Cuando el SAT comenzó a liderar la ocupación había 130 personas trabajando en las tierras, pero ahora se limita a gestionar la sentencias de índole laboral que han ido saliendo dejando abandonados a su suerte a una treintena de jornaleros.
Responsables de la asesoría laboral de la propia organización reconocieron a Noticias de Almería que la ocupación dejó de ser efectiva "hace muchos meses", y que el contacto con las alrededor de treinta familias que residen en los "cortijos" de la finca es "mínima".
En mayo de 2012, el juzgado de lo Mercantil de Almería declaró en concurso voluntario al deudor Simón Sabio Pérez, dueño del invernadero, pero le permitió conservar las facultades de administración y disponer sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.
Los trabajadores -legales e ilegales- no se enteraron de lo que estaba ocurriendo, y únicamente sabían que cada vez se retrasaban más los pagos de salarios, hasta que a algunos llegaban a deberles siete u ocho mensualidades. Se estimaba en aquel momento que entre salarios e indemnizaciones se alcanzarían casi dos millones de euros. En mayo de 2013 desaparecieron por sorpresa tanto Simón Sabio como el resto de su familia, esposa, hija, yerno, y con ellos también la empresa Maybaz Produce SL.
Estado de necesidad
El entonces SOC, hoy SAT, es quien decidió la "ocupación de la tierra" en este caso, una finca no famosa como la de Mario Conde, ni pública, porque es propiedad privada. En aquel momento, las 30 hectáreas que componen la finca estaban trabajadas por unas 130 personas. Ahora, las tierras están abandonadas y sólo quedan viviendo allí 30 personas.
Según fuentes de este sindicato, a los inmigrantes, a pesar del estado de necesidad en que se encontraban, se les ofreció asistencia legal pero si se afiliaban.
Fuentes del SOC reconocieron el 23 de octubre que abandonaron la ocupación hace muchos meses pero otro escrito de esta organización reiteraba el éxito que estaba siendo la gestión y acusaban a los críticos del sindicato de usar la difamación promoviendo el enfrentamiento entre trabajadores.