La Universidad de Málaga (UMA) va a recolocar a Antonio Lozano, el ex viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía imputado en el caso ERE, en la Fundación Andalucía Tech, en la que también participa la Universidad de Sevilla, atendiendo a "su trayectoria institucional y a las relaciones que puede tener con empresas andaluzas". Teodoro Montes, testigo clave de la trama de la formación, ha tenido que ser amparado por la juez Alaya ante las presiones recibidas, una de ellas la publicación desde la Junta de un expediente acusándole de favorecer a su hija en un curso de formación.
Lozano es un ex director general de Presupuestos de la Junta, imputado precisamente por no haber sido diligente con los fondos públicos andaluces en el caso de los ERE y ha sido uno de los altos cargos que ha orquestado la oposición decidida a la juez Alaya.
La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, quiere que se apruebe en el Consejo de Gobierno de este lunes de la UMA su nombramiento en el seno de Andalucía Tech "para ejecutar el programa de desarrollo de los polos de excelencia del proyecto Campus de Excelencia Internacional".
La rectora De la Calle se ha hecho famosa por haberse visto implicada en edificios fantasmas, nepotismo, silencios incómodos, miedo, recortes, enchufismo, línea difusa entre lo público y privado y facturas que no constan.
Por ejemplo, hubo queja de oficio sobre el proceso de selección de personal de la Fundación General de la Universidad de Málaga, donde trabajan los yernos de la rectora y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE), Adelaida de la Calle, y del gerente, José Antonio Molina, y un hijo de José Ángel Narváez, vicerrector de Coordinación Universitaria.
Además, el Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía Tech, donde va a trabajar el ex alto cargo imputado en los ERE, Antonio Lozano, recibió la cantidad de 3.000.000 euros. De ese dinero se dedicaron 800.000 euros a becas para los alumnos, y 2.200.000 euros a gastos administrativos. Los despachos son espectaculares y tiene sedes en el extranjero. Pero pocos explican el destino de tan elevada inversión. Recordemos que en diciembre de 2012 llegaron los 5.000.000 euros de la UE que venían a completar una inversión de 8.000.000 euros.
La cruz, para Teodoro Montes
Ya antes de saltar a la luz pública la trama de los cursos de formación para parados, Montes se convirtió en un personaje incómodo para la Junta de Andalucía. Recuerda El Mundo que "Montes fue humillado, vejado, le abrieron expedientes injustificados para amedrentarle e incluso levantaron un tabique para aislarlo del resto de compañeros, hasta dejarlo literalmente emparedado en una oficina, según recoge el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de marzo de 2012".
Montes quería trabajar en el control de los cursos pero la Junta se lo impidió una y otra vez. A pesar de todo, Teodoro Montes quiso declarar a la juez Alaya, en siete sesiones y 31 horas, que había cobro de comisiones del 20% por parte de UGT y CCOO a las empresas subcontratantes de los cursos que no podían o no querían dar, que hubo trato de favor al ex consejero de la Junta Ángel Ojeda que recibió en su entramado de empresas nada menos que 50 millones de euros en subvenciones, que el dinero de los cursos para parados ha servido para costear los autobuses desplazados por UGT y CCOO desde Andalucía a Madrid, en la primera huelga general contra el Gobierno de Aznar en 2002 y que ha habido numerosas irregularidades, cursos sin celebrar y alumnos fantasma.
Pero a Montes se la ha dado un trato bien distinto al de Antonio Lozano. Tras haberle quitado funciones, despacho y tareas, el Tribunal Superior de la Junta de Andalucia concluyó que "por los superiores jerárquicos del funcionario y con la intención de que éste pidiera su traslado a otro departamento, se le hizo objeto de un trato vejatorio, discriminatorio, alienante y humillante, consistente, fundamentalmente, no ya en no adjudicarle las funciones propias del jefe del departamento de gestión de FPO, sino en apartarle de cualquier función del departamento e, incluso, en ubicarle físicamente en un habitáculo inapropiado para despacho".
La actual delegada en Sevilla de Economía y Empleo, Aurora Cosano, que, según el testigo, le obligó a firmar diplomas de 25 cursos fantasma de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha anunciado que se querellará contra el funcionario, junto a CCOO y la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, Faisem.