El diario El País pide hoy en su editorial que se investigue "hasta el último euro" del dinero presuntamente estafado por políticos, sindicalistas y exdirectivos en Caja Madrid a cuenta de las "black cards". Considera que los "indicios esperanzadores" de que hay deseos de llegar al meollo del asunto "no es suficiente" y pide que se revisen a fondo las relaciones entre los partidos, sindicatos y patronales con las grandes empresas y entidades financieras. Eso sí, no sugiere, siquiera, que se revisen los acuerdos con algunos grupos de comunicación, como por ejemplo Prisa, a quien aplazó deuda y refinanció cuando la propia entidad atravesaba su peor momento.
Y es que a Prisa siguen sin salirle las cuentas. Sus acciones continúan desplomadas. Tanto que para comprar un ejemplar del periódico (1,30 euros), harían falta varios títulos de la compañía (PRISA A se paga a 17 céntimos cada acción y Prisa CONV.B 37 céntimos).
Sin embargo el Grupo hace grandes anuncios, como la nueva edición digital en catalán y, según comentan fuentes cercanas al periódico, el presidente del grupo, Juan Luis Cebrián, sigue cobrando sus elevados emolumentos: más de 10 millones de euros anuales.
En esta situación, y arrastrando una deuda de más de 3.000 millones de euros, Prisa ha acudido a constantes refinanciaciones de la deuda. Una de las últimas, a fondos llamados "buitre" -la mayoría radicados en Luxemburgo- para lograr un aplazamiento de los vencimientos de su deuda y una línea de liquidez de 359 millones de euros, según contaba el Economista.
En 2012 no dudó en acudir a Bankia -cuando la antigua caja rozaba los 23.000 millones de agujero patrimonial- para pedir generosidad. La entidad no se la negó y, tal y como publicó El Confidencial, en el Consejo de Administración del 10 de octubre de 2011 la entidad accedió a extender los vencimientos del grupo por importe de 400 millones hasta 2014 y 2015.
En estas operaciones en las que Prisa ha seguido dándole patadas adelante a su deuda y sus números rojos, también ha sido cómplice el Gobierno. Es vox pópuli que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha sido clave en la negociación que ha permitido a Prisa refinanciar una vez más su gigantesca deuda. La amistad de Juan Luis Cebrián con la vicepresidenta parece que fue clave en la operación. De hecho, el giro de El País en los últimos meses para congraciarse con el Gobierno ha sido evidente. Tras la salida de Pedro J. Ramírez de El Mundo, y la llegada de Màrius Carol a La Vanguardia, en apenas dos semanas el Gobierno vio como cambian los directores de las cabeceras tres de los diarios más importantes del país.
Con estos antecedentes resulta llamativo el editorial de este viernes en El País. Lo dedica el diario de Prisa al caso de las tarjetas "black" en Caja Madrid y dice que "es crucial descubrir quién aprobó y organizó el sistema de tarjetas negras en Caja Madrid. El título del editorial es "Hasta el último euro".
Considera El País que la pieza separada abierta por el juez Andreu para imputar a Blesa, Rato y Barcoj, así como las investigaciones anunciadas por PP, PSOE e IU unida a las 15 dimisiones de altos cargos, indican que hay voluntad por averiguar a fondo hasta donde llega el caso. Pero no le parece suficiente: "Es el momento de revisar a fondo las relaciones entre los partidos, sindicatos y patronales con las grandes empresas y entidades financieras", dice el editorial de El País. Y sigue: "La fase de las disculpas pueriles por el uso de las tarjetas negras debe quedar atrás. Es difícil aceptar que un consejero que ha sido secretario de Estado de Hacienda desconzca las implicaciones fiscales de unos ingresos que no requieren justificación documental". Eso sí, para el editorialista de El País no es difícil de aceptar que en esa misma caja con un agujero patrimonial de 23.000 millones, en pleno proceso de salvamento público y de transformación en banco con la absorción de pequeñas cajas también quebradas extendiera los vencimientos de Prisa por 400 millones.
Por todo ello, dice El País, "los contribuyentes esperan que los implicados devuelvan hasta el último euro de los ingresos negros mal extraídos de Bankia y hagan frente a sus responsabilidades fiscales, civiles o penales. De las instituciones públicas esperan una conducta profesional ejemplar para castigar cualquier delito que pueda demostrarse".