Imputados los dos últimos líderes de UGT-A por financiación ilegal

Han transcurrido 17 meses desde que Libertad Digital publicara el primer artículo sobre la corrupción en UGT Andalucía. En aquel artículo, del día 12 de junio de 2013, se describía cómo el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla falsificaba sus gastos sindicales puesto que, increíblemente, en más de un año, todos los meses pasaba los mismos kilómetros en concepto de dietas de desplazamiento, 924,74 exactamente, lo cual era imposible.

Ahora, el juez Juan Jesús García Vélez, que investiga el caso UGT y la desviación de subvenciones con el fin de financiarse irregularmente, ha imputado a los dos últimos secretarios generales de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla por estos y otros hechos.

Recuérdese que ya la Fiscalía Anticorrupción pidió esta imputación hace quince días por su participación directa en la financiación irregular. Decía la Fiscalía entonces que el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación. Esta financiación se puso en marcha con la central de compras que inspiró directamente de Manuel Pastrana y fue continuada por Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana.

Según la Fiscalía, la financiación ilícita se llevaba a cabo por la institución de un denominado rapel mediante el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato. Además, se implantó un conocido como "bote", que incluía facturas simuladas. Según el escrito de la Fiscalía, "este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, a tenor de las declaraciones de personal relevante del mismo, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación".

Además, la Fiscalía aludía a otros delitos posibles tales como falsedades y otros que aun se encontraban en fase de primaria investigación por la Guardia Civil, como son las irregulares subcontrataciones con terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato.

Francisco Fernández Sevilla ya estaba imputado en el caso ERE, por su etapa como secretario general de la federación agroalimentaria de UGT-A, cuando se firmó el acuerdo con la Junta de Andalucía para el ERE en Altadis, al que destinó 34 millones de euros. Por este asunto, Anticorrupción pidió para Fernández Sevilla una fianza de 296.000 euros.

18 imputaciones

El caso UGT, destapado por Libertad Digital, cuenta ya con 18 imputaciones. Además de las de ayer, las de Pastrana y Fernández, son muy importantes las del extesorero del sindicato Federico Fresneda y la exdirigente sindical y militante socialista María Charpín. Además, hay imputados 13 empresarios y representantes de proveedores del sindicato que, presuntamente, falsearon facturas al dictado de UGT y abonaron comisiones de hasta el 20%.

Cándido Méndez dijo que había que esperar a la decisión del juez y añadió que Pastrana y Fernández Sevilla debían dar "explicaciones completas, concretas y satisfactorias". Pues el juez ya ha hablado mediante el auto de imputación, Méndez sigue guardando silencio -a pesar de que ni Pastrana ni Fernández eran santos de su devoción, sobre todo el primero- y ni Pastrana ni Fernández Sevilla han dado explicación alguna.