Prisión bajo fianza de 60.000 euros para los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.

El magistrado ha adoptado estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que ha tomado declaración a 12 de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos desarticulada con la operación Púnica, de la que formaba parte el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Velasco también ha dejado en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.

Además, ha dejado en libertad sin medidas cautelares a otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.

En el caso de Parla, el juez investiga los contratos que la empresa Cofely, filial del grupo multinacional francés GDF Suez, firmó con el Ayuntamiento. Según una noticia publicada en la web de la compañía que fue borrada tras la operación, el Ayuntamiento adjudicó en julio de 2013 un contrato de "servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos)" por valor de 54,7 millones de euros y una duración superior a 15 años.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tenía previsto interrogar este miércoles a 17 de los 35 detenidos aunque poco antes de las 21:00 horas ha decidido aplazar la declaración de cinco de ellos y ha ordenado su ingreso por orden judicial en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Se trata del director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados de Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas y Antonio Serrano.

Declararán este jueves junto a otros 12 arrestados, para los que el juez también ha dictado la orden judicial de prisión. A ellos podría sumarse el guardia civil detenido este miércoles por avisar a Granados de la operación. Los cinco detenidos restantes han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, el juez Velasco ha preguntado a los imputados si Granados influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno.

Del mismo modo, ha querido saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban. La minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en la que supuestamente se cerraban las adjudicaciones.

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos -PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA-, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.