El juez Ruz cita como imputado a Ángel Acebes por el caso Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputado para el próximo martes al exsecretario general del Partido Popular (PP) Ángel Acebes, al extesorero de la formación Álvaro Lapuerta y al empresario de la construcción Antonio Vilela por la anotación en los papeles de Bárcenas (la caja 'B' del PP) de más de 300.000 euros destinados a la compra de acciones de Libertad Digital.

El magistrado ha imputado a Acebes un delito de apropiación indebida en su modalidad de "comisión por omisión" por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y al hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando éstos la opacidad de los mismos".

De hecho, el auto detalla cómo la compra de acciones de Libertad Digital se utilizó presuntamente como una pantalla para detraer esos fondos, ya que los compradores las vendieron poco después para presuntamente quedarse con el dinero más la plusvalía generada o bien devolver el dinero a la caja B del PP. Así se detalla en el auto:

Francisco YÁÑEZ compró un total de 1.100 acciones por valor de
121.000,00€ el 29.10.04, las cuales consigue vender el 21.12.04 por el mismo importe a la empresa PLANYCON 2002 SL CIF B-83599860 cuyo administrador es Antonio VILELLA JERÉZ, retornando el dinero obtenido de la transmisión de nuevo a la caja B del PP.

Álvaro DE LAPUERTA compró el 29.10.04 un total de 1.270 acciones por valor de 139.700,00€. Fue titular de éstas hasta el 20.03.2007, momento en el que las vendió a la propia empresa LIBERTAD DIGITAL como autocartera por importe de 209.550€ (precio de venta 165 euros por acción) obteniendo unas plusvalías de 69.850€, no constatándose, de lo hasta ahora actuado, un retorno a la caja B de la formación política de los fondos obtenidos.

En el caso de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, el dinero anotado por la compra de acciones de LD fue de 149.600 euros, pero las vendió poco después de adquirirlas, sin que sin que conste que ese dinero retornase a las arcas del partido. El juez investiga si ese dinero fue destinado a la compra de una casa en la estación de esquí de Baqueira en Lérida en el año 2005 por exactamente la misma cantidad: 149.000 euros.

Un informe del Banco Santander remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que tuvo acceso Europa Press, señala que Rosalía Iglesias, ingresó el 12 de abril de 2005 en una sucursal de Barcelona 149.000 euros a favor de la inmobiliaria Neu 1500 S.L., que edificó la urbanización en la estación de esquí en la que Bárcenas e Iglesias tienen una vivienda. La casa, que está situada en el municipio ilerdense de Naut Arán, está embargada desde el verano de 2013.

El juez ha citado como testigos al expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte; y a dos compradores de acciones de este grupo: el ex director general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego y el empresario Borja García Nieto.

Ya en su día, el presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, explicó en antena el caso en su conjunto. Hace referencia a la ampliación de capital que llevó a cabo Libertad Digital en 2004 y en la que el Grupo salía con un objetivo de 5,4 millones de euros, aunque con esperanzas reales de alcanzar, al menos, entre tres y cuatro millones. En un proceso transparente y al tratarse de una inversión de tipo ideológico, Libertad Digital comunicó a la CNMV que la compra de títulos de LD podía considerarse una inversión de riesgo, ya que se trata además de una empresa, de un grupo intelectual comprometido con la defensa del liberalismo.

Como recordó Jiménez Losantos, aquella ampliación de capital logró cubrir prácticamente los 5 millones de euros gracias a los 1.000 accionistas que apoyaron el proyecto pese a las presiones que rodearon aquella operación. Unos accionistas que aún conserva el grupo.

Como en cualquier Sociedad Anónima, Libertad Digital no tuvo conocimiento del origen de los fondos que emplearon los accionistas para comprar sus títulos. En este sentido, LD nunca supo de dónde sacaron el dinero Álvaro Lapuerta o la mujer de Bárcenas para adquirir dichas acciones, o lo que ganaron cuando vendieron los citados títulos. Menos aún, conocer si este dinero provenía de una caja 'B' del partido.

La sede del PP de Vizcaya

Otro de los casos en los que la contabilidad 'B' del PP pudo ser empleada de forma fraudulenta es el de la compra y acondicionamiento de la sede del PP de Vizcaya. Según reza el auto del juez Ruz, el extesorero Bárcenas generó una contabilidad paralela destinada a esta sede para la que recaudó fondos mediante aportaciones en efectivo de empresarios vinculados, en su mayoría, al sector de la construcción.

Posteriormente, se registraron en dicha contabilidad salidas de fondos presuntamente destinados al pago de la hipoteca suscrita por el PP de Vizcaya. Lo curioso es que, según el auto de Ruz, la hipoteca se canceló a través de aportaciones recogidas en la contabilidad oficial del PP central, dejando bajo sospecha la posible apropiación indebida de fondos por parte de Bárcenas y Lapuerta a través de sus cuentas B.

"Por lo que respecta a las operaciones relativas al pago de las cuotas de la hipoteca por la compra y la reforma de la sede regional de Vizcaya, y con respecto a la participación del PP Central para soportar los gastos generados por dicha sede, se concluye por la Fuerza actuante a partir del análisis documental efectuado:

- Que con el fin de controlar la operación de financiación de la compra de la citada sede efectuada en fecha 13/10/1999, cuyo crédito bancario ascendió a la cantidad de 165.000.000 de pesetas; así como el pago de las cuotas de las obras de acondicionamiento que efectuaron en base al contrato privado de fecha 08/11/1999, Luis BÁRCENAS generó otra contabilidad mediante una cuenta aparte llamada "Sede Vizcaya", muy similar en cuanto a su estructura y funcionamiento a la establecida en los conocidos como "papeles de Bárcenas", y en la que se recogen un conjunto de entregas y transferencias desde noviembre del año 1999 hasta noviembre del 2005.

Se ha podido comprobar con la documentación que se posee sobre este particular, que la manera de alimentar dicha cuenta (entradas) era mediante aportaciones que recibían en efectivo, que ingresaban en las cuentas bancarias destinadas a recoger los ingresos por donativos en el Banco Vitoria y Banesto de la misma manera que ha sido descrita anteriormente, y en otras cuentas bancarias. Estas cantidades que abonaban procedían de aportaciones que recibían en efectivo.

- Se ha podido concretar, en forma indiciaria, que una de estas personas que efectuó estas entregas por valor de 36.000€ habría sido Emilio ÁLVAREZ LÓPEZ, persona presente en los consejos de administración de la empresa BRUESA CONSTRUCCIONES SA y en el grupo empresarial BRUESA.

- En cuanto a las cantidades señaladas como salidas, se correspondían en la mayoría de los casos con transferencias realizadas hacia el PP del País Vasco que procedían de las cuentas de la formación a nivel central, y que eran empleadas para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede.

- Otras formas de financiar esta operación registrada en los apuntes de la cuenta, y cuya trazabilidad se ha acreditado con los apuntes de la contabilidad aportada por el PP al Tribunal de Cuentas y las cuentas bancarias del PP del País Vasco obrantes en la documentación objeto de estudio, habrían sido: el pago directo con cargo a la cuenta del PP Central de las cuotas del crédito; y la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio AGUIRRE LAFUENTE del importe de la cuota mensual, para que éste cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo.

En consecuencia, a la vista del conjunto de indicios hasta ahora acumulados pudiendo resultar los hechos anteriormente relatados, más en concreto los referidos en el Razonamiento Jurídico Segundo de la presente resolución, eventualmente constitutivos de un delito de apropiación indebida (...)"

Sin embargo, en esta ocasión el instructor de la Audiencia Nacional no cita a Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, porque ambos ya están imputados por estos hechos en la pieza separada que abrió el 29 de julio para favorecer el enjuiciamiento de 45 imputados en la trama Gürtel por hechos de la primera época de la red corrupta.