La Junta de Andalucía que gobiernan PSOE e IU y que preside Susana Díaz ha permitido que ex altos cargos de la Junta imputados en el sumario de los ERE fraudulentos tengan libre acceso a documentación reservada, incluso anterior a 2005, sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para sustentar su estrategia de defensa en los tribunales y, de paso, liberar al expresidente de la Junta José Antonio Griñán de su responsabilidad en el caso.
El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha calificado de "pillaje" de documentos lo que ha ocurrido, según él, para convertirlo en chivo expiatorio de todo lo ocurrido en el caso de los ERE.
Lo del año 2005 tiene gran interés porque fue la propia Junta de Andalucía la que, recuerda ABC, certificó en el juzgado que toda la documentación anterior a 2005 había sido destruida. Ahora el Juzgado de la juez Alaya deberá preguntar por qué se le ha dicho que los documentos fueron destruidos cuando es evidente que hay ex altos cargos que los usan en su defensa.
Consideradas ya las famosas transferencias de financiación como el arma fraudulenta por excelencia del caso ERE, el problema de su "paternidad" se convierte en decisivo. Mientras la juez Alaya señala a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los exconsejeros y ex altos cargos como los responsables de haber puesto en marcha el mecanismo que amparó el gigantesco fraude, los ex altos cargos pretenden ahora, tras haber insistido en que el procedimiento era legal, señalar al exinterventor, como el "arquitecto" de la estrategia fraudulenta de uso del dinero de las ayudas a trabajadores y empresas en el caso.
Según el ex interventor general, es una "delirante teoría" que hace responsable de los Presupuestos, no a la Consejería de Hacienda ni a los directores de Presupuestos, sino a la Intervención General.
Manuel Gómez, imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE fraudulentos, ha denunciado, subraya el grupo Joly, el "pillaje" y "saqueo" de los fondos documentales oficiales de la Junta para favorecer la versión del fraude que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán ofreció en la comisión parlamentaria de investigación derivando la responsabilidad de lo ocurrido a la Intervención General de la Junta.
El pasado 10 de julio Gomez envió un escrito a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, solicitando la apertura de una "información reservada" con el fin de determinar si ese "saqueo" de los fondos documentales constituye una infracción disciplinario o penal por parte de los autores y a partir de ahí "actuar en consecuencia con el resultado" de esa investigación.
Manuel Gómez alertaba a la consejera de Hacienda, que podría ser cómplice del "pillaje" si hubiera permitido la operación para la coordinación exquisita de varios ex altos cargos imputados en la causa.
Anatomía del saqueo
El 30 de julio de 2013 el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera -también imputado en la causa de los ERE- remitió un correo electrónico a otros imputados donde afirma que el proyecto de Presupuesto de la Junta y los expedientes de modificaciones presupuestarias no son un cometido de la dirección general de Presupuestos sino de la Intervención General. Lo relevante, además de la coordinación que muestra con otros imputados, es que acompañaba adjuntos documentos de la consejería de los últimos 14 años
Es más, Buenaventura Aguilera afirmaba que le estaban "escaneando" las solicitudes realizadas desde la Consejería a la Intervención de propuestas normativas para la ley del Presupuesto de cada año, una información de la que este imputado deduce que "toda la arquitectura de transferencias de financiación la propone la Intervención", con el argumento de que es un instrumento que permite "controlar mejor la financiación de los entes instrumentales que las subvenciones nominativas".
Como consecuencia, se ha detectado que la defensa de Aguilera y Antonio Lozano, otro ex director general de Presupuestos de la Junta, han utilizado documentos de los archivos de la Dirección General, donde ya no tienen mando.
No se sabe todavía por orden de quien, los ex altos cargos, han obtenido copia escaneada de todas las comunicaciones remitidas por la Intervención General a la Viceconsejería entre los años 2004 y 2010.
Curiosamente, el ex director general de Presupuestos que envía los correos mencionados, Buenventura Aguilera, tras su dimisión, sigue siendo funcionario en la Consejería de Hacienda Aguilera, y es señalado por el ex interventor de tener oportunidad y tiempo para dedicarse a "hurgar en los legajos de la Consejería de Hacienda, en búsqueda de documentos" con los que sostener su exculpación y, de paso, culpar a la Intervención de la Junta de Andalucía y a su titular entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, del fraude de los ERE.
Los documentos "pillados"
Son comunicaciones remitidas por la Intervención General de la Junta de Andalucía a la Viceconsejería de Hacienda entre los años 2004 y 2010 y otros archivos adicionales. De hecho han sido los siguientes:
- Copias de todas las comunicaciones remitidas por la Intervención de la Junta a la Viceconsejería de Hacienda entre 2004 y 2010.
- Copias de los reparos de la Intervención Delegada en la Consejería de Agricultura obtenido de la Dirección General de Presupuestos.
- Copias de las modificaciones de los presupuestos de varios ejercicios que tienen informe favorable de la Intervención General de la Junta.
- Copias de papeles de modificación de las transferencias de financiación con informe favorable del interventor, entonces Manuel Gómez.
Chaves y Griñán también
En un encuentro sostenido en la sede del PSOE andaluz, los expresidentes Chaves y Griñán y un puñado de exconsejeros, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Mar Moreno y Antonio Ávila (todos ellos de Jaén, como el conseguidor Juan Lanzas), se reunieron con el portavoz parlamentario del PSOE de Andalucía, Mario Jimenez. Según El Mundo, en la reunión participaron dos abogados y algunos implicados más.
Al parecer, el objetivo de la reunión era analizar si era posible y deseable la coordinación de las defensas y el análisis de la situación desde un punto de vista jurídico y legal. Además, está el pago del coste de las defensas, que aún no ha sido asumido por el PSOE andaluz.
Según el mismo diario, Chaves y Griñán cuentan con el apoyo explícito de Susana Díaz y Pedro Sánchez, pero se tienen dudas sobre si este apoyo llegará a todos los imputados.