La acusación que ejerce la Asociación Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Economics, Socials i Culturals en el caso Gürtel ha pedido al juez Pablo Ruz que impute al presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, y a otros seis miembros del Consejo de Administración en el año 2004 por un delito de blanqueo y otro fiscal. Esta asociación de nombre interminable está representada por el abogado Gonzalo Boye, que fue condenado a 14 años por prestar ayuda logística a los terroristas de ETA en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988, delito por el que cumplió 10 años de prisión.
El sustento de la denuncia no puede ser más disparatado. Se basa en la información falsa publicada este martes por El País, y desmentida por Libertad Digital, que decía que el PP había adquirido la mayoría de las acciones en la ampliación de capital de 2004. Al basarse en la mentira de El País que oculta el dato clave, que la ampliación llegó a los 4.774.000 euros, y ni siquiera leer los documentos sobre la ampliación de capital, remitidos a la CNMV y Hacienda, la demanda no tiene pies ni cabeza. En concreto, dice:
De acuerdo con ambas informaciones y los documentos de contraste obrantes en las actuaciones, habría un diferencial entre la ampliación declarada (434.000 euros) y el dinero recibido 572.400 euros de exactamente 138.400 euros, cantidad que superaría el monto establecido en el artículo 305 del Código Penal en caso de no haberse declarado ante la Hacienda Pública, que es lo que, prima facie, aparece como sucedido.
En primer lugar, el número de acciones emitidas fue de 48.600, con un valor nominal de 10 euros por título. En total 486.000 euros. Al cubrirse el 89,3% (43.400 acciones) el valor nominal total de las acciones suscritas fue de 434.000 euros.
El disparate de la querella está en obviar que las acciones salían con una prima de emisión de 100 euros. Así, lo recaudado por cada acción son 110 euros (los 10 euros de valor nominal más 100 euros de prima de emisión). Por tanto, en una operación matemática de lo más sencilla, incluso al alcance de un periodista de El País o del abogado Boye, basta con multiplicar las acciones emitidas (43.400) por el valor nominal (10 euros) más la prima de emisión (100 euros) para llegar al desembolso total recaudado en la ampliación de capital: 4.774.000 euros. Lo decimos en letras por si El País quisiera rectificar: cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil euros. Un 89,3% del total emitido que, de cubrirse al 100%, hubiera sido de 5.346.000 euros. Desembolsados por un total de 1.007 suscriptores y no los cuatro señores de los que habla El País y en los que se fundamenta la denuncia.
Por supuesto, Libertad Digital comunicó toda esa información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (ver documento) y declaró a Hacienda los 4.774.000 euros (cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil euros) (ver documento) y no los 572.000 euros que aparecen en la denuncia.
Expertos juristas consultados por Libertad Digital califican la denuncia de "manifiestamente falsa por infundada" dada la documentación aportada sobre la ampliación de capital.
Como decíamos, el autor de semejante disparate en forma de denuncia es Gonzalo Boye, ex miembro del MIR chileno que estuvo diez años en la cárcel en España por prestar apoyo logístico a ETA en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988. Los otros participantes del MIR en el secuestro, también condenados en España por este hecho, fueron Alexis Alberto Corvalán Múñoz y René Miguel Valenzuela Bejas.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les condenó por un delito de detención ilegal con la agravante de haberse llevado a cabo por una banda terrorista. Boye, que acabó su carrera de Derecho por la UNED mientras estaba en prisión, alcanzó cierta notoriedad al representar a una de las víctimas del 11-M, de origen chileno. También es habitual su participación como letrado en procesos que afectan a la denominada 'izquierda abertzale'. Así lo constataría su presencia en la Audiencia Nacional junto a Arnaldo Otegi cuando, tras declarar ante el juez Fernando Grande Marlaska, el batasuno acabó en prisión.
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