Teodoro Montes, el funcionario que estuvo encargado de la revisión de los cursos de formación de la Junta, ha declarado ante la juez Alaya ya siete veces y durante 31 horas. El martes habló del "emporio" de formación construido por el exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda, para el que no encontró justificación. Además, señaló a su cuñada, la ex directora general de Formación María Teresa Florido Mancheño como quien influyó claramente para que las empresas del ex consejero obtuvieran el mayor número de homologaciones para los cursos. Montes lo calificó como "trato singular".
Curiosamente, fue a preguntas de la defensa del exconsejero Ojeda cuando afirmó que había cuestionado la idoneidad de la entidad Prescal porque acudió a uno de los centros que éste tenía en Sevilla y pudo comprobar que presentaba "deficiencias de homologación". "De ahí al emporio que actualmente tiene formado hay un camino difícil de justificar", dijo y recoge ABC en referencia a los 33 millones de euros que las empresas del exconsejero Ojeda lograron en cursos. E insistió en que el citado "emporio" lo ha logrado "gracias a los rendimientos obtenidos en la formación y por el trato recibido".
Durante su visita a Prescal comprobó como los espacios habilitados para las aulas no se adecuaban a los cursos o los servicios sanitarios no se ubicaban en la planta en concreto pese a que la norma así lo estipula. Y, en cuanto a la accesibilidad, "había unos escalones que para una persona en silla de ruedas serían imposible su acceso". En este sentido, recalcó que dijo al gerente que estas irregularidades suponían la anulación de la homologación y la suspensión de los cursos.
Montes aludió después a la "relajación absoluta de controles" tales como impedir visitas inspectoras o evitar una fiscalización mas exhaustiva. Tal relajación condujo "a innumerables irregularidades" tanto en el alumnado como en los contenidos de las acciones formativas". Según dijo, los cursos estaban "muy bien pagados" y puso como ejemplo que "pudiendo ir en un Mercedes se va en un Biscuter". Y también que las entidades cobraban dos veces, uno cuando reciben la subvención y otra cuando reciben los materiales.
La Junta le saca al testigo una irregularidad
Teodoro Montes, el testigo clave de la juez Mercedes Alaya,validó un curso en el que fue incluida su hija a pesar de no cumplir con los requisitos de selección, según pone de manifiesto un informe interno de la Consejería de Empleo que oportunamente se ha hecho público. Curiosamente y al mismo tiempo, la Junta de Andalucía ha sido admitida en caso EDU como acusación particular pese a que varios de los investigados han desempeñado cargos en la Junta.
Jara Montes, hija del funcionario, fue admitida en el curso Organización, gestión y función de laboratorio pese a tener un nivel de estudios FP2 cuando se exigía una titulación universitaria y desplazando a otros candidatos que sí cumplían los requisitos. Ante estas irregularidades en el proceso de selección, Empleo pidió explicaciones a Laboratorios Torrecilla Fuentes, la empresa encargada de impartir el curso. La empresa aludió a presiones de Javier León, técnico del departamento dirigido por Montes, quien le preguntó "insistentemente" si Jara estaba admitida. " Posteriormente, la inclusión de Jara Montes se consideró un error si bien las bajas producidas entre los solicitantes permitieron que la hija de Montes hiciera el curso.
Faisem y CCOO demandan a Montes
Lo ha hecho por las "gravísimas" acusaciones que este hizo ante la juez. Recuérdese que Montes denunció que dicha entidad había maltratado a personas con problemas mentales que realizaron sus cursos. Faisem lo ha demandado "por diversos delitos de injurias y/o calumnias". Montes llegó a hablar de "condiciones inhumanas y extremas" e incluso afirmó que se aplicaban a los alumnos algunas sustancias tranquilizantes que provocaban el sueño en los asistentes que podían soportar dormidos aquellas condiciones de calor que denunciaba. Le pedirá 500.000 euros de compensación si no se retracta en el trámite de conciliación.
Ayer mismo, Comisiones Obreras de Andalucía anunció que demandará al funcionario por acusar al sindicato de cobrar mordidas de hasta el 20% gracias a la subcontratación de los cursos.