La alcaldesa de Manilva, la polémica Antonia Muñoz -IU-, investigada en varias causas judiciales, formalizó el martes la renuncia a los puestos de regidora y concejal que anunció hace once días atrás tras la imputación de ella misma, de su hija y de su marido en diferentes casos.
El viernes, anuncia ABC, se celebrará un pleno extraordinario en el que se informará y se aceptará la renuncia de Muñoz. El primer teniente de alcalde y líder de la Asociación Socialista de Manilva -ASM-, Emilio López Berenguer, curiosamente también imputado, será quien asuma provisionalmente la Alcaldía, hasta un nuevo pleno en el que, en un plazo aproximado de diez días, previsiblemente se nombre regidor a Diego Urieta.
La reactivación del caso Manilva
El caso Manilva engloba 470 casos de "enchufismos" -entre los que se encuentran numerosos familiares de la alcaldesa y militantes de IU-, adjudicaciones de "jugosos" contratos a los familiares de Muñoz realizadas supuestamente fuera de ley, millonarias transferencias a sociedades de dudoso nexo con el Ayuntamiento y algunas situaciones cómicas por lo corruptas como la de haberse abonado 24 horas extras en un solo día de trabajo.
La alcaldesa del municipio, Antonia Muñoz, que encabezaba la lista por Izquierda Unida y luego fue apartada por esta formación, ya no es la única acusada en el caso que comenzó a instruirse en 2009. El pasado día 16 la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Laura Sánchez, citó como imputados a su hija, a su socio de Gobierno en el Consistorio, a un concejal, a un cargo de confianza y al directivo de una de las empresas municipales investigadas. Además, la Fiscalía pidió que se tomase declaración en la misma calidad al marido de la regidora y a un primo constructor.
Dada la envergadura del caso, se ha dividido la causa en tres piezas separadas: contrataciones y bonificaciones irregulares, adjudicaciones de contratos y trasvase de fondos a Funmades, El Hacho, Sociedad de Comunicación social de Manilva S.L. y Club Deportivo, que hasta su extinción ha sido presidida por Francisco Medina, militante de IU.
En la segunda pieza se encuentra el caso del marido de la alcaldesa Valentín Caracol Sánchez, y un primo que tiene una empresa de construcción porque su conducta presuntamente ilícita ha conducido a que se pida su imputación. Las empresas de Caracol, Carpintería Valentín S.L. y Muebles y decoración Valentín, fueron agraciadas con un total de 43 contratos municipales por un valor de 200.035,08 euros. Mientras que a la constructora de su primo se le asignaron al menos 52 contratos, que le reportaron 482.074,49 euros en tan solo tres años. En alguna facturas no constaba la aprobación de la Intervención. 400 es el número de contratos sospechosos que aparecen en el caso.
La Fiscalía ha solicitado una serie de nuevas diligencias que en su mayoría están relacionadas con la solicitud de documentos como pagos de facturas, informes del secretario municipal, investigaciones de la Guardia Civil, vidas laborales, "listado completo de las horas extras abonadas a los trabajadores del Ayuntamiento desde junio de 2007 a abril de 2011", así como que se tome declaración como testigo al asesor jurídico del Consistorio, Aitor Menoyo.
Además comparecerán en el juzgado Francisco Medina, un miembro de la lista de IU que fue contratado por la alcaldesa como director de área de deportes y Pesca y sobre el que la Guardia civil descubrió que tenía trabajando en el Ayuntamiento a una hija, cinco primos, una sobrina y una cuñada; así como José Carlos Castaños, directivo de la sociedad Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades), investigada como uno de los "coladeros" para las supuestas contrataciones fraudulentas y a la que se derivaron millonarias partidas desde las arcas municipales.
La hija de la regidora trabajaba en la entidad urbanística El Hacho y su contratación fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción. Antonia Muñoz desmanteló la oficina original –donde trabajaba este empleado jubilado– y la trasladó a dependencias municipales del Puerto contratando a su hija para ocupar el puesto aunque el trabajo lo realizaba la gestoría de Diego Díaz, concejal de IU en el Ayuntamiento de Manilva, por la cual percibe honorarios mensuales. La joven trató de devolver el dinero cobrado que se cree procedía de las cantidades presuntamente inyectadas irregularmente por su madre a esta sociedad. Además, sospechan que pudo estar en nómina incluso cuando se encontraba fuera del país, por lo que estaba previsto cotejar los datos del pasaporte.
Pero no ha sido la única hija de un cargo del Ayuntamiento vinculada laboralmente al Ayuntamiento. López Berenguer, teniente de alcalde, también contrató a su hija como directora de área de Salud y Medio Ambiente -una de las tres de las que también es concejal- con una remuneración de 14 pagas de 1.707,30 euros cada una.