Sevilla.